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delito – Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Etiqueta: delito

Fondo de apoyo a víctimas del delito propone Ricardo Mejía Berdeja

*Que sea una glosa del informe más eficiente que la del año pasado.

Chilpancingo, Guerrero a 26 de octubre de 2017.- No seremos omisos con el tema de la atención a víctimas directas e indirectas del delito recriminó Ricardo Mejía Berdeja “no solo son los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, son miles los que día a día se suman a la estadística” por lo que pidió que se le dé seguimiento a las inconformidades de los afectados y pidió claridad en las posturas políticas al momento de decidir apoyar o no a este sector.

Que el Ejecutivo celebre el convenio con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del país para que haya un recurso para operar el fondo de apoyo a víctimas “la situación es verdaderamente dramática y parece no tener fin” argumentó Mejía Berdeja.

Relató que durante la reunión de trabajo sostenida el día de ayer en una de las salas legislativas con integrantes de colectivos de víctimas de desaparición forzada y desplazamiento forzoso de Chilapa, Acapulco, Iguala, Ayutla y Chilpancingo. Durante la mesa de trabajo se dejó claro el planteamiento de que es necesario asignarle un fondo estatal para atención a víctimas del delito a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas CEAV que encabeza Luis Camacho, presente en la reunión además de Ramón Navarrete Presidente de la CODEHUM.

“Hay presupuesto para la oficina del Comisionado estatal, pero no para las víctimas lo cual representa un incumplimiento con la Ley General de Víctimas y con la legislación local” agregó que espera la sensibilidad, tanto del Ejecutivo estatal como de los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto del Congreso local.

Por otro lado, Ricardo Mejía se mostró satisfecho por la reforma a la Ley de Bienestar Animal que se aprobó hoy por los diputados ya que dijo, logra conjuntar la visión comercial con la que el sector ganadero de la entidad propuso.

Por último respecto a la calendarización de la glosa del informe Ricardo Mejía se pronunció por un ejercicio eficaz y ágil de rendición de cuentas; recordó que el año pasado hubo secretarios que se tomaron más tiempo exponiendo sus supuestos logros que el propio Gobernador y por ello, dijo, es adecuado recortar los tiempos de intervención de los participantes para que se pueda abordar las necesidades de información de manera eficiente y que no sea el tedio y la improductividad lo que prive en las sesiones de trabajo.

Iniciativa que reforma los artículos 402, 403, 405, 406, 407, 409, 411 y 412 del Código Penal Federal en materia electoral.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 402, 403, 405, 406, 407, 409,   411 y 412 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 402, 403,  405, 406, 407, 409, 411 y 412 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor del siguiente:

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según el diccionario de la Real Academia, electoral es “todo lo que guarda relación con la elección, entendiéndose por esta la acción y efecto de elegir, palabra que deriva del latín eligiere que quiere decir escoger o preferir a una persona, objeto o idea para un fin”.

El derecho electoral es aquella rama del derecho constitucional que, confiere un alto grado de autonomía por regular los procesos a través de los cuales la sociedad como entidad colectiva constituida en electorado, procede a la unificación de los órganos del Estado, a la sustitución periódica de sus titulares, así como aquellos procesos en que el mismo electorado interviene en la función legislativa o en la definición de una cuestión crítica de política nacional por medio de diversos procesos tales como: la iniciativa, el referéndum o el plebiscito, según sea el caso.

El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; esto es, el voto es universal, se expresa en forma individual, de manera libre, secreta y directa.

Así, acciones que vulneran el ejercicio del sufragio pueden constituirse en delitos electorales.

Datos remotos de los que hoy en día se entienden como delitos electorales, hay antecedentes tanto en la cultura griega y romana. En las polis griegas, aquellas conductas que lesionaban los derechos de los ciudadanos, como votar dos veces, comprar o vender el voto, eran merecedores de castigos sumamente severos, incluso podían  ser acreedores a la pena de muerte.

