Diputado Ricardo Mejía Berdeja

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Acapulco tiene hambre de justicia: Ricardo Mejía Berdeja

Acapulco, Guerrero a 18 de octubre de 2017.-  El primer paso para tener un buen gobierno, es reconocer los problemas, para así, poder resolverlos. De nada nos sirve un gobernante que no asume su responsabilidad y que, en lugar de hacer su trabajo, se dedica a “echarle la bolita” a otros criticó Ricardo Mejía Berdeja durante el desarrollo de su informe distrital de labores en la cancha del Valle de La Sabana.
Mejía Berdeja señaló que la situación de violencia que priva en La Sabana no es exclusiva, es verdad que cada homicidio corresponde a una familia que vive una tragedia y recordó las muertes de vecinos a manos de la delincuencia. “Ustedes mejor que nadie sabe de lo que estoy hablando, ustedes, a quienes les ha tocado estar en medio de las balaceras, de esas que se dan en los Arcos o en el mercado de la Sabana; o de los tiroteos que se dan en el Rena, ya sea entre los mismos delincuentes o con las fuerzas de seguridad, me refiero a todos nosotros que cada día corremos el peligro de ser alcanzados por una bala perdida”.
Acapulco se ha convertido en tierra de nadie y el gobierno brilla por su ausencia, cada día aparecen embolsados y descuartizados y no pasa nada. La cosa esta muy clara, cómo se llega al gobierno es como se gobierna. Quien llega a la presidencia con dinero de la maña le sirve a los delincuentes y no al pueblo; pero también, el que compra votos para llegar, llega para robar, “que no se nos olvide”.
Los acapulqueños necesitamos un Alcalde que sea capaz de darnos seguridad “hoy Acapulco tiene hambre de justicia”. Para eso se requiere de decisión, pero sobre todo, de tener las manos limpias. Por ello propongo a todos esos que aspiran por la alcaldía de Acapulco, que nos sometamos a un antidoping y que se nos investigue por el CISEN, la PGR e incluso por otros organismos internacionales, que no tengamos vínculos con la delincuencia, porque el buen juez, por su casa empieza.
“Esa es mi propuesta compañeras y compañeros, que quien llegue a la presidencia municipal, llegue con las manos limpias, libres de los grilletes que cargan los corruptos, porque solo así, vamos a poder recuperar Acapulco”.

Dramáticas las cifras de impunidad en Guerrero acusa Ricardo Mejía Berdeja

 *Una procuración de justicia ausente multiplica las conductas delictivas.

Acapulco, Guerrero a 20 de agosto de 2017.- El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local de Guerrero, Ricardo Mejía Berdeja señaló el rezago que en materia de procuración de justicia ha venido padeciendo la entidad.

Mejía Berdeja dijo que, lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer en Guerrero, en materia de procuración de justicia es dramático cuando se analizan las cifras oficiales que dicen que se han abierto 27 mil 588 carpetas de averiguación de las cuales se han formulado 505 imputaciones y solamente se han librado 136 órdenes de aprehensión de las cuales solo se han podido ejecutar 65.

Lo anterior lo dio a conocer en el marco de la jornada contra la impunidad en donde se ha hecho una relatoría puntual del contexto de impunidad que priva, a lo que el diputado señaló que se ha agudizado en los últimos años.

Puntualizó además, que hay crímenes de alto impacto que siguen en el limbo legal como lo es el caso de la ejecución extrajudicial de quien fuera el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso en la LIX Legislatura, Armando Chavarría Berrera; el de Ambrosio Soto Duarte; el de los periodistas Cecilio Pineda y Francisco Pacheco; de quien fuera líder de la CETIG Juan Mendoza Tapia y su esposa; los ex diputados locales Roger Arellano y Ely Goicochea; el ex alcalde de Tecpan Crisóforo Otero; el secuestro de Catalino Duarte y la masacre ocurrida en Cacahuatepec, entre otros.

“Junto con estos delitos sin castigo hay miles de casos de impunidad, entre homicidios, robos, asaltos, extorsiones y secuestros, que se siguen cometiendo día con día” afirmó.

El reclamo, agregó, es contra impunidad y la injusticia que, con la actuación de la Fiscalía General del Estado, se ha generado un freno para la verdadera procuración de justicia ya que, de acuerdo a cifras oficiales y de grupos sociales, el Estado de Guerrero encabeza los conteos en lo a homicidios dolosos, desaparición forzada, hallazgos de fosas clandestinas y desplazamiento forzado interno concluyó Mejía Berdeja.

