Diputado Ricardo Mejía Berdeja

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Necesario dotar de los mecanismos que permitan una real democracia participativa

Palacio Legislativo de San Lázaro
29 de diciembre de 2013
Boletín de Prensa

Necesario dotar de los mecanismos que permitan una real democracia participativa: Ricardo Mejía Berdeja

Se deberán reglamentar las candidaturas independientes en los Estados para que sean efectivas.

Los cambios de Peña Nieto con estímulos fiscales son una minucia frente a la embestida de nuevos impuestos que vendrán a partir del 2014.

Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 116 y 122 constitucionales en materia electoral, el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Diputado Federal Ricardo Mejía Berdeja señaló: “con esta reforma se reconoce a nivel constitucional este derecho de las y los ciudadanos a poder postularse como candidatos independientes en las elecciones locales, hecho que sin lugar a dudas aplaudimos pero no podemos dejar de mencionar que aún está pendiente la forma en que se reglamentará este derecho, estaremos atentos de que las Legislaturas locales no sean omisas al respecto”.
Asimismo, el también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados señaló “Movimiento Ciudadano se ha propuesto replantear la forma en que los partidos políticos tradicionales actúan, para ello pugnamos para que dejen a un lado las viejas prácticas y se conviertan en un vehículo para que la ciudadanía ejerza el poder, es decir, los partidos políticos deben estar al servicio de la sociedad. La posibilidad de las candidaturas independientes obliga a los partidos a abrirse a la sociedad civil como ya lo hace Movimiento Ciudadano”.
Por último, el legislador federal comentó “a lo largo de este año hemos presenciado una serie de reformas que lamentablemente han sido aprobadas para legitimar actos de barbarie en contra del pueblo mexicano, por ello y por diversas razones se debe abrir el sistema político-electoral para que, por un lado, la ciudadanía se sienta realmente representada en el Congreso de la Unión, en las legislaturas locales y en el poder ejecutivo en sus tres niveles de gobierno, y por el otro para que se cuente con los mecanismos efectivos de un sistema de democracia participativa, tales como el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, la revocación de mandato; entre otros, figuras que han sido negadas por el PRI y sus aliados del Pacto por México o que han sido simuladas para hacerlas inviables”.
Con relación a los estímulos fiscales decretados por el Ejecutivo Federal a días de la entrada en vigor de los nuevos impuestos aprobados en la Reforma Hacendaria, Mejía Berdeja expresó que son una minucia, algo muy menor frente a la carretada de nuevos impuestos y aumentos a los mismos que los partidos del Pacto por México aprobaron. “El Ejecutivo Federal se quiere lavar la cara de su agresión fiscal, pero la realidad es que el 2014 empezará con terrorismo fiscal, nuevos gravámenes que harán más difícil la vida de la población, además de los Gasolinazos que continuarán, la carestía y la cuesta de Enero que ahora será más prolongada”.

Iniciativa que promueve la creación del Tribunal Nacional Electoral

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 99, SE DEROGA EL INCISO L) Y SE REFORMA EL INCISO M) DE LA FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

                                                 

 Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA Y RICARDO MONREAL ÁVILA diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 99, SE DEROGA EL INCISO L) Y SE REFORMA EL INCISO M) DE LA FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

El sistema electoral ha sido parte fundamental en el proceso de transición a la democracia en nuestro país. La constante búsqueda para consolidar nuestras instituciones electorales ha tenido como consecuencia la iniciativa y realización de varias reformas en la materia, los avances democráticos construidos por los mexicanos durante la última década a partir de la elección efectiva de nuestros representantes mediante el voto, han venido a remplazar la simulación y el empleo o la necesidad de la fuerza violenta.

Por eso, hoy como nunca, las autoridades electorales y en especial los Tribunales están llamados a cumplir con su vocación natural de contener el ejercicio del poder en sus propios cauces, aunado a esto es necesario determinar la capacidad que tienen los tribunales federales en materia electoral para dirimir las controversias que se susciten por los procesos electorales.

Debemos tener en consideración que las autoridades electorales son aquellas que proporcionan certeza a los ciudadanos respecto de la limpieza de los procesos de elección y las posibles impugnaciones que pudieran surgir.

En la actualidad existen 32 Tribunales electorales locales y uno federal que evalúan los procesos electorales de las entidades federativas y de la federación, la existencia de dichos tribunales corresponde al reconocimiento y existencia de institutos electorales locales y uno federal, asignándose a dichos institutos distintas áreas de competencia para la aplicación de las leyes electorales existentes.