Una de las funciones primigenias del derecho penal electoral, y cuya finalidad es la de preservar los valores e intereses que resguarda y ampara cada delito en particular; por lo tanto, el objeto de tutelar será el de garantizar la transparencia, la legalidad y el pleno ejercicio de la libertad para todos los que intervienen en un proceso electoral. El derecho penal electoral es la ultima ratio y a través de sus procedimientos distintos tiene como objeto que todo aquel que participe en la contienda electoral ya sean: votantes,  candidatos, funcionarios de casilla, servidores públicos y funcionarios electorales  tengan conductas que fortalezcan los procesos comiciales en cuanto a los principios y valores que deben rodear toda elección con el fin de salvaguardar, la soberanía de la nación.

Los delitos electorales son aquellas conductas que refieren y penaliza el Código Penal Federal, por lesionar o poner en riesgo la función electoral específicamente el sufragio en cualquiera de sus circunstancias ya sea esta la elección de Presidente de la República, de Diputados Federales o Estatales al Congreso de la Unión.

Sanciona aquellos actos con la característica de ilícitos, siendo estos en forma de omisión y por otro lado en forma de ejecución, sancionados y señalados previamente por la ley penal.

La finalidad del Derecho Penal Electoral es preservar, los valores e intereses que protege cada delito en particular, por lo tanto el objeto que tutela será garantizar la transparencia, legalidad y ejercicio de la libertad para todos los que intervienen en el proceso electoral.

El Delito Electoral debe entenderse como aquel acto que viola una norma electoral y quién lo lleva a cabo se hace acreedor a una sanción previamente estipulada y sancionada por la ley.

Desafortunadamente, para nuestro sistema democrático, la comisión de delitos electorales ha proliferado sin que al final, se castiguen y con ello se ponga un alto a la impunidad.

Es predecible que, si el Estado mexicano no actúa en la dirección correcta en las décadas por venir frente a los comicios electorales, este problema se agravará como ha ocurrido en otros temas. Por eso el objeto medular de las políticas de seguridad pública y procuración de justicia de esta iniciativa es amparar una permanente y constante lucha en contra de las conductas delictivas, a fin de garantizar el amplio marco de libertades conquistado a lo largo de nuestra historia por todas y todos los mexicanos.

Si bien he cierto que se han realizado transformaciones inéditas, en materia electoral, estos cambios no garantizan los requisitos que exige la gobernabilidad y buen desempeño de la jornada electoral.

Por ello creemos, que endurecer las penas, pueden contribuir a inhibir los delitos, y a tener sanciones más severas que desincentiven la realización de conductas antisociales en materia electoral. 

ARGUMENTACIÓN

El Estado de Derecho es el régimen jurídico político que se caracteriza por la plena vigencia del imperio de la Ley; concepto que se positiviza cuando las reglas que definen las acciones permitidas y prohibitivas no son decisiones arbitrarias de un individuo, sino que toma la forma de leyes que disciplinan a todos los gobernados independientemente de su poder o estatus. El imperio de la Ley es la materialización plena de los siguientes requisitos:

1) ninguna orden extralegal es obligatoria;

2) las acciones del gobierno y de sus funciones deben estar sujetas a la regulación de reglas generales y públicas;

3) el sistema legal debe cumplir con el requisito de generalidad;

5)  el sistema legal debe cumplir el requisito de regularidad;

6) el sistema legal debe ofrecer procedimientos justos y ordenados para la resolución de casos; y

7) las acciones que el imperio de la ley exige o prohíbe deben tener una forma que permita a las personas razonablemente cumplirlas o evitarlas.

Los fenómenos políticos electoraleses aquella disciplina en que el origen tiene elementos configurativos, y evolución de todas aquellas instituciones y actividades relacionadas con el ejercicio ciudadano tendientes de renovar de forma periódicamente a los titulares de algunos órganos de gobierno.