Pérdida de patria potestad por pederastia propone Ricardo Mejía Berdeja

*Nueva ley de estímulos a los policías fortalece y reconoce a los buenos elementos.

Chilpancingo, Guerrero a 25 de julio de 2017.- A nombre de los diputados de Movimiento Ciudadano, presentó hoy Ricardo Mejía Berdeja una iniciativa de decreto que busca proteger el interés superior de la niñez y la juventud, dijo que por la naturaleza de la propuesta es una iniciativa de innegables bondades sociales.

Ricardo Mejía dijo durante su intervención que la familia es un concepto que ha evolucionado y hay cambios en los derechos de las familias, por ello, se hace necesario adecuar el marco jurídico a las necesidades actuales.

“La patria potestad está asociada al cuidado de los hijos, por lo tanto, la custodia compartida es básicamente un derecho que tienen hijos y progenitores a seguir teniendo una relación sobre la cual seguir desarrollando la afectividad y el cariño, al margen de las relaciones contractuales entre sus padres que acaban con el matrimonio.”

Sin embargo, la propuesta presentada gira en torno a proteger a los hijos toda vez que sea causal de pérdida de patria potestad a quien haya sido juzgado por el delito de pederastia o por haber suspendido el suministro de alimentos cuando éste haya sido dispuesto por una sentencia de un juez.

Es importante señalar que, la reforma que ahora establece a la pederastia como un delito grave en la entidad fue una propuesta de los Diputados Ciudadano dijo el legislador.

Así mismo a quien haya sido encontrado culpable de delito de violencia familiar, trata de personas, lesiones que pongan en peligro la vida del menor o delitos contra la libertad sexual por parte de quien ejerza la patria potestad o por la tolerancia para que otras personas lo hagan.

“La familia es una institución que se debe proteger” por ello, explicó Mejía Berdeja, se proponen reformas al Artículo 622 del código Civil para proteger lo que la patria potestad representa y quien la ejerce.

Durante el desarrollo de la sesión, se aprobó la Ley de Estímulos y Reconocimientos de la Policía del Estado de Guerrero en el que el Coordinador del Grupo Parlamentario y presidente de una de las comisiones dictaminadoras de la iniciativa dijo que, lo que este nuevo ordenamiento busca es fortalecer y reconocer a los buenos policías.

“Esta nueva ley implica que el personal de la policía estala pueda acceder a un grado superior a través de la promoción, así como por acciones heroicas, profesionalismo y demás hechos meritorios”.

También, Ricardo Mejía Berdeja, desde tribuna y a nombre de los diputados ciudadanos, condenó el asesinato de los cinco policías estatales que perdieron la vida cuando trasladaban a empleados del programa PROSPERA en Ahuacuotzingo, Guerrero.

Por último, se aprobó establecer el día 20 de agosto como día de luto en el Estado por el asesinato de quien fuera el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local en la LIX Legislatura, Armando Chavarría Barrera, al respecto señaló que recordar año con año el asesinato de Armando Chavarría es combatir la impunidad, es no sepultar en la memoria el hecho infame que representó el atentado contra uno de los poderes del estado, “es una lucha por la justicia y contra la impunidad” sentenció.

 

Transparencia en investigación de la masacre del penal exige Ricardo Mejía Berdeja

*Ser la conciencia crítica de la sociedad pide a abogados.

Acapulco, Guerrero a 9 de julio de 2017.- Ante miembros del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero, Ricardo Mejía Berdeja coincidió en la necesidad de reconstruir el estado de derecho para empoderar a la ciudadanía ante la crisis de inseguridad que se vive en la entidad.

“El imperio de la delincuencia desafía no solo al gobierno y a las instituciones, sino a la sociedad en su conjunto” y dijo que es momento de que la ciudadanía se empodere frente al desafío que la delincuencia representa para todos por igual.

A la comunidad jurídica reunida en el 50 aniversario del Colegio de Abogados, les dijo que tienen el reto de reconstruir el estado de derecho desde la trinchera ciudadana e ir fortaleciendo la cultura de participación social.