En ese sentido, se ha generado una disparidad de criterios de los Tribunales Locales, ya que han estado sujetos a las consignas e intereses políticos de los Ejecutivos Locales y los grupos de poder, constituyéndose en una instancia jurisdiccional que no abona a la justicia electoral, ni a un sistema de medios de impugnación democrático.

La falta de certeza respecto a la resolución de las impugnaciones en materia electoral ha generado un ambiente de desconfianza en las autoridades electorales locales que ha mermado la participación de los ciudadanos en los procesos electorales.

Al año 2010, la confianza en la democracia por parte de los ciudadanos mexicanos apenas alcanzaba un 27% de la población, lo cual es un reflejo de la falta de probidad de las autoridades electorales, que han generado un ambiente en que los votantes no perciben un ejercicio de elección de su parte, por el contrario, persiste un desanimo en cuanto al sistema político empleado.

A la par de lo anterior, se enfatiza que tanto los institutos electorales locales y los tribunales electorales no cuentan con los candados suficientes que garanticen su conformación imparcial, lo que ha generado que en muchas entidades de nuestro país las autoridades electorales se encuentren mermadas y sujetas a la voluntad de los gobiernos, restringiendo su  autonomía de decisión.

Lo que ha generado que los órganos e instituciones electorales no cuenten con los elementos suficientes para un ejercicio de facultades en favor del fortalecimiento de la democracia. Constituyendose en instancias onerosas que dilatan el ejercicio de la impartición de justicia electoral de manera eficaz y cuyo único objeto es agotar el procedimiento.

Por otro lado, el replicar la estructura electoral en los Estados ha tenido como consecuencia que el costo de la democracia en México es muy elevado, siendo que de 2004 a 2012, se gastó 70 mil 14 millones de pesos en el conjunto de la entidades federativas.

Gran parte de este gasto excesivo de la democracia en México se encuentra asignado a los múltiples Tribunales Electorales existentes, sin que la labor que realizan haya tenido un impacto positivo en la confianza de los ciudadanos.

Por lo anterior, en concordancia con la iniciativa presentada el 8 de mayo de 2013, en donde se propone crear un Instituto Nacional Electoral, por medio de esta iniciativa se promueve la creación del Tribunal Nacional Electoral para que con ello se unifiquen criterios de resolución y la democracia en México tenga un costo menor al actual, propiciando el aumento de la confianza de los electores.

Al establecer al Tribunal Nacional Electoral, como único encargado de resolver los conflictos jurisdiccionales de la materia se garantiza la justicia pronta y expedita, aunado a una sensible disminución de los costos para la impartición de justicia electoral que resultarían muy por debajo de los actuales.

Asimismo, al contar con un Tribunal Nacional Electoral, contribuirá a una mayor eficiencia en la impartición de justicia, al contar con los mismos criterios jurídicos para juzgar sobre las posibles violaciones a la justicia electoral y a los derechos político electorales, actuando las Salas Estatales de este Tribunal como una primera instancia eliminando el problema de las competencias entre el nivel federal y estatal.

Una sola autoridad electoral jurisdiccional que resuelva las controversias de participación ciudadana favorecería sin duda la actividad electoral administrativa con una aplicación homogénea de criterios y disposiciones legales. Engendrado, además, en el sentir de los mexicanos la plena conciencia de la independencia en la impartición de justicia, alejando de plano el sentimiento de injerencia de los gobiernos locales sobre las autoridades que ellos mismos nombran.

La elección de un sistema electoral es una de las decisiones institucionales más importantes para cualquier democracia, una iniciativa de reforma constitucional que enfatiza los principios de objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia de los juzgadores federales en esta materia, considerando que en la medida de aquellas condiciones y características personales derivadas de esos principios, recaigan en los jueces y magistrados electorales encargados de la función jurisdiccional electoral, estará garantizada una mejor impartición de justicia.

 

ARGUMENTACIÓN

Desde el año 1977 a la fecha el sistema electoral ha tenido constantes reformas, las reformas constitucionales y legales de 1996 en materia electoral transformaron el panorama de la justicia electoral en México.

Estamos en una etapa en la que se necesita urgentemente una reforma que favorezca y fortalezca las instituciones electorales, en específico del órgano encargado de sancionar las controversias suscitadas en las elecciones de todo el territorio nacional a efecto de que sea la única autoridad jurisdiccional en la materia, a fin de evitar mayor detrimento económico, reducir trámites burocráticos, ahorro de tiempo, puesto que al reducir instancias se simplificaría el procedimiento de impugnación, claro está, sin vulnerar los derechos políticos electorales de los individuos y favoreciendo que se garantice la justicia pronta y expedita.