Clasificación de los delitos electorales:

A)  En función de su gravedad:

Las conductas deben ser consideradas como delitos; puesto que son sancionados por la autoridad judicial y afecta los principios consagrados por el orden jurídico.

B)  Por la conducta del agente:

Es decir delitos cometidos por un particular sean estos en específico ya sea por: ministros de culto, por funcionarios de partido o candidatos, por servidores públicos; así cómo, en materia de Registro Nacional de Ciudadanos; es admisible únicamente la conducta activa del agente.

C)  Por el resultado:

Los delitos electorales pueden incluirse en la categoría de los delitos de resultado formal, o bien, de resultado material, dependiendo de las características y los elementos del tipo específico al que se haga alusión.

En general, en Movimiento Ciudadano consideramos que los delitos Electorales pueden situarse tanto en los delitos de categoría de lesión, como de peligro; siendo el primer caso, de daño, cuando la conducta ilícita consigue alterar el proceso comicial, y su resultado; y de peligro, cuando el delito solo pone en riesgo la normalidad o eficiencia del proceso electoral.

Por ello se pone en riesgo la soberanía de la Nación, de ahí que entre los desafíos que implica revertir este déficit de gobernabilidad y transitar hacia una verdadera gobernabilidad democrática, depende en gran medida, de hacer frente y sancionar todos aquellos actos y actores que vulneran y pongan en peligro la elección y el adecuado desempeño de las funciones antes, durante y posterior a la jornada electoral.

El sistema político mexicano experimenta una redefinición de forma estructural, funcional y de cultura política, como lo podemos constatar con las diversas reformas del año de 2008, entre ellas a nuestro sistema penal, en el que se incluye el nuevo sistema oral.

Los cambios deben ser enfocados hacia la construcción de un nuevo sistema penal electoral con el ánimo de garantizar la equidad en la contienda electoral tan deteriorada hasta ahora.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 402, 403, 405, 406, 407, 409, 411 y 412 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL,  al tenor de la siguiente.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 402, 403,  405, 406, 407, 409, 411 y 412 del Código Penal Federal.

Artículo 402.- Por la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en el presente Capítulo se podrá imponer además de la pena señalada, la inhabilitación de cinco a diez años, y en su caso, la destitución del cargo.

Artículo 403.- Se impondrán de cuatrocientos a quinientos días multa y prisión de cinco a diez años, a quien:

I. – Xlll …

Artículo 405.- Se impondrá de quinientos a ochocientos días multa y prisión de diez a quince años, al funcionario electoral que:

I.- XI. …

Artículo 406.- Se impondrán de quinientos a ochocientos días multa y prisión de diez a quince años, al funcionario partidista o al candidato que:

I. – VI .  ..

Vll. Obtenga  y utilice a sabiendas y en su calidad de candidato, fondos provenientes de actividades ilícitas o recursos gubernamentales para su campaña electoral. 

Artículo 407.- Se impondrán de trescientos a seiscientos días multa y prisión de ocho a diez años, al servidor público que:

I – IV. ..

Artículo 409.- Se impondrán de trescientos a seiscientos días multa y prisión de ocho a nueve años, a quien:

I – II…

Artículo 411.- Se impondrá de trescientos a  seiscientos días multa y prisión de siete años a diez años, a quien por cualquier medioaltere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o en la expedición ilícita de credenciales para Votar.

Artículo 412.- Se impondrá prisión de nueve a diez años, al funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que, a sabiendas aproveche ilícitamente fondos, bienes oservicios en los términos de la fracción III del artículo 407 de este Código. En la comisión de este delito no habrá el beneficio de la libertad provisional.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Senado de la República, a  los  17  días del mes de Julio de 2013.

Iniciativa para tipificar la violencia familiar como delito grave

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 194 INCISO 22) RECORRIENDO LOS INCISOS CONSECUTIVOS, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL LOS ARTÍCULOS 343 BIS, 343 TER.