Mejía Berdeja hizo un llamado a que se tomen las decisiones importantes desde los gobiernos, decisiones de trascendencia y no amedrentarse frente al poder que hoy ha cobrado la delincuencia. En el tema de la seguridad pública y las fuerzas policiacas refirió que es bueno que haya colaboración de otras corporaciones sin embargo dijo, a veces es cuestionable la legalidad y constitucionalidad de algunas acciones.

“Lo más importante son las decisiones se lleven a cabo desde lo local como la depuración de las policías y su obligada certificación” además reprochó que la Fiscalía General del Estado deslice culpas al nuevo sistema penal acusatorio frente a las faltas u omisiones de ésta y la corrupción que prevalece.

Fue enfático en exigir que, al respecto de la masacre ocurrida en días pasados en el Penal de Las Cruces en Acapulco, la investigación se conduzca con transparencia a fin de que se conozcan las causas de lo ocurrido y se castigue a los culpables por acción u omisión en éste y en el caso de la familia asesinada en San Pedro Cacahuatepec. “Cuando hay casos de esta magnitud, hace que un hecho opaque al anterior y la sociedad pierda la capacidad de asombro” lamentó.

Por último, el diputado convocó a los abogados a ser la conciencia crítica de la sociedad y a trabajar para reconstruir el estado de derecho “porque no podemos perder esta batalla, porque si la perdemos el estado será fallido”.

 

Más tarde, reunido con vecinos de Palma Sola, coincidió en que la problemática de la inseguridad ha propiciado que la población vivía con miedo, con temor de la delincuencia y al mismo tiempo de la autoridad. Por ello, dijo, que las reformas legales ya las han propuesto los diputados ciudadanos en el Congreso local. Es necesario recuperar a la juventud, por ejemplo, por medio de la práctica deportiva y para ello se encuentra ya una iniciativa de ley del deporte en el Congreso local para su estudio.

 

Al respecto de la presencia de la Fuerza CONAGO en el puerto, Ricardo Mejía Berdeja dijo que no son medidas de fondo “esta fuerza policial se retira al cabo de unos días, pero el problema permanece y lo que no hagamos nosotros por nosotros mismos nadie lo va a venir a hacer” por ello es urgente tomar las decisiones y depurar las policías.

 

 

Movimiento Ciudadano advirtió del riesgo en el penal casi un año atrás: Ricardo Mejía Berdeja

Acapulco, Guerrero a 7 de julio de 2017.- Con relación a los reprobables hechos en donde la madrugada de ayer en donde fueron asesinados 28 reclusos internados en el penal de Las Cruces de Acapulco; la primera exigencia que el diputado de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Berdeja plantea es que se transparenten y se precisen los hechos, “que no haya lugar a dudas”.

Expresó además las condolencias a los familiares de las víctimas, y a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano dijo que se desea el pronto restablecimiento de los heridos. Esa es la posición que Movimiento Ciudadano y su dirigente Luis Walton, que los diputados refrendamos.

Pidió también, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigue las violaciones graves a los derechos humanos cometidos esa madrugada y recalcó en particular que, las autoridades estatales deben deslindar responsabilidades y conduzcan una investigación de altura y apegada en todo momento a derecho.

Mejía Berdeja sostuvo que, como parte de la agenda del Grupo Parlamentario en el Congreso local, la atención de la problemática de los centros penitenciarios ocupa un lugar prioritario, por ello, recordó que desde septiembre del año pasado, presentaron un acuerdo parlamentario a fin de exhortar al Ejecutivo Estatal y al Fiscal General para que dieran pleno cumplimento a las recomendaciones de la CNDH en donde quedaron de manifiesto las condiciones reprobables de los penales, las condiciones de tortura, tratos crueles e inhumanos además del autogobierno.

Se promovió y se aprobó el exhorto por la mayoría de los diputados integrantes de la legislatura, dijo el diputado, “se advirtió a tiempo de esto” reprochó.

“Creemos que es momento para Guerrero de que se aplique la ley sin distingo y con total contundencia, creemos que la situación de los penales es parte de la problemática de la seguridad y de la procuración de justicia”.

Invertir en seguridad no es un gasto, es una inversión social que se traduce en mejor economía que se traduce en un mejor ambiente social, hoy la gente tiene miedo, esta irritada, relató y dijo que para pacificar Acapulco y en general al Estado, se requiere tomar decisiones inmediatas en materia de seguridad pública.

