Diputado Ricardo Mejía Berdeja

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Descalificar a víctimas por autoridades, abono para la impunidad señala Ricardo Mejía Berdeja

*Debe emitirse ya la alerta de género para Guerrero.

Acapulco, Guerrero a 14 de mayo de 2017.- La violencia feminicida sigue afectando al país, pero en particular a Guerrero afirmó el Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Guerrero, Ricardo Mejía Berdeja.

Durante su intervención en tribuna, se refirió a la causa impulsada desde redes sociales bajo el título de #SiMeMatan en donde hombre y mujeres de cientos de ciudades se unieron al reclamo por el asesinato de Lesvy Berlín quien fuera hallada muerta en las inmediaciones de Ciudad Universitaria en la CDMX y cuyo caso fue revictimizado por la autoridad investigadora con diversas versiones publicando a través de tuits una serie de descalificativos.

“Esta actitud abona a la impunidad y traslada a las victimas la responsabilidad de los hechos que sufren, es totalmente aberrante”.

Ricardo Mejía Berdeja también señaló la importancia de decretar la alerta de violencia de género en Guerrero y expuso que, según los datos publicados en el Informe de homicidios dolosos de mujeres del estado de Guerrero 2005-2015, del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres Hannah Arendt (Ovicom), en ese periodo se identificaron los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Atoyac, Iguala, Chilapa, Tlapa y Ometepec como aquellos en los que han ocurrido mil 286 asesinatos de mujeres, y Acapulco concentra el 39.4 por ciento del total que son mil 449 asesinatos dolosos de mujeres.

A partir de 2011 el municipio de Acapulco aportó por primera vez el 51.3 por ciento del total de las mujeres asesinadas en la entidad, en 2012 Acapulco se ratificó como el mayor aportador de mujeres asesinadas equivalente al 56.9 por ciento y en 2013 las cifras de mujeres asesinadas aumentaron 66.9 por ciento´, detalla el informe respecto al puerto.

“Es necesario que se activen todos los recursos y mecanismos disponibles para salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres en Guerrero, en particular para los ocho municipios susceptibles de ser objeto de la Alerta de Violencia de Género” sostuvo el legislador.

Ante Materialistas, que la extorsión contemple prisión durante el proceso: Ricardo Mejía Berdeja

*Que el feminicidio se investigue de acuerdo a protocolos internacionales propuso. 

Chilpancingo, Guerrero a 23 de marzo de 2017.- A favor fue votada la propuesta de exhorto al Congreso de la Unión para que el delito de extorsión sea incorporado al catálogo de delitos del Código Nacional Penal que ameritan prisión preventiva de manera oficiosa presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; que se reforme el artículo 19 de la Constitución Federal y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales pidió.

“El delito de extorsión es el de mayor incidencia en Guerrero y el segundo en el país” por ello, con fecha del 11 de octubre del año pasado, los Diputados Ciudadanos presentaron una iniciativa con proyecto de decreto que busca precisamente que la prisión preventiva sea dictada de oficio y así impedir que se lleve el proceso en libertad dijo el diputado desde tribuna.

“Solo con la presión de la sociedad las cosas van a poder avanzar” sostuvo Ricardo Mejía Berdeja luego de haber recibido a una comisión de empresarios agremiados en la Asociación de Materialistas de Guerrero encabezados por su presidenta y tesorera, Elodia Vargas y Emma Mojica respectivamente, que entre otras cosas expusieron la urgente necesidad de devolver la seguridad pública al estado ya que, denuncian, las extorsiones les impiden realizar su trabajo y por ello la economía del sector está colapsando.

Ricardo Mejía agregó que el delito de extorsión está asfixiando de manera alarmante la economía de todo Guerrero “es una plaga nociva” dijo y exigió que la seguridad es necesaria en todo el estado “no solo durante los grandes eventos que se realizan en el puerto de Acapulco”.

En otro punto de la sesión, el también presidente de la Comisión de Seguridad Pública propuso se reforme la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para que desde la apertura de la carpeta de investigaciones se integre ésta con perspectiva de género y sin estereotipos que dañen a las víctimas.

“El Protocolo Iberoamericano para investigar el feminicidio de manera correcta dicta que, ante el homicidio de una mujer, primeramente, se debe descartar el feminicidio y después proseguir con el homicidio y no justamente al revés como se lleva actualmente” y por último, Ricardo Mejía Berdeja dijo que la violencia feminicida debe parar y para ello la emisión de la Alerta de Violencia de Género no debe ser un asunto que dejemos pasar por alto.