El proponente Diputado RICARDO MEJÍA BERDEJA, y la suscrita ZULEYMA HUIDROBRO GONZÁLEZ, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del Pleno, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 194 INCISO 22) RECORRIENDO LOS INCISOS CONSECUTIVOS, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL LOS ARTÍCULOS 343 BIS, 343 TER, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Tal y como sucede con innumerables fenómenos de trascendencia e impacto social, la violencia en contra de la mujer y de los niños había permanecido en el olvido.

Es hasta noviembre de 1985 que ingresa al temario de los organismos internacionales en el transcurso de las últimas décadas. Algo que sí debemos agradecer al entorno de la globalización en el cual nos encontramos inmersos ahora. El permanecer bajo la influencia o impacto de las discusiones internacionales y el beneficio consecuente de que se analicen e impongan resoluciones internacionales a favor de temas tradicionalmente esquivados, como son los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, el maltrato y la violencia de que son objeto permanentemente.

El problema de la violencia doméstica ingresa al temario de los organismos internacionales en el transcurso de la última década. La ONU, en su Asamblea General de noviembre de 1985, abordó el tema de la violencia en el hogar. Con ello, retomaba una Resolución del Consejo Económico y Social de la misma organización, encuadrando el punto debatido en sus actividades sobre la prevención de la criminalidad, por un lado, y en las del Decenio en favor de la mujer, cuya culminación fue la reunión de Nairobi en 1985, por otro.

El mismo año, el Comité de Ministros del Consejo de Europa adopta una Recomendación similar y paralela a la anterior, pero centrada en el ámbito europeo. En diciembre de 1986 se reúne en Viena un grupo de expertos para tratar la violencia en el hogar y sus efectos en las mujeres, del cual surge un documento que contiene recomendaciones a escala internacional, regional y nacional.

En 1986, la 230 Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, de la OEA comenzó el análisis de la violencia que afecta a la mujer, aprobando un importante plan de acción contenido en la Resolución 103/86.

En noviembre de 1987 se reúne en Estrasburgo, organizado por el Consejo de Europa, un Coloquio sobre la Violencia en el seno de la Familia, precedido por un conjunto de informes nacionales de los Estados miembros.

En 1990, la 250 Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA aprueba las Conclusiones y Recomendaciones de la Consulta Interamericana sobre Mujer y Violencia.

El fenómeno de la violencia familiar parece seguir siendo un fenómeno que se circunscribe al ámbito de lo espontáneo. Es decir, aparece ahí donde los miembros de la sociedad civil toman las decisiones de convivencia, asociación, o unión formal en un matrimonio y en las que el Estado tradicionalmente no ha mantenido una vinculación estrecha o efectiva excepto para la tipificación de un delito que queda medianamente aclarado, acentuando el carácter punitivo, más que las opciones de rehabilitación.

Son las sociedades civiles las que han debido emerger, organizarse, sistematizar sus acciones, ejercer presión como grupo para lograr retomar los espacios y las ausencias estatales y lidiar directamente con el fenómeno y las problemáticas derivadas del fenómeno.

La violencia familiar es un tema que en los últimos años ha crecido notablemente, es un problema social, multifactorial en sus causas y efectos, es por sí mismo un problema que menoscaba o anula el goce y el ejercicio de los derechos humanos de quien la padece.

La violencia familiar no es un asunto privativo de algún país o cultura, no es exclusivo de algún estrato social o económico, y por sus consecuencias a nivel individual y social, tampoco puede considerarse como un problema privado. Una forma endémica de la violencia familiar es el abuso a las mujeres por parte de su pareja.

Las manifestaciones de la violencia familiar, incluyen la violencia física, Psicológica y Sexual. En Nuevo León, el delito de violencia familiar encabeza la estadística oficial como el delito número uno en ser cometido; mayormente, el hecho recae en mujeres víctimas de agresiones a manos de su pareja.