Las atribuciones exclusivas que ya detenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como lo son  los casos de resolver, en forma definitiva e inatacable, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley, las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades electorales federales y de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios, o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones, resultaría competencia exclusiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al desaparecer los tribunales electorales locales.

 FUNDAMENTO LEGAL

 La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 99, SE DEROGA EL INCISO L) Y SE REFORMA EL INCISO M) DE LA FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOSal tenor de la siguiente:

Artículo único: Se reforma el artículo 99, se deroga el inciso l) y se reforma el inciso m) de la fracción IV, del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

 

Artículo 99 El Tribunal Nacional Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

(…)

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior, salas regionales y salas estatales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

Del I al III…

IV.          Las impugnaciones de actos o resoluciones de la autoridad electoral nacional, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones en las entidades federativas. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

De la V a la VI …

 VII. Los conflictos o diferencias laborales entre la autoridad administrativa electoral y sus servidores;

 De la VIII a la IX …

 

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior, regionales y estatales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.

Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales y estatales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores.

 

 Artículo 116.

El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

De la I a la III …

IV.          Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

Del a)        al k)

l)    Derogado.

m)     Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos.

n) ...

Del la V a la VII…

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor  al día siguiente al de su publicación.

 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá emitir las adecuaciones necesarias al marco normativo para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto a más tardar en ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

 

TERCERO. En tanto no se adecue el marco normativo en términos del segundo transitorio y se concluya con el trámite de los asuntos que hayan sido previamente presentados, continuarán en sus funciones conforme a la legislación vigente a la entrada en vigor del presente Decreto los Tribunales Electorales Locales.

 

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la emisión de este Decreto, continuarán su trámite ante estos órganos correspondientes en términos de la legislación aplicable al momento de su inicio.

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

 

 

 

Dado en el Senado de la República, a los  7 días del mes de agosto de 2013.

 

 DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

Acuerdo para exhortar al TSJDF a dar las garantías para que el caso del documental “Presunto Culpable” se resuelva de manera objetiva.

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A DAR LAS GARANTÍAS PARA QUE EL CASO DEL DOCUMENTAL “PRESUNTO CULPABLE”  SE RESUELVA DE MANERA OBJETIVA, IMPARCIAL Y CON APEGO AL DERECHO. 

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, cada vez es más común exponer o denunciar un caso de injusticia, impunidad o arbitrariedad por medio de la realización de documentales que, al provocar la indignación y despertar el morbo entre la sociedad, llegan a un gran número de personas generando así una forma de denuncia efectiva.

Tal es el caso del documental Presunto Culpable el cual fue exhibido a nivel nacional en 2011 y que vislumbraba la falla estructural que el sistema de justicia mexicano presenta, al dar a conocer el caso del joven José Antonio Zúñiga, quien fuera acusado de un homicidio que no cometió, siendo víctima de la red de corrupción y opacidad con la que las instituciones encargadas de aplicar la justicia operan en el país.

Ante tal situación, los abogados y cineastas Roberto Hernández, Layda Negrete y un grupo de colaboradores, se hicieron cargo del caso y documentaron en Presunto Culpable todo el proceso plagado de irregularidades que, finalmente, desembocó en la liberación de Zúñiga.

Sin embargo, a dos semanas del estreno del largometraje, comenzaría el largo proceso de censura, que el grupo de realizadores ha enfrentado por más de dos años, debido a que Blanca Lobo Domínguez, jueza decimosegunda de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, ordenó la suspensión provisional de exhibición, distribución y promoción, porque Víctor Reyes Bravo, uno de los testigos que había participado en el caso presentó un juicio de amparo, alegando que se utilizó su imagen sin consentimiento; de manera oportuna se dio un revés a este fallo, por lo que Presunto Culpable siguió exhibiéndose.

A estos hechos, en mayo de este año, se dio a conocer, a raíz de un nuevo demandante, que el documental cuenta con casi veinte demandas las cuales suman tres mil millones de pesos; la última de ellas presentada por Manuel Ortega Saavedra, ex comandante de la Policía Judicial, quien exige 600 millones de pesos porque utilizaron su imagen sin autorización.