Se debe emitir la Alerta de Violencia de Género, reitera Ricardo Mejía Berdeja

*Desde el Legislativo hemos hecho lo propio, toca ahora al Ejecutivo.

Chilpancingo, Guerrero a 16 de marzo de 2017.- Más allá de cuestiones partidistas, hoy el Legislativo ha impulsado un paquete de reformas para combatir la violencia feminicida “toca al Ejecutivo estatal hacer lo suyo y facilitar la emisión de la alerta de violencia de género” manifestó el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

El Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano enfatizó desde tribuna que es necesario que se activen todos los recursos y mecanismos disponibles para salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres en Guerrero, en particular para los ocho municipios susceptibles de ser objeto de la Alerta de Violencia de Género.

Decretar la alerta de violencia de género “sería un mensaje de que se quiere erradicar la violencia feminicida” y agregó, que avanzar y cerrar la brecha de género no solo es en los aspectos políticos o laborales, sino también facilitar el acceso a la salud desde un embarazo, contra la violencia obstétrica o la lucha contra el cáncer.

“Desde el legislativo hemos hecho lo propio, estamos creando el marco jurídico porque es vergonzoso ser uno de los tres estados que encabezan las listas en feminicidios y violencia de género” afirmó Ricardo Mejía.

Mejía Berdeja también se refirió a los declarado por la asociación de mujeres Alianza Feminista que, además de haber sido la solicitante del mecanismo de protección, han sido críticas a la prórroga que el gobierno del estado solicitó para poder entregar su informe de acciones a la SEGOB “la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública, una práctica que no ha podido ser erradicada”.

Por último, dijo que, si bien es de reconocerse las modificaciones al artículo 135 del Código Penal, nos parece que todavía se puede avanzar más hasta que el tipo penal sea acorde al Código Federal y estándares internacionales afirmó, “el feminicidio no puede ser tolerado, se debe enfrentar con la contundencia necesaria” concluyó.

Critica Movimiento Ciudadano cerrazón para eliminar el fuero: Ricardo Mejía Berdeja

*Fuero, cordón umbilical entre políticos y delincuencia.

**Alerta de violencia de género para Guerrero, pide.

Chilpancingo, Guerrero a 9 de marzo de 2017.- El Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, a nombre de los diputados ciudadanos, sostuvo que no votaron a favor de un sistema anticorrupción descolorido “nada limitaba a la legislatura para que pudiera adicionar la eliminación del fuero a la iniciativa del Ejecutivo estatal”.

De incompleto calificó el sistema anticorrupción aprobado hoy por la mayoría de los diputados y dijo que “el fuero es el cordón umbilical entre la política y la delincuencia”. Es lo que permite que se cometan delitos amparados en esta protección constitucional.

Mejía Berdeja hizo un llamado a los legisladores para que al dictamen en discusión se incorpore la eliminación del fuero y les conminó a “marcar esta legislatura para bien”, es un reclamo social que cuenta con la simpatía de la mayoría. Sí hay posibilidades para dar el paso para eliminar la declaratoria de procedencia en materia de responsabilidad penal, “hay oportunidad para hacerlo en el propio cuerpo del dictamen”.

Es el momento de demostrar que no hay intocables que este es el cimiento de un verdadero sistema anticorrupción. “Para nosotros en Movimiento Ciudadano, la médula de un sistema anticorrupción es que no haya privilegios indebidos y que no haya murallas de impunidad”.

Previo a la discusión del dictamen, el diputado Silvano Blanco Deaquino presentó una moción suspensiva para que se regresara el dictamen a la comisión redactora para su análisis y estudio, sin embargo, fue desechada y sometido a discusión por el pleno.

En otro punto de la sesión, el también presidente de la Comisión de Seguridad Pública solicitó al pleno del Congreso local se exhorte al Secretario General de Gobierno el Estado para que reconozco la necesidad de aceptar la alerta de género.

Ante la proximidad del plazo para que el gobierno del estado entregue el informe de las 10 recomendaciones de la Conavim y determinar si se declara o no la alerta de género en Guerrero para los municipios de Acapulco, Iguala, Chilpancingo, Zihuatanejo, Tlapa, Ayutla, Coyuca de Catalán y Ometepec; Ricardo Mejía pidió que se dé una señal de compromiso para erradicar la violencia feminicida en la entidad y se emita la alerta.

Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a declarar la alerta de violencia de género en el estado de Puebla

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A DECLARAR LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE PUEBLA.

Los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El programa “Dar Contigo” a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), busca dar cumplimiento al artículo 44 fracción XI de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que a la letra, dota de facultades a a la SSP a través de su Dirección General de Derechos Humanos para:

“Artículo 44.- …

I …

 

  1. Realizar una página de Internet específica en la cual se encuentren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma permanente”

En el tenor de lo anteriormente citado, las cifras oficiales de dicho programa declaran que en el país existen 844 víctimas desaparecidas menores de 18 años y 944 son mayores de edad, siendo un total de 1788 mujeres desaparecidas en el país.

En Puebla, de acuerdo a esta información, se ubicaron hasta la fecha 58 casos, de los cuales 31 son mujeres menores de 18 años y 27 mayores de los 18.

El informe oficial señala que 13 mujeres fueron vistas por última vez en la ciudad de Puebla y reporta cuatro desapariciones en Tehuacán, cuatro en Izúcar de Matamoros, tres en Atlixco y un caso de desaparición por cada ciudad de Amozoc, Chietla, Tlacotepec, Juan C. Bonilla, Ciudad Serdán, Cuautlancingo, Zoquitlán y Jopala. También se detalla que al menos dos mujeres poblanas desaparecieron en Coatzacoalcos y en el aeropuerto de Culiacán, respectivamente.

Aunado a esto, el programa señala que 20 de los casos no han sido correctamente investigados puesto que se desconocen detalles del sitio donde las mujeres fueron vistas por última vez.

El número de 58 casos de mujeres desaparecidas en el estado poblano resulta alarmante; sin embargo, de acuerdo a información solicitada por la agencia de noticias Lado B, a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla, la cifra de las mujeres desaparecidas en el estado es mucho mayor a lo que señala la SSP en su programa “Dar Contigo”.

Esta información que contraría a la Secretaría, ha sido plasmada en el reportaje “Las mujeres que faltan en Puebla”; documento que el pasado 6 de noviembre fue galardonado con el 3er lugar del concurso nacional “Género y Justicia” edición 2014 en la categoría de Reportaje Escrito, convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU Mujeres, Periodistas de a Pie y Mujeres en el Cine y la Televisión A.C.

En el citado reportaje, con base en la solicitud de información con folio 00073314 realizada a la PGJ, se señala que tan solo “del 1 de enero al 26 de marzo de 2014 […] habían desaparecido en la entidad 116 personas, de las cuales 65 mujeres seguían sin ser localizadas.” [1] Además, abunda que con una segunda solicitud de información marcada con el folio 00208314 hecha a la misma dependencia el 10 de junio del mismo año, “reporta a 351 personas desaparecidas, de las que 143 ya habían sido encontradas en la fecha del documento. Del total, 215 son mujeres y de ellas todavía 112 seguían extraviadas o no localizadas.”[2]

En la misma información destaca que la mayoría de las mujeres que han sido desaparecidas en el estado de Puebla oscilan entre los 13 a los 18 años, y con un menor porcentaje, de los 22 a los 23 años. “Las adolescentes de 16 años representan 17% del total de las mujeres que faltan en Puebla, seguidas de las de 15 años que son 16.1% y después las de 14, con 13.4%”, indica el reportaje.

Imagen tomada del Reportaje “Las mujeres que faltan en Puebla”. Los valores de la columna (izq) son las edades de las mujeres desaparecidas. Los valores de la fila (abajo) representan el porcentaje respecto del total de mujeres desaparecidas en Puebla

Imagen tomada del Reportaje “Las mujeres que faltan en Puebla”. Los valores de la columna (izq) representa el porcentaje respecto del total de mujeres desaparecidas en Puebla. Los valores de la fila (abajo) representan las edades de las mujeres desaparecidas

Aunada a la información presentada, en el año 2012, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de la Universidad Iberoamericana de Puebla, contabilizó 3 mil 332 mujeres desaparecidas entre enero de 2005 y julio de 2010. Por su parte, la iniciativa ciudadana “Por todos los desaparecidos” tiene registrados 246 casos poblanos en la última década, dentro de los que el 41% han ocurrido durante la administración del actual gobernador Rafael Moreno Valle.