La problemática es tan grave que se considera un “problema de salud pública”. Uno de los principales factores que agudiza la problemática es el alcoholismo, el consumo de drogas. La Violencia Familiar, es un hecho con él que se daña la integridad física o psicológica de uno o varios miembros de la familia.

Según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), con base a información proporcionada de (ENDIREH) 2011, en el ámbito familiar, La información de la encuesta revela que del total de mujeres de 15 años y más, 46.1% sufrieron algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o última relación conyugal. El porcentaje fluctúa entre 56.9% en el Estado de México y 29.8% en Chiapas.

El 42.4% de las mujeres de 15 años y más, declaró haber recibido agresiones emocionales en algún momento de su actual o última relación que afectan su salud mental y psicológica; 24.5% recibió algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de los recursos monetarios del hogar, así como cuestionamientos con respecto a la forma en que dicho ingreso se gasta.

El 13.5% de estas mujeres de 15 años y más, confesó haber sufrido algún tipo de violencia física que les provocaron daños permanentes o temporales. Los contrastes por entidad federativa son: el Estado de México con 15.5%, mientras que en Sinaloa alcanzó el 9.7 por ciento.

Las mujeres de 15 años y más, víctimas de violencia sexual cometida por sus propias parejas, representan el 7.3%; ellas declararon haber sufrido diversas formas de intimidación o dominación para tener relaciones sexuales sin su consentimiento.

La violencia hacia las mujeres, es un problema sumamente grave, y es urgente que toda mujer que sufra violencia familiar, se atreva a ser ese eslabón que rompa con esa cadena de violencia familiar, puesto que de permitirlo enseñamos a nuestros hijos que la violencia es una forma normal de vida y se repitan las mismas conductas a seguir.

La tarea no es sencilla, ya que se trata de modificar patrones culturales, políticos y sociales muy arraigados y que han mantenido al margen las necesidades de las niñas, niños y mujeres del país.

ARGUMENTACIÓN

La importancia de tipificar el delito como grave es la de contribuir a la erradicación de la violencia familiar y el fomento de nuevas relaciones de convivencia familiar fundadas en la equidad, la justicia, la tolerancia y el respeto.

El objetivo es la comprensión del fenómeno e implementar acciones como la elaboración de políticas publicas que favorezcan una vida libre de violencia para todas y todos.

Es decir, no se puede seguir permitiendo que una mujer o un niño reciban golpes o lesiones que los deje aborde de la muerte y aún así el delito de violencia familiar no sea considerado como grave y en su caso de que procediera un juicio contra el responsable por violencia familiar, siempre contará con el derecho a salir libre mediante el pago de la respectiva fianza.

Se debe dar un primer paso para endurecer y establecer el marco legal que deberá proteger y ofrecer todas las garantías para las personas que sufren de violencia familiar, además de homologar y tipificar el delito como grave en todos los estados.

De acuerdo a datos de Amnistía Internacional en los últimos años México ha realizado importantes progresos en la defensa del derecho de las mujeres a no sufrir violencia. En especial, en muchas leyes federales y estatales se han incorporado de forma gradual normas de derechos humanos. Sin embargo, sigue habiendo una necesidad urgente de salvar la distancia entre la ley y su puesta en práctica y de evaluar el impacto de las medidas para garantizar que se elaboren estrategias efectivas para abordar la violencia contra las mujeres.

Cabe recalcar que la Ley General de acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia, establece las modalidades de violencia, que son: la violencia familiar, violencia laboral y docente, violencia en la comunidad, violencia institucional y violencia feminicida y de alerta de violencia de género contra las mujeres, pero no establece ningún tipo de sanción; por lo cual urge tipificar la violencia familiar como delito grave.

En razón de ello, esta propuesta de reforma considera reformar el código penal federal para considerar a la Violencia familiar como un delito grave y a su vez armonizar la definición del tipo penal con la conceptualización contenida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.