Paradójicamente, Presunto Culpable ha sido merecedor de varios premios importantes a nivel internacional, como el Premio de Amnistía Internacional en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2009, o el Premio del Público en el Festival de Cine de Derechos Humanos de Varsovia 2010; pero en México se ha buscado a toda costa evitar su exhibición y reproducción por todas las vías posibles.

De esta manera, en días pasados, se llevó a cabo en el juzgado civil del Distrito Federal, una audiencia para desahogo de pruebas, en la que María del Rosario Mancera Pérez, jueza civil a cargo, quien con anterioridad ya había realizado comentarios negativos frente al caso y con base en lo estipulado en el artículo 59 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito, negó el acceso a los medios de comunicación e incluso rechazó la solicitud de grabar la audiencia por parte de Roberto Hernández y Layda Negrete, bajo el argumento que “el TSJDF manifiesta su rechazo a las acciones de ejercer presiones o amenazas contra el ejercicio de las responsabilidades de este Tribunal”; asimismo, Mancera Pérez, solicitó a los productores dePresunto Culpable, no realizar declaración alguna sobre el proceso demostrando el ambiente de secretismo y censura con la que se ha manejado el proceso; por lo que resulta evidente que no se tienen las condiciones para contar con un juicio justo e imparcial acorde a los estándares en la materia, exhibiendo –de nueva cuenta- la forma en la que el sistema de justicia penal en México realiza su labor; y en lugar de demostrar que lo exhibido en el documental se está tratando de cambiar, se confirma, de manera lamentable, la forma en que el sistema mexicano opera.

Resulta necesario que quienes, en su valiente búsqueda por exhibir casos como éste, no sean perseguidos y sufran de falsos señalamientos, situaciones de acoso, censura e incluso pongan en riesgo su integridad física y la de sus familiares; y tampoco se puede permitir que este tipo de actos sean violentados por el propio sistema como un acto de censura y represión en contra de las personas involucradas.

Es por ello que, atendiendo a la necesidad de garantizar el respeto irrestricto de derechos humanos como el de la libertad de expresión y el ejercicio que ésta conlleva, a la par de contar con las condiciones para que la justicia en este país se lleve a cabo de manera transparente y acorde a la ley, dejando de ser una justicia selectiva.

Además, dada la naturaleza del caso, consideramos pertinente solicitar al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se vigile la actuación de la jueza encargada del mismo, pues ello resulta de suma importancia en relación al Sistema de Justicia en el Distrito Federal, lo que abonará en generar mayor confianza a la ciudadanía en el sistema de justicia, dados los antecedentes en esta materia. Es por lo expuesto y fundado que presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

 ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónexhorta al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a que de seguimiento al desarrollo del caso sobre el documental “Presunto Culpable” en el juzgado civil número 17, del Distrito Federal a fin de respetar el derecho humano y constitucional a la libertad de expresión y dar las garantías para que el caso se resuelva de manera objetiva, imparcial y con apego a la ley.

Dado en el Senado de la República a los 17 días del mes de julio de 2013.

 

PDA de Ricardo Mejía que exhorta a SEGOB para que implemente mecanismos para la protección de personas defensoras de DDHH

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A INTEGRAR EL COMITÉ TÉCNICO QUE IMPLEMENTE Y OPERE EL MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS YPERIODISTAS CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y A EJERCER EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS CONFORME A LO PROGRAMADO PARAEL AÑO FISCAL 2013.

Ricardo Mejía Berdeja Ricardo Monreal Ávila, diputadosintegrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79,numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante laComisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanosde la Secretaría de Gobernación (SEGOB) cuenta con la Unidad para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos (UPDDH), la cual tiene como misión “Coordinar la promoción y defensa de los derechos humanos en la Administración Pública Federal, a fin de generar la política nacional de derechos humanos; y servir de enlace con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las demás instituciones y organizaciones nacionales e internacionales en la materia.”