Por violaciones a la Constitución y las leyes el juicio político expone Ricardo Mejía Berdeja

*Que comparezca el titular de la CAPAMA apoya el diputado.

Chilpancingo, Guerrero a 6 de julio de 2017.- El diputado Ricardo Mejía Berdeja abordó hoy ante el pleno del Congreso estatal el contenido de la demanda de juicio político en contra del Fiscal General del Estado, Javier Ignacio Olea Peláez, por violaciones y omisiones graves a las leyes federales y locales.

“Para dar cuenta al pleno de esta legislatura, el día de ayer, tal y como lo manifestamos durante la comparecencia del Fiscal, ejercitamos juicio de responsabilidad política contra Javier Olea Peláez” relató el diputado. El contar con 293 elementos reprobados en control y confianza es un delito penal consagrado en el Código Penal Federal “es un delito contra la administración de la justicia” por consecuencia, Ricardo Mejía anunció también que se formalizó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República.

Es un delito mantener un personal no certificado haciendo funciones de policía, perito o ministerio público y precisamente éste delito, además, afecta al debido proceso, ya que las actuaciones de este personal no certificado pueden ser señalados por los inculpados echando por la borda los procesos penales.

Ricardo Mejía calificó como agravio al poder Legislativo que el Fiscal haya emitido un nombramiento irregular sin el visto bueno del Congreso con la designación de la Fiscal Especializada en Delitos contra Periodistas “la titular no es descalificable por sí misma, pero el Fiscal debió enviar la propuesta tal y como lo establece la Constitución”.

“Ha sido omiso en nombrar al o la titular de la Fiscalía Especializada en Desaparecidos”, el diputado recordó que esta unidad investigadora es resultado de una reforma constitucional emanada de la actual legislatura.

Por otra parte, la actuación del Fiscal General Javier Olea, en el sentido de no ejecutar ordenes de aprehensión por consideraciones de carácter político, así como su actuación al frente de este órgano, violenta el derecho de acceso a la justicia de las víctimas consagrado en el art 21 de la constitución de la República

En síntesis, no ha procurado justicia, ha procurado impunidad criticó Ricardo Mejía. La procuración de justicia y la seguridad pública son las prioridades del Estado y frente a la embestidas de criminales el Fiscal no podido con la responsabilidad que el Congreso le confirió.

En otro punto de la orden del día, apoyó la propuesta para que comparezca el titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, CAPAMA, para que informe sobre las condiciones de infraestructura hidráulica del municipio de Acapulco además de la situación financiera de la paramunicipal.

Sin resultados, con corrupción y rezago presenta su informe el Fiscal Olea: Ricardo Mejía Berdeja

*En los próximos días se presentará la demanda de Juicio Político en contra del Fiscal General.

Chilpancingo, Guerrero a 25 de junio de 2017.- El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja cuestionó al Fiscal General del Estado sobre el paradero del software de espionaje adquirido por el gobierno del estado conocido como “el perro” y que tuvo un costo de 17.5 millones de pesos, adquirido supuestamente de forma irregular.

Bajo protesta de decir verdad, Mejía Berdeja cuestionó a Xavier Olea Peláez sobre el destino del software de espionaje adquirido durante el sexenio del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y cuya compra se encuentra observada por la Auditoría Superior de la Federación. El Fiscal General negó tener en su institución el equipo mencionado.

Además, en el marco de la primera ronda de preguntas al titular de la Fiscalía General del Estado, el diputado Mejía Berdeja se mostró preocupado ante la cifra de tener 293 elementos sin certificar haciendo labores de manera regular a lo que dijo que, es un delito contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de ejercicio indebido del servicio público por parte de quien avala la permanencia de estos elementos “es motivo de responsabilidad penal” dijo.

El diputado agregó, que de acuerdo a las cifras que el Fiscal General del Estado hiciera llegar al Congreso del Estado como un Informe oficial, menciona que se han librado 136 órdenes y 65 se han ejecutado, en el entendido de algunas características del sistema acusatorio penal en donde puede haber acuerdos y otras resoluciones, nos parece, dijo, “es una cifra demasiado baja en cuento a procuración de justicia”.

Ricardo Mejía Berdeja le cuestionó que, habla de corrupción e incluso dice que viéndoles a los ojos le ha pedido al personal que ya no cometan actos de corrupción “por qué no proceder, usted es el representante de la sociedad en cuanto a justicia se refiere”.