Por otra parte, en la iniciativa se propone quitar como parte de la pena del delito de violencia familiar la pérdida del derecho a la pensión alimenticia, ya que este se encuentra regulado en otros Códigos y en muchos de los casos es utilizado para acusar al conyugue de violencia familiar con el objetivo de no darle pensión alimenticia.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 194 INCISO 22) RECORRIENDO LOS INCISOS CONSECUTIVOS, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL LOS ARTÍCULOS 343 BIS, 343 TER, al tenor de la siguiente:

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 194 inciso 22) recorriendo los incisos consecutivos del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

l. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) Homicidio por culpa grave, previsto en el artículo 60, párrafo tercero;

2) – 21)

22) Violencia familiar, previsto en los artículos 343 Bis, 343 Ter, 343 Quáter.

23) Lesiones, previsto en los artículos 291, 292 y 293, cuando se cometa en cualquiera de las circunstancias previstas en los artículos 315 y 316 Bis;

Artículo Segundo. Se reforma y adiciona el artículo 343 Bis, 343 Ter, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 343 Bis. Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos abusivos de poder, omisión intencional o conductas dirigidas a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica y sexual a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar.

A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de tres a siete años de prisión. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado.

Artículo 343 Ter. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con tres a siete años de prisión al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 9 días del mes de Enero de 2013.

Iniciativa que tipifica el delito de tortura en el Código Penal Federal

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 309 BIS Y 225 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y ABROGA LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y la suscrita, Zuleyma Huidobro González, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 6, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 309 Bis del Código Penal Federal; se deroga la fracción XII del artículo 225 del mismo código y se abroga la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura, al tenor del siguiente

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La tortura es mucho más que un tema para conversar, es una realidad creciente y preocupante en México y en otros países de América Latina. Un gran porcentaje de las violaciones a derechos humanos que se presentan en México se explica a partir de esta realidad: ante conflictos sociales provocados por las políticas gubernamentales de ajuste económico ó la falta de democracia y justicia; las autoridades han optado más por la fuerza, que por el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos, así, han recurrido al uso de las fuerzas armadas para frenar el descontento social.

Los informes que recibe Amnistía Internacional sobre tortura en México han aumentado considerablemente en los últimos cinco años de gobierno del presidente Calderón. Este incremento se ha producido a pesar de haber adoptado las autoridades mexicanas algunas medidas para reducir la tortura. Las limitaciones de esas medidas y su ineficaz aplicación ponen en duda la voluntad política existente en todos los niveles del gobierno para erradicar la constante de tortura e impunidad que se mantiene desde hace tanto tiempo en el país.

Amnistía Internacional lleva años expresando su preocupación por las denuncias de tortura y otros malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos por personal militar o por la policía a escala federal, estatal y municipal. Las denuncias son generalizadas, y los responsables disfrutan de casi total impunidad.

Resulta sumamente difícil determinar la verdadera magnitud y extensión de la tortura y otros malos tratos en México. Esta dificultad se debe en parte al endeble sistema de denuncia e investigación, que casi nunca hacen rendir cuentas a los responsables y deja a las víctimas y testigos expuestos a sufrir represalias, como consecuencia de lo cual se denuncian muchos menos casos de los que realmente se producen. Además, incluso cuando se presenta denuncia ante las autoridades, no se lleva a cabo una recogida sistemática de datos. Aunque el análisis y sistematización de datos plantean grandes dificultades en un país que es una federación, con múltiples jurisdicciones y cuerpos de seguridad, México es mucho más eficaz en esta materia que en muchos otros sectores, como la seguridad social.