En este marco no puede dejar de señalarse que pese a los esfuerzos ciudadanos y las búsquedas individuales y colectivas de sociedad civil, los datos del gobierno son confusos, escasos, y el acceso a ellos es casi imposible. Muestra de ello resulta la información publicada por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) del gobierno federal que registra tan sólo 49 casos de mujeres desaparecidas en Puebla de 1994 a 2013. Estos datos se contraponen con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas dado a conocer en abril del 2013 que señala que en Puebla desaparecieron 382 personas, de las cuales 156 son mujeres, y no se sabe si alguna ha sido localizada.[3]

Como se ha descrito anteriormente, las cifras de las mujeres desaparecidas en el estado poblano varían; sin embargo, no es la diferencia entre números lo que debe preocuparnos más sino el hecho de que las mujeres desaparezcan. Una sola mujer desaparecida es señal de alerta y debería encender todas las alarmas del Estado para garantizar su seguridad e integridad, tal y como lo establece el artículo 1º constitucional de nuestra Carta Magna.

Además del alto porcentaje de mujeres desparecidas que se ha narrado a lo largo de esta exposición de motivos, Puebla es considerado un “foco rojo” en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, el cual constituye una de las más graves aristas de la violencia de género en el estado.

El estrecho vínculo entre la desaparición de mujeres y niñas y la trata de personas es innegable. Ambas problemáticas parecen no ser atendidas integralmente por las autoridades.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México, reportó que en la entidad de Puebla hubo 107 denuncias por este delito entre 2009 y 2013, y únicamente el 6.5 por ciento de ellas -7 casos- terminó en una sentencia. Este número resulta muy reducido y, de acuerdo a la misma CNDH, “no corresponde a las necesidades de impartición de justicia ni a la extensión del delito” considerando que el total de consignaciones de presuntos responsables fue de 69.

De acuerdo al citado informe, el Distrito Federal, Chiapas y Puebla concentran el 66.1 por ciento de las averiguaciones previas en el país por trata de personas y son estos estados, donde más víctimas se hallaron.

En Puebla se ubicaron 177 víctimas de trata, todas de nacionalidad mexicana: 148 mujeres y 29 hombres. El 51.9 por ciento de las víctimas era menor de edad. Además, en el reporte destaca que con 69 casos, las víctimas mexicanas identificadas en el extranjero proceden mayoritariamente de este estado, después siguen Michoacán con 59 personas y Guerrero con 39.[4]

Nueve de cada diez víctimas eran explotadas de manera sexual y el 10 por ciento de manera laboral, de acuerdo con las averiguaciones previas iniciadas.

La violencia que enfrentan las mujeres en Puebla es un asunto de emergencia nacional; como legisladores y legisladoras debemos asumir y trabajar en aras de su erradicación.

Las problemáticas de las mujeres deben ser temas centrales en nuestras agendas, pero no sólo de palabra sino de hechos. Por consiguiente, en Puebla resulta urgente y necesario reforzar la recopilación de datos estadísticos sobre incidencia delictiva, modus operandi y perfiles criminales, a fin de optimizar la investigación y combate de este delito, información clara y precisa sobre las mujeres que faltan en la entidad, y la Alerta de violencia de género puesto que hoy se vuelven imprescindibles ese conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida (forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad)[5].

Ser mujer en este país y en cualquier parte del mundo, significa estar expuesta a toda la violencia que el simple hecho de “serlo” desata. Por ello, debemos sumar esfuerzos para lograr que nuestras instituciones garanticen efectivamente el ejercicio y acceso a nuestros derechos humanos, para construir un marco legislativo garantista que pueda ser traducido en cambios sustanciales en la vida no sólo de las mujeres, sino de todas las personas.

Por lo expuesto y fundamentado, solicitamos a esta soberanía se apruebe, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Cámara de Diputados, exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, a declarar la alerta de violencia de género en el estado de Puebla.