Por último, Ricardo Mejía cuestionó que el Fiscal General no haya procedido en términos del artículo 142 constitucional y haya hecho llegar al Legislativo la propuesta para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas y preguntó si tenía un registro de los homicidios registrados contra miembros de la comunidad universitaria en el estado.

Ricardo Mejía Berdeja reiteró que el Fiscal General debe renunciar y que, de no proceder el responsable del ministerio público estatal, promoverá Juicio Político en su contra por violaciones graves a la Constitución Política del Estado y la falta de resultados.

Se deben limpiar y depurar las policías en el Estado: Ricardo Mejía Berdeja

*Al día de hoy, sin el Ejército en las calles seríamos todavía más vulnerables ante la delincuencia.

Chilpancingo, Guerrero a 11 de diciembre de 2016.- Luego de que el Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos Zepeda señalara que no se han reconstruido las policías a diez años de la participación oficial del Ejército en la lucha contra la delincuencia, quienes han tenido realizar funciones de seguridad ya que no hay quien las realice, Ricardo Mejía Berdeja Presidente de la Comisión Seguridad Pública del Congreso de Guerrero demandó la depuración de todas las policías, comenzando por las municipales que, en varios casos, se han convertido en aliadas de los criminales.

“Tiene razón el General, en la entidad hay 2 mil 233 elementos reprobados en control y confianza en funciones” y detalló que 512 corresponden a la policía estatal; mil 421 a las policías municipales y 300 efectivos a la Fiscalía General del Estado, lo anterior con base en el Informe al mes de agosto de 2016 del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Ricardo Mejía Berdeja agregó que de los 2 mil 233 elementos, solamente en Acapulco se concentran 720 “lo cual es una situación verdaderamente dramática”.

La labor de depurar y buscar la certificación de las fuerzas policiacas municipales le corresponde fundamentalmente a los Ayuntamientos y se hacen de la vista gorda, eludiendo su responsabilidad, por negligencia o complicidades, dijo el legislador local.

Solo con cuerpos policiacos capacitados, depurados y con estímulos a su adecuada labor se podrá enfrentar a la delincuencia, afirmó Mejía Berdeja. Que los alcaldes, el Gobierno del Estado y la Fiscalía limpien a las policías demandó. Hay otras acciones como la prevención del delito o programas sociales pero, recalcó Mejía, lo más importante es contar con cuerpos de seguridad pública limpios que sirvan a la comunidad.

“Del Ejercito Mexicano conocemos que han habido excesos sí, y no debemos permitirlos ni tolerarlos” pero al día de hoy es indispensable la participación de la SEDENA en labores de seguridad, es determinante su labor en las calles concluyó Ricardo Mejía.

Iniciativa con proyecto de decreto para permitir en la CPEUM la conformación de policías comunitarias

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2°, APARTADO A, FRACCIÓN II;  SE REFORMA EL PARRÁFO 9 Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del Pleno, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2°, APARTADO A, FRACCIÓN II ;  SE REFORMA EL PARRÁFO 9 Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

De acuerdo al filósofo Thomas Hobbes en su obra El Leviatán, el Estado surge de la necesidad de un poder superior al de los hombres que viven en el llamado “estado de naturaleza” en que cada hombre es el encargado de velar por su seguridad y ante este reconocimiento de contar con un poder que ordene la convivencia humana y que les proporcione el ansiado sentimiento de seguridad renuncian a su poder individual para concentrarlo en un solo ente.

El Estado surge cuando cada hombre en un contrato no determinado otorga a este ente llamado Estado, el uso de la violencia reservando en todo momento la facultad para reclamarlo cuando el Estado fracase en su misión primordial.

En años recientes, México ha vivido un crecimiento importante de violencia relacionada al crimen organizado, donde el narcotráfico se ha convertido en el principal motor de éste clima y criminalidad, que horada la paz social.

Hoy, la inseguridad es una de las principales amenazas para la estabilidad, el fortalecimiento democrático y el desarrollo de nuestro país. Este incremento y auge de la criminalidad denota, entre otras cosas, un fracaso gubernamental para garantizar la seguridad.

La delincuencia organizada ha causado desplazamiento en los estados mayormente afectados por las actividades de los cárteles de la droga, tales como Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.