De esta manera, sus atribuciones se encuentran establecidas en el Artículo 21 del Reglamento Interior de la SEGOB, que versa lo siguiente:

I. Promover, coordinar, orientar y dar seguimiento a los trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

II. Auxiliar al Secretario en la coordinación de los esfuerzos que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal emprendan para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

III. Constituir, llevar y mantener actualizado el registro de las recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emita a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

IV. En el ámbito de competencia de la Secretaría de Gobernación, actuar como instancia de apoyo en la promoción de los derechos humanos con los organismos locales competentes;

V. Fungir como vínculo entre la Secretaría de Gobernación y las organizaciones civiles dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, así como atender y, en su caso, remitir a las instancias competentes, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, las peticiones que éstas le formulen;

VI. Someter a consideración del superior jerárquico la forma en que serán atendidas las recomendaciones dictadas por organismos internacionales en materia de derechos humanos cuya competencia, procedimientos y resoluciones sean reconocidos por el Estado Mexicano;

VII. En el ámbito de competencia de la Secretaría de Gobernación, coadyuvar con los órganos e instancias dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos; VIII. Dar trámite administrativo a las medidas que procuren el pleno respeto y cumplimiento, por parte de las autoridades de la Administración Pública Federal, de las disposiciones jurídicas que se refieren a las garantías individuales y a los derechos humanos, y coordinar la atención de las solicitudes de medidas precautorias o cautelares necesarias para prevenir la violación de derechos humanos, así como instrumentar dichas medidas, siempre que no sean de la competencia de alguna otra dependencia de la Administración Pública Federal;

IX. Formar parte del Comité Jurídico Interno de la Secretaría;

X. Fungir como la Coordinación Ejecutiva Nacional a que se refiere la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de instancias equivalentes en término de las leyes en materia de promoción y protección de derechos humanos;

XI. Identificar y compilar en el ámbito de competencia de la Secretaría, los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que asuma el Estado Mexicano, así como promover y coadyuvar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento a éstos;

XII. Dictar, en el ámbito de competencia de la Secretaría y previo acuerdo con el Subsecretario, las medidas administrativas que sean necesarias para que las autoridades federales, en el ámbito de sus respectivas competencias, procuren el cumplimiento de los preceptos constitucionales, especialmente en lo que se refiere a derechos humanos y a las garantías para su protección;

XIII. Establecer, dar seguimiento, implementar y coordinar en el ámbito de competencia de la Secretaría de Gobernación, el cumplimiento a las obligaciones que le impongan las leyes en materia de promoción yprotección de derechos humanos, en especial de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y

XIV. Las demás que determine el Secretario, dentro de la esfera de sus facultades y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Ante ello, y en el entendido de poder dar solvencia a sus diversas funciones, en 2006, le fueron asignados a la UPDDH, 24 millones de pesos; en 2007, 16mdp; en 2008, 20mdp; en 2009, 50mdp; en 2010, 28mdp; en 2011, 101mdp; mientras que en 2012, fueron 97mdp. Sin duda, el incremento de presupuesto ha sido sustancial, pero lo debe ser así mismo su funcionalidad y efectividad.

Por lo que resulta importante que para el ejercicio de 2013, se haya registrado un incremento de 123 por ciento, contando así con un presupuesto de 217 millones de pesos, esto debido a que a la Unidad le fueron asignados, entre otros recursos, dos fondos, uno de ellos en relación con el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, (127.5 millones de pesos) y el Fondo de Derechos Humanos, (53 millones de pesos).

Información del Periódico Reforma, indica que “hasta junio pasado, únicamente se habían erogado 5 millones 854 mil 445 pesos de la cantidad total.” Y en el caso de los dos fideicomisos, estos siguen intactos debido a que los comités técnicos no se han constituido, por lo que no existen las reglas de operación necesarias a más de seis meses de entrada la actual administración federal.

Cabe destacar que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuenta con casi nueve meses de retraso, ya que en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas estableció que debía ser creado cuatro meses después de su publicación, es decir en octubre de 2012.

De esta forma, en el pasado mes de junio cerca de noventa organizaciones e incluso Aministía Internacional, hicieron un llamado “para asegurar la eficacia del mecanismo y respaldar la labor de las personas defensoras de derechos humanosy periodistas“.

Lamentablemente, las referencias negativas sobre la UPDDH, y en sí sobre la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanosde SEGOB,se remontan a la administración pasada; debido al poco compromiso y resultados efectivos para cumplir en lo establecido a nivel constitucional y en los tratados internacionales, sobre todo después de la Reforma en materia de Derechos Humanos de 2011.

Asimismo y en el entendido de la emergencia nacional que se vive a raíz del incremento de la violencia e inseguridad, hacemos un llamado para que las dependencias que conforman la Administración Pública Federal ejerzan, dentro de cada ámbito de sus competencias, diferentes acciones encaminadas a promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de las personas. En dicho tenor, presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con,

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a integrar el Comité Técnico que implemente y opere el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanosy Periodistas con base en lo establecido en la Ley.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a ejercer el presupuesto asignado a la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos conforme a lo programado parael año fiscal 2013.