  1. La Cámara de Diputados, exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia de Puebla, a  elaborar uninstrumento de diagnóstico en la materia de trata de personas, para analizar las zonas de riesgo y la población de mayor vulnerabilidad, así como un perfil de los perpetradores del delito, para llevar a cabo estrategias de combate y prevención, atendiendo a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 2 de diciembre de 2014

[1] http://ladobe.com.mx/2014/08/las-mujeres-que-faltan-en-puebla/

[2] Ibid

[3] http://ladobe.com.mx/2014/10/son-119-las-mujeres-desaparecidas-en-puebla/

[4] http://e-consulta.com/nota/2014-08-28/seguridad/llega-93-la-impunidad-por-trata-de-personas-en-puebla-cndh

[5] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf

Punto de acuerdo que exhorta al gobernador de Baja California Sur, para promulgar el decreto 2122 que establece el delito de feminicidio

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Baja California Sur a promulgar el decreto 2122, expedido el 28 de noviembre de 2013 por el congreso local, mediante el cual se adicionó el artículo 265 Bis al Código Penal vigente, con el establecimiento en dicho numeral del delito de feminicidio, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El 2 de febrero del año en curso el portal de noticas Sin Embargo dio a conocer que el gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor, vetó el decreto 2122, expedido el 28 de noviembre de 2013 por el Congreso local, mediante el que se adiciona el artículo 265 Bis al Código Penal vigente, estableciendo en dicho numeral el delito de feminicidio.

Cabe recalcar el clima en que los actos de violencia contra la mujer han incrementado en dicha entidad. Datos del Observatorio de Violencia Social y de Género de Baja California Sur revelan que desde 2009 se contaron 29 feminicidios, sin tomar en cuenta aquellos que fueron mal clasificados como muertes accidentales.

En una nota publicada el 22 de enero, el Colectivo Pericú señala que en los últimos meses de 2013 se presentaron 12 casos de feminicidios en La Paz y Los Cabos, principalmente, lo que mostraba la necesidad de tipificar este tipo de delitos.

El gobernador determinó no publicar las reformas en el Diario Oficial de la Federación y las regresó al Congreso para su revisión, al considerar que existían “deficiencias” en el rubro de las penalidades.

Se debe precisar que el feminicidio se caracteriza por el tipo de violencia ejercida por los hombres hacia las mujeres. De la misma manera en que se mata a una persona por raza, nacionalidad, religión u orientación sexual, se asesina por razón de género; esto es feminicidio. El sustento ideológico que justifica tal acción lo constituye el sexismo, productor de desigualdades en que las diferencias biológicas, entre las mujeres y los hombres se usan políticamente para avalar la superioridad de los hombres frente a las mujeres.

Un elemento importante son los actos violentos que pueden estar presentes en el feminicidio, es el uso excesivo de la fuerza física, es decir a causa de golpes, quemaduras, traumatismos, asfixia, mutilaciones, torturas, incineración, heridas punzo cortantes, lo que refleja la extrema violencia utilizada por parte de los victimarios para terminar con la vida de las mujeres. Otro tipo de agresiones que no se reflejan en la necropsia pero que están presentes en la violencia generada hacia las mujeres son los insultos, intimidación, acoso sexual, entre otras manifestaciones.

Este tipo de agresiones misóginas son importantes para establecer en la violencia que se encuentra en la exposición de los cuerpos de las mujeres asesinadas.

El tema de la tipificación del feminicidio cobró auge en BCS casi al finalizar 2013, cuando se hallaron muertas dos adolescentes, de 15 y 14 años, en sus domicilios, en Los Cabos.

Aunado a ello, ante el contexto de feminicidio y violencia sistemática contra las mujeres, diversos mecanismos internacionales de derechos humanos han recomendado al Estado mexicano, considerar al feminicidio como un delito, dentro del código penal federal y los códigos penales estatales, atendiendo a esta recomendación y debido al contexto político no se deben vetar o frenar diversas iniciativas para tipificar el feminicidio.

Justamente este tipo de acciones son un reflejo de cómo el país se debate entre un México que lucha por construir una cultura de equidad e igualdad y que por otro lado vive una práctica cotidiana de impunidad, altos índices de corrupción e inoperancia del Estado en la investigación de los asesinatos de mujeres, elevan el número de feminicidios.

Empero, en algunos estados la tipificación del feminicidio es considerada una forma para que los estados se eximan de sus responsabilidades en materia de protección a los derechos humanos de las mujeres, al tipificar con elementos subjetivos y de difícil acreditación, que no permiten investigar este tipo de asesinatos y volviendo invisible la problemática, y en específico el caso de Baja California Sur simplemente vetan una iniciativa que ayudaría sin duda alguna a erradicar un delito que ha cobrado auge en dicha entidad; de tal forma con base en lo antes expuesto presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor, a promulgar el decreto 2122, expedido el 28 de noviembre de 2013 por el Congreso del estado, mediante el cual se adicionó el artículo 265 Bis al Código Penal vigente, estableciendo en dicho numeral el delito de feminicidio.