Hoy día las cifras oficiales nos hablan de cerca de 100 mil  muertos como consecuencia de la fallida estrategia de guerra contra el crimen organizado, que a su paso va dejando una estela de sangre, daños colaterales y miles de víctimas a lo largo de todo el territorio nacional.

Debemos tener muy presente que el tema de la inseguridad en México es latente, la incidencia delictiva se manifiesta con mayor fuerza, aunado a esto los delitos relacionados al narcotráfico cobran mayor visibilidad. Y qué decir de la debilidad estructural del gobierno que ha permitido el involucramiento en las corporaciones policiacas, por parte de la delincuencia organizada, que ha traído como resultado la inoperancia del Estado Mexicano de ejercer control territorial.

Por otro lado, México se ha destacado como un Estado con altos índices de corrupción en todos los niveles de la vida institucional y los cuerpos encargados de la seguridad no son la excepción, de conformidad con el barómetro global de corrupción 2013 de transparencia internacional, el 90% de la población nacional considera que los cuerpos de seguridad son corruptos o extremadamente corruptos, mientras que el 61% reporta que ha sobornado a un policía al menos una vez en el último año.

Acentuándose el fenómeno de la corrupción policiaca en el eslabón más frágil de todos, las policías municipales, quienes han sido sistemáticamente infiltradas por los grupos de delincuencia organizada dejando a la deriva la seguridad de los habitantes de las comunidades especialmente las indígenas.

Por tal motivo uno de los principales factores del surgimiento de la justicia comunitaria ha sido la ineficiencia y la corrupción del sistema de seguridad pública.

En Michoacán y Guerrero hemos visto como los grupos delincuenciales han suplido de forma absoluta al Estado, pues determinan quienes entran a las comunidades e incluso han restringido el abastecimiento de alimentos y medicinas de pueblos enteros, sin contar con el cobro de impuestos que efectúan a través de la extorsión o el llamado derecho de piso que cobran a los comerciantes.

La falta de una política pública transversal en materia de seguridad pública, provocó el total abandono a su suerte de los ciudadanos y en muchas comunidades especialmente con población indígena, se duda la existencia del Estado como garante de seguridad de los ciudadanos.

La corrupción institucional de los cuerpos de seguridad tuvo como consecuencia que en muchas comunidades de este país los ciudadanos vivan en un Estado sin Estado, y citando a Hobbes en el “estado de naturaleza” ha llegado a esas comunidades.

Sin embargo, en una decisión valiente las comunidades se han organizado y han asumido la seguridad de los pueblos a través de la formación de policías comunitarias, integradas por voluntarios que no perciben ningún ingreso por esta actividad y que forman parte de las mismas comunidades amenazadas por miembros del crimen organizado; que contrario a lo sostenido por los medios de comunicación, no son un levantamiento, más bien son un grito desesperado de la población, que al ver la negligencia de las autoridades y la ineficiencia del sistema jurídico, permeado de una constante violación a sus derechos y el aumento en las actividades delictivas que impactaron en el orden social de sus comunidades, han recurrido al único recurso que tienen, recuperar de las manos del Estado la coerción que otorgaron hace mucho tiempo.

Donde la resolución de conflictos sociales internos en las comunidades indígenas, concibiendo estos bajo la óptica marxista en donde el conflicto es inherente a todo sistema social, entendiéndolo como un imperativo estructural mientras que la sociedad siga artículandose de manera clasista. Donde las tensiones sociales emergen al visibilizarse los actores.

Son conflictos comunitarios aquellos movimientos protagonizados por grupos no necesariamente homogéneos desde un punto de vista socioeconómico, dado que a menudo suponen cortes verticales en la estructura social. Lo que les une es su pertenencia a un determinado colectivo –una comunidad local, regional o nacional-, una religión, una ideología política; una raza; etc.- con la suficiente cohesión como para actuar colectivamente y que suelen mostrarse capaces de generar marcos subcultuales muy específicos.

Los movimientos sociales han sido siempre entendidos como momentos decisivos por sus protagonistas y la respuesta más común desde los grupos dominantes ha sido, lógicamente, criminalizarlos en términos éticos y tratar de impedirlos en términos políticos.