No debemos dejar de lado que el bien jurídico protegido en el delito de tortura es el respeto a la dignidad, sustento de los derechos humanos, las garantías individuales y los propios tales como: el derecho a la igualdad y un trato digno, el derecho a la integridad y seguridad personal, el derecho a la legalidad y la seguridad jurídica, el derecho a la libertad, el derecho a la privacidad y el derecho a la vida. Ese bien jurídico protegido lo está tanto en la hipótesis básicas como en las dos en que se puede dar esa conducta ilícita, es decir: Para que en los ámbitos de impartición y procuración de justicia se interprete correctamente que se está ante la descripción del tipo penal de tortura y no confundirlo con lesiones, abuso de autoridad u otros, además de los elementos que le dan tipicidad que es de dos tipos, inmediata o implícita, es necesario considerar su finalidad que consiste en romper la fortaleza de la víctima e impedir su libre albedrío, lo que da lugar a solicitar el tipo de examen pericial que podría comprobarla.

La tortura tiene una finalidad inmediata y bien definida: impedir el libre albedrío y limitar la voluntad del torturado para que éste haga lo que el agresor quiere; se trata de crear en la víctima el sentimiento de inferioridad, humillación y quebranto de la moral, la fortaleza física y la emocional, sometiéndola mediante la agresión, o bien castigándola e imponiéndole una pena prohibida; es decir, degradándola como ser humano para convertirla en una cosa maleable. La finalidad mediata es la enunciada en las normas jurídicas: obtener información o una confesión, castigarla o coaccionarla para que haga o deje de hacer algo.

En México han existido casos en los que la interpretación práctica y aplicada se ha hecho a partir de la gravedad de las lesiones, y no del dolor o sufrimiento experimentado por la víctima de tortura, en gran parte de los casos de tortura documentados por los organismos públicos protectores y defensores de los derechos humanos, los certificados médicos emitidos por las procuradurías se limitan a señalar las lesiones visibles que presenta el agraviado, pero nunca hubo algún especialista en tortura, psicólogo o psiquiatra, que pudiera referir si además del dolor físico experimentado había existido sufrimiento psicológico.

Sujetos activos del delito, así como la sanción pecuniaria, nos indican la necesidad de hacer una revisión global de la tipificación de este delito y las sanciones previstas para quien incurra en el mismo; una revisión global y, quizá, la uniformidad de la tipificación del delito de tortura en el ámbito federal y local.

Cabe recalcar que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la tortura no es la única que sanciona la tortura, pues el Código Penal Federal también contempla este delito, pero bajo el título de abuso de autoridad y delitos que comentan los servidores públicos, cuando obligan a un imputado a declarar usando la incomunicación, la intimidación o la tortura, de ese modo nos encontramos bajo un vacío normativo.

El artículo 225, fracción XII, del Código Penal Federal, no establece ninguna sanción por tortura, razón por la cual se sugiere la derogación de esa fracción. En esta secuencia, se debe reformar el Código Penal Federal y tipificar el delito de tortura en el artículo 309 Bis.

ARGUMENTACIÓN

Cabe recalcar que la situación de tortura en México, es una traducción fiel de impunidad. Principalmente, esta proliferación de la tortura en México se ve alimentada por el sistema penal que se ejerce. Por lo tanto nuestro Grupo Parlamentario considera que todos los aspectos anteriores deben ser tomados en cuenta para la tipificación del delito de tortura que sea útil al sistema penal, a los análisis cualitativos, a las políticas públicas y a la compresión del fenómeno.

Bajo esta idea, en la presente iniciativa proponemos la tipificación del delito de tortura para adecuar el respectivo marco jurídico, tratando de lograr una definición que sea la más exacta posible, así como la inhabilitación definitiva de servidores públicos cuando obliguen al imputado a declarar usando la incomunicación, la intimidación o la tortura, que se impulse en la seguridad de las personas que son víctimas de tortura, en el cese de este delito de “lesa humanidad” y en la eliminación de la corrupción que impera en nuestro sistema para una mejor aplicación de la ley.