Dado en la Cámara de Diputados, a 4 de febrero de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila.

PDA para solicitar a SEGOB que inicie procedimiento para emitir Alerta de Género en Morelos (Dictamen)

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las mujeres, en su carácter de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para que en el ámbito de sus atribuciones analice la factibilidad y procedencia de dar inicio al procedimiento legal para emitir la declaratoria de alerta por violencia de Género en el Estado de Morelos.

Así mismo, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, para que en el ámbito de sus atribuciones y de resultar legalmente procedente, coadyuve con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos en las investigaciones relacionadas con los feminicidios presentados en las últimas fechas en la entidad. 

Dictamen completo.

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 325 del Código Penal Federal

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del Pleno, la siguiente   INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL,al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Cuerpos torturados, mutilados y con violencia sexual son lanzados y  encontrados en las calles, canales, vías del tren, cunetas de carretera, desagües, lotes baldíos, hoteles, casa habitación; este es el saldo que deja a su paso la violencia feminicida:  miles de mujeres asesinadas y desaparecidas.

La violencia en México se ha encrudecido hacia las mujeres, según datos del Informe “Feminicidio en México” de 1985 a 2009 se han registrado en nuestro país 34,176 muertes de mujeres en las que se presumió el homicidio.

En México mueren asesinadas unas 2,500 mujeres cada año. Sin embargo, a pesar de estas cifras promedio, no hay cifras oficiales a nivel nacional que establezcan cuántas mujeres murieron en nuestro país por feminicidios desde 2010. En 2009 se registraron un total de 1,858 defunciones femeninas con presunción de homicidio en el país.

Según datos del Observatorio Ciudadano Nacional de Femicidio en febrero de 2011, en los últimos seis años se han registrado más de 6,000 feminicidios tan sólo en diez  estados de la república y  de enero de 2009 a junio de 2010 hubieron 890 feminicidios en 11 estados: Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos y Querétaro.

Cabe señalar que en América Latina, México se encuentra en segundo lugar después de Guatemala. El Salvador, Honduras, Nicaragua, son los países más afectados de la región latinoamericana por los feminicidios, a pesar de ser diferentes en extensión geográfica y en sistemas políticos, los une una cultura de discriminación a los derechos humanos de las mujeres.

El feminicidio se caracteriza por el tipo de violencia ejercida por los hombres en contra de las mujeres. De la misma manera en que se mata a una persona por su raza, nacionalidad, religión u orientación sexual, se asesina a una persona por razón de su género, esto es el feminicidio. El sustento ideológico que justifica tal acción lo constituye el sexismo, productor de desigualdades en que las diferencias biológicas, entre las mujeres y los hombres se usan políticamente para avalar la superioridad de los hombres frente a las mujeres.

El sexismo, según nos dice Daniel Borillo, es la ideología que asigna a los hombres y mujeres comportamientos y esferas de acción, cuya transgresión es motivo de hostilidad, discriminación y violencia.

Un elemento importante son los actos violentos que pueden estar presentes en el feminicidio, uso excesivo de la fuerza física, es decir a causa de golpes, quemaduras, traumatismos, asfixia, mutilaciones, torturas, incineración, heridas punzo cortantes, lo que refleja la extrema violencia utilizada por parte de los victimarios para terminar con la vida de las mujeres. Otro tipo de agresiones que no se reflejan en la necropsia pero que están presentes en la violencia generada hacia las mujeres son los insultos, intimidación, acoso sexual, entre otras manifestaciones.

Este tipo de agresiones misóginas son importantes para establecer en la violencia que se encuentra en la exposición de los cuerpos de las mujeres asesinadas.

Cabe recalcar que el incremento de la violencia feminicida va unido a la negativa del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a declarar la alerta de género, mecanismo de acción urgente ante la falta de prevención para erradicar la violencia contra las mujeres, el cual fue rechazado por varios gobernadores sin argumentos jurídicos y sólo bajo la concepción equivocada de que se trata de un castigo o un golpe político.

Esta negativa de los estados de Nuevo León, Guanajuato y el Estado de México ha provocado un aumento considerable en la violencia contra ellas; en Nuevo León, por ejemplo, los feminicidios crecieron 698 por ciento en dos años, aunado a la deficiencia de las autoridades para investigar los homicidios.