Dado en el Senado de la República a los10días del mes de julio de 2013.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la PGR aplique las medidas necesarias a fin de garantizar que los servidores públicos de la FEPADE, se conduzcan bajo los principios de honestidad, legalidad e imparcialidad de manera eficaz en la atención y persecución de los delitos electorales

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA APLIQUE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE GARANTIZAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES (FEPADE), SE CONDUZCAN BAJO LOS PRINCIPIOS DE HONESTIDAD, LEGALIDAD E IMPARCIALIDAD DE MANERA EFICAZ  Y EFICIENTE EN LA ATENCIÓN DE LOS DELITOS ELECTORALES.

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

El sistema político mexicano ha transitado de un régimen político históricamente hegemónico a un pluralismo partidista que no ha logrado consolidarse. Los intentos de restauración  autoritaria del viejo régimen siguen en marcha en detrimento de nuestra inacabada democracia.

 

 

Sin embargo en nuestra democracia aún en ciernes, se visualiza que  en los últimos años los procesos electorales han estado plagados de irregularidades que derivan en graves problemas de legitimidad, legalidad e ingobernabilidad que hacen imposible garantizar los derechos de los ciudadanos y desestabilizan la vida social, política y económica de nuestro país.

 

 

Contar con el personal capacitado, los instrumentos e instancias que permitan establecer y garantizar una cultura de legalidad e imparcialidad abonará a construir y consolidar un régimen político democrático, capaz de aminorar la desigualdad e inequidad en los procesos electorales que se celebran en este año.

 

 

El andamiaje de instituciones electorales que incluyen a las instancias encargadas de la organización del proceso electoral, las instancias judiciales para garantizar la justicia electoral y los derechos político electorales de la ciudadanía, así como las fiscalías para procurar justicia en casos de delitos electorales son las encargadas de dirigir su actuar bajo los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad de la función electoral.

 

Siendo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) la encargada de garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales, en los casos que resultan de su competencia con el fin de garantizar la legalidad, equidad y transparencia de los procesos electorales; es menester dotarla de los recursos que  le permitan consumar su actuar bajos los principios antes descritos.

 

La Fiscalía debe actuar de manera imparcial ante la atención de delitos electorales, sancionando y persiguiendo no importando la investidura de quien o quienes hayan cometido  algún delito en materia electoral, sin embargo la autoridad electoral es totalmente omisa al respecto del cauce y resolución ya que es de destacar que dicha fiscalía recibe denuncias, pero sólo inicia averiguaciones previas en  1.43% de los casos  y a penas el 0.2% de las denuncias registra detenciones.

 

Por lo tanto dichas conductas además de conculcar el principio de equidad, provocaron lesión a los principios de certeza y equidad propios de la función y ejercicio electoral, afectando la imparcialidad y ética que debe estar presente en las próximas elecciones.

 

De tal modo las autoridades deben dar certeza y demostrar que en el ámbito de su proceder cuentan con servidores públicos regidos por principios  éticos e imparciales, que son vistos dependiendo de su actuar como  agentes  generadores de confianza  ó como  punto de ignición para desatar un clima de inseguridad, inestabilidad y  frustración para la ciudadanía; llegando a extremos en los que la sociedad en general podría castigar por propia mano los delitos que no se atiendan de manera correcta por las autoridades competentes.

 

Es de hacer notar que ante la fuerte actividad por los comicios  electorales habrán de  celebrarse en este año, como en los casos de los estados de: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, que representan casi la mitad del país y que acudirán de nueva cuenta a las urnas para elegir, el próximo 7 de julio, diversos cargos de elección popular; es que surge la imperiosa necesidad de contar con servidores públicos honestos capaces de perseguir y sancionar los delitos electorales y con ello erradicar la ola de violencia que azota a nuestro país.

 

 

 

Es responsabilidad de esta soberanía velar por el correcto funcionamiento de las instituciones, y en ese sentido estar atentos a que cumplan con las atribuciones que le han sido conferidas.

 

En razón de lo antes expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición

 

PUNTO DE ACUERDO

 

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta Exhorta a la Procuraduría General de la República aplique las medidas necesarias para que los servidores públicos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), se conduzcan bajo los principios de honestidad, legalidad e imparcialidad de manera eficaz  y eficiente en la atención y persecución de los delitos electorales.

 

 

Dado en el Senado de la República a los 25 días del mes de junio de 2013.