“Valentina Rosendo tenía 17 años cuando en febrero de 2002 fue violada por unos militares cerca de su casa, en la comunidad de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, estado de Guerrero. Un mes más tarde, en marzo de 2002, unos soldados violaron a Inés Fernández en su casa, en la cercana comunidad de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero. Aunque ambas mujeres denunciaron la violación, ni las autoridades militares ni las civiles llevaron a cabo jamás una investigación completa, independiente y transparente. Durante su lucha por conseguir justicia, Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como sus familias, han sido objeto de intimidaciones y amenazas. En agosto de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a México responsable de diversas violaciones de derechos humanos cometidas contra ambas mujeres, entre ellas tortura y violación, así como negación de un recurso efectivo. Hasta ahora, el gobierno sólo ha acatado parcialmente la sentencia, pues ha tomado medidas como traspasar los casos a la jurisdicción civil, pero nada indica que se haya hecho algo más para llevar ante la justicia a los militares implicados en la tortura”.1

FUNDAMENTO LEGAL

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 309 Bis del Código Penal Federal; se deroga la fracción XII del artículo 225 del mismo código, y se abroga la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 309 Bis del Código Penal Federal, y se deroga la fracción XII del artículo 225 del mismo código, se abroga la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura, para quedar como sigue:

Artículo 309 Bis. Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario o servidor público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. Se impondrán de cinco a ocho años de prisión.

I. A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de seis a doce años de prisión, e inhabilitación de cualquier cargo, empleo o comisión públicos definitiva.

II. Las penas previstas en la fracción anterior se aplicarán al servidor público que, con motivo del ejercicio de su cargo, con cualesquiera de las finalidades señaladas en el artículo 309 Bis, instigue, compela, o autorice a un tercero o se sirva de él para infligir a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos; o no evite que se inflijan dichos dolores o sufrimientos a una persona que esté bajo su custodia.

Se aplicarán las mismas penas al tercero que, con cualquier finalidad, instigado o autorizado, explícita o implícitamente, por un servidor público, inflija dolores o sufrimientos graves sean físicos o psíquicos a un detenido.

III. No se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad del delito de tortura el que se invoquen o existan situaciones excepcionales como inestabilidad política interna, urgencia en las investigaciones o cualquier otra circunstancia. Tampoco podrá invocarse como justificación la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad.

IV. En el momento en que lo solicite cualquier detenido o reo deberá ser reconocido por perito médico legista; y en caso de falta de éste, o si lo requiere además, por un facultativo de su elección. El que haga el reconocimiento queda obligado a expedir de inmediato el certificado correspondiente y en caso de apreciar que se han infligido dolores o sufrimientos, de los comprendidos en el artículo 309 Bis., deberá comunicarlo a la autoridad competente. La solicitud de reconocimiento médico puede formularla el defensor del detenido o reo, o un tercero.

V. Ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura podrá invocarse como prueba. No tendrá valor probatorio alguno la confesión rendida ante una autoridad policiaca; ni la rendida ante el Ministerio Público o autoridad judicial, sin la presencia del defensor o persona de confianza del inculpado y, en su caso, del traductor.

VI. El responsable de alguno de los delitos previstos en el artículo 309 Bis estará obligado a cubrir los gastos de asesoría legal, médicos, funerarios, de rehabilitación o de cualquier otra índole, en que hayan incurrido la víctima o sus familiares, como consecuencia del delito. Asimismo, estará obligado a reparar el daño y a indemnizar por los perjuicios causados a la víctima o a sus dependientes económicos, en los siguientes casos:

a) Pérdida de la vida;

b) Alteración física y psicológica de la salud;

c) Pérdida de la libertad;

d) Pérdida de ingresos económicos;

e) Incapacidad laboral;

f) Pérdida o el daño a la propiedad; y

g) Menoscabo de la reputación.

Para fijar los montos correspondientes, el juez tomará en cuenta la magnitud del daño causado. El Estado estará obligado a la reparación de los daños y perjuicios, en los términos de los artículos 1927 y 1928 del Código Civil.

VII. El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato, si no lo hiciere, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión, e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos.

Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:

XII. Se deroga.

Se abroga la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Informe de Amnistía Internacional, Tortura y malos tratos en México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2012.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA (rúbrica)

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