En cuanto a la construcción de los elementos del  tipo penal, resulta fundamental establecer una redacción que permita visibilizar las razones de género en los asesinatos de mujeres  que evite la inclusión de prejuicios y estereotipos de los operadores de justicia  en la integración de la averiguación previa.

ARGUMENTACIÓN

Dentro del contexto de la situación de violencia generalizada que se vive en el país, la violencia contra las mujeres debe de enmarcarse en dos aspectos: primero en el impacto que ha tenido el crimen organizado en la violencia contra las mujeres y segundo en un marco normativo que no acaba de proteger ni garantizar su vida, integridad y seguridad.

De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en países donde existe conflicto armado, la seguridad y vida de las mujeres se ve agravada por la presencia de los diferentes grupos armados en la vida cotidiana y por el control social que estos ejercen sobre sus vidas en los espacios públicos y privados. Esta situación genera una violación sistemática a sus derechos humanos donde las mujeres y niñas son las más vulnerables.

Por otra parte ante el contexto de feminicidio y violencia sistemática contra las mujeres, diversos mecanismos internacionales de derechos humanos han recomendado al Estado mexicano, considerar al feminicidio como un delito, dentro del código penal federal y los códigos penales estatales, atendiendo a esta recomendación y debido al contexto político se han presentado diversas iniciativas para tipificar el feminicidio.

México está integrado por 31 Estados y un Distrito Federal. Cada uno cuenta con un gobierno libre y soberano que dicta sus propias leyes, tiene su propio sistema de justicia y ejecuta sus políticas públicas; esto, aunado a la violencia feminicida, deriva en la ausencia del Estado democrático de derecho.

Justamente un reflejo de cómo nuestro país se debate entre un México que lucha por construir una cultura de equidad e igualdad y que por otro lado vive una práctica cotidiana de impunidad,  altos índices de corrupción e inoperancia del Estado en la investigación de los asesinatos de mujeres,  elevan el número de feminicidios.

Sin embargo, en algunos estados la tipificación del feminicidio es considerada como una forma para que los estados se eximan de sus responsabilidades en materia de protección a los derechos humanos de las mujeres, al tipificar con elementos subjetivos y de difícil acreditación, que no permiten investigar este tipo de asesinatos e invisibilizando la problemática, como es el caso del Estado de México, Nayarit y Chiapas.

Sin embargo en el código Penal del estado de Tamaulipas presenta un caso muy particular, hace referencia únicamente al hombre como victimario para perpetuar el delito de feminicidio.

Otro caso es el estado de Tlaxcala que presenta una sanción mínima  para delito tan grave, al considerar  una pena de diecisiete a treinta años de prisión.

A más de cinco años de la entrada en vigor de la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, el delito de feminicidio se encuentra tipificado en varios estados de la república, caso contrario son los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Yucatán, entre otros. Cabe subrayar que uno de los primeros estados en tipificar el delito de feminicidio fue el estado de Guerrero, derivado de la preocupación por erradicar la violencia contra las mujeres.

Es por ello que Movimiento Ciudadano propone una definición más completa para la tipificación del delito de feminicidio, ampliando las circunstancias para cometerlo, de manera consecutiva realizar el proceso de homologación de las leyes derivado de la importancia de contemplarlo en cada unos de los Códigos Penales de los Estados.

Requerimos políticas públicas que inhabiliten la complicidad y negligencia, que coadyuven en la comisión del delito y que tengan como eje rector la prevención, participación persecución del delito; y una legislación que contribuya de manera real y efectiva el combate a este mal social.

“NI UNA MUERTA MÁS, NO LAS OLVIDEMOS”

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL,  al tenor de la siguiente:

Artículo Primero. Se reforma el artículo 325 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien dolosamente prive de la vida a una o varias mujeres por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

l. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

ll. A la víctima se le hayan infligido lesiones, mutilaciones infamantes  o degradantes, tortura o tratos crueles e inhumanos previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

lll. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la victima;

lV. Haya existido o no entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la victima;

Vl La víctima haya sido incomunicado cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

Vll. El cuerpo de la victima sea expuesto o exhibido en un lugar público;

Vlll. Para ocultar una violación;

lX. La víctima se haya encontrado en estado de indefensión.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de quinientos a mil días de multa.

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días de multa, además será destituido e inhabilitado de manera definitiva para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

 

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los  6  días del mes de Marzo de 2013.

 DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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