A pesar de la falla del Estado en brindar la seguridad a su habitantes, tenemos que recalcar que se ha juzgado como levantamiento a estos grupos de autodefensa, y se les ha imputado crímenes que han tenido como consecuencia la sujeción a proceso de aquellos ciudadanos que decidieron defenderse por encontrase ausentes las autoridades del Estado, tal y como ocurrió con 40 miembros de la policía comunitaria de Aquila Michoacán, lo que únicamente ha exacerbado los ánimos de la comunidad quienes en lugar de ser apoyados se está siendo despojados del único medio de defensa frente al crimen.

Debemos reconocer la realidad que vivimos, debemos buscar una solución a este problema de inmediato y evitar los focos rojos que en determinado momento pueden no solo comprometer la seguridad de una entidad federativa sino incluso de toda la Nación.

ARGUMENTACIÓN

La crisis de gobernabilidad que azota al país, entendiendo a ésta como la cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo. Muestra la nula capacidad por parte de los gobernantes para poder hacer frente a los conflictos sociales en especial en materia de seguridad pública.  

Las graves repercusiones y el impacto que el crimen organizado ha traído a comunidades y poblaciones indígenas desestabilizando su orden y paz social, ha tenido como respuesta la auto-organización social y la construcción de un espacio público autónomo (sistema de impartición de justicia comunal) regido por usos y costumbres que ha tenido por objeto la resolución de conflictos, bajo los principios de legitimidad, transparencia, justicia, igualdad, libertad y equidad.

Es necesario el rediseño y fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad pública que tenga por objeto reducir los  índices de corrupción e impunidad al interior de las mismas y que cuenten con mecanismos de coordinación de competencias entre los sistemas normativos de los pueblos indígenas y el sistema de justicia.

Por ello se propone el reconocimiento de un sistema de seguridad  pública autónomo basado en usos y costumbres que coadyuve al restablecimiento del orden social y se incorpore de forma clara y determinada a las policías comunitarias como un cuerpo de seguridad local.

De acuerdo a lo planteado, se debe proporcionar a las policías comunitarias de la capacitación adecuada para su correcto funcionamiento, proveyéndole de capacitación en seguridad pública y Derechos Humanos, para con ello contar con un cuerpo de seguridad civil que cuente con la confianza de la comunidad, pues se trataría de un cuerpo integrado por la misma comunidad.

 

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2°, APARTADO A, FRACCIÓN II;  SE REFORMA EL PARRÁFO 9° Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

Artículo primero. Se reforma el artículo 2°, apartado A, fracción ll y se adiciona un último párrafo al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.

….

….

….

….

  1. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblo indígenas y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I.- Decidir sus formas internas de convivencia y organización  social, económica, política y cultural.

II. Aplicarsus propios sistemas normativos basados en sus usos y costumbres y tradiciones ancestrales, los cuales son aplicables en el ámbito de las relaciones familiares, de la vida civil, de la vida comunitaria y, en general, para la prevención y solución de conflictos al interior y exterior de cada comunidad a fin de mantener el orden y la paz social sujetándose a los principios generales de ésta Constitución.  La implementación de dicho sistema tendrá también dentro de sus objetivos abatir la delincuencia, erradicar la impunidad y rehabilitar y reintegrar al orden de la comunidad a los transgresores, en el marco de respeto a los derechos humanos, las garantías individuales y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, y las comunidades que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

a)   … e) …

En el caso de las comunidades y pueblos indígenas, que vean amenazada su estabilidad, seguridad pública y paz social, podrán coadyuvar a restablecer el orden a través de una actividad de acompañamiento de manera voluntaria conforme a sus propios usos y costumbres, y la conformación de policías comunitarias, en términos de la legislación aplicable.

La Secretaría de Gobernación implementará en forma permanente programas de formación y capacitación en los usos y costumbres indígenas, a interpretes, médicos forenses, abogados, agentes del ministerio público, jueces y en general, a todos los servidores públicos que intervengan en asuntos en los que exista interés jurídico de miembros de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de otorgar seguridad jurídica en los procesos que aquellos sean parte.

 

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá emitir las adecuaciones necesarias al marco normativo para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto a más tardar en noventa días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de Septiembre de 2013.

 DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

Los periodistas están sujetos a las asechanzas del crimen y de gobernantes que no gustan de la crítica a sus acciones

Palacio Legislativo de San Lázaro a 25 de abril de 2013

POSICIONAMIENTO DEL VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, RICARDO MEJÍA BERDEJA, RELATIVO AL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Read More