Diputado Ricardo Mejía Berdeja

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Acuerdo para exhortar al TSJDF a dar las garantías para que el caso del documental “Presunto Culpable” se resuelva de manera objetiva.

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A DAR LAS GARANTÍAS PARA QUE EL CASO DEL DOCUMENTAL “PRESUNTO CULPABLE”  SE RESUELVA DE MANERA OBJETIVA, IMPARCIAL Y CON APEGO AL DERECHO. 

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, cada vez es más común exponer o denunciar un caso de injusticia, impunidad o arbitrariedad por medio de la realización de documentales que, al provocar la indignación y despertar el morbo entre la sociedad, llegan a un gran número de personas generando así una forma de denuncia efectiva.

Tal es el caso del documental Presunto Culpable el cual fue exhibido a nivel nacional en 2011 y que vislumbraba la falla estructural que el sistema de justicia mexicano presenta, al dar a conocer el caso del joven José Antonio Zúñiga, quien fuera acusado de un homicidio que no cometió, siendo víctima de la red de corrupción y opacidad con la que las instituciones encargadas de aplicar la justicia operan en el país.

Ante tal situación, los abogados y cineastas Roberto Hernández, Layda Negrete y un grupo de colaboradores, se hicieron cargo del caso y documentaron en Presunto Culpable todo el proceso plagado de irregularidades que, finalmente, desembocó en la liberación de Zúñiga.

Sin embargo, a dos semanas del estreno del largometraje, comenzaría el largo proceso de censura, que el grupo de realizadores ha enfrentado por más de dos años, debido a que Blanca Lobo Domínguez, jueza decimosegunda de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, ordenó la suspensión provisional de exhibición, distribución y promoción, porque Víctor Reyes Bravo, uno de los testigos que había participado en el caso presentó un juicio de amparo, alegando que se utilizó su imagen sin consentimiento; de manera oportuna se dio un revés a este fallo, por lo que Presunto Culpable siguió exhibiéndose.

A estos hechos, en mayo de este año, se dio a conocer, a raíz de un nuevo demandante, que el documental cuenta con casi veinte demandas las cuales suman tres mil millones de pesos; la última de ellas presentada por Manuel Ortega Saavedra, ex comandante de la Policía Judicial, quien exige 600 millones de pesos porque utilizaron su imagen sin autorización.

Paradójicamente, Presunto Culpable ha sido merecedor de varios premios importantes a nivel internacional, como el Premio de Amnistía Internacional en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2009, o el Premio del Público en el Festival de Cine de Derechos Humanos de Varsovia 2010; pero en México se ha buscado a toda costa evitar su exhibición y reproducción por todas las vías posibles.

De esta manera, en días pasados, se llevó a cabo en el juzgado civil del Distrito Federal, una audiencia para desahogo de pruebas, en la que María del Rosario Mancera Pérez, jueza civil a cargo, quien con anterioridad ya había realizado comentarios negativos frente al caso y con base en lo estipulado en el artículo 59 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito, negó el acceso a los medios de comunicación e incluso rechazó la solicitud de grabar la audiencia por parte de Roberto Hernández y Layda Negrete, bajo el argumento que “el TSJDF manifiesta su rechazo a las acciones de ejercer presiones o amenazas contra el ejercicio de las responsabilidades de este Tribunal”; asimismo, Mancera Pérez, solicitó a los productores dePresunto Culpable, no realizar declaración alguna sobre el proceso demostrando el ambiente de secretismo y censura con la que se ha manejado el proceso; por lo que resulta evidente que no se tienen las condiciones para contar con un juicio justo e imparcial acorde a los estándares en la materia, exhibiendo –de nueva cuenta- la forma en la que el sistema de justicia penal en México realiza su labor; y en lugar de demostrar que lo exhibido en el documental se está tratando de cambiar, se confirma, de manera lamentable, la forma en que el sistema mexicano opera.

Resulta necesario que quienes, en su valiente búsqueda por exhibir casos como éste, no sean perseguidos y sufran de falsos señalamientos, situaciones de acoso, censura e incluso pongan en riesgo su integridad física y la de sus familiares; y tampoco se puede permitir que este tipo de actos sean violentados por el propio sistema como un acto de censura y represión en contra de las personas involucradas.

Es por ello que, atendiendo a la necesidad de garantizar el respeto irrestricto de derechos humanos como el de la libertad de expresión y el ejercicio que ésta conlleva, a la par de contar con las condiciones para que la justicia en este país se lleve a cabo de manera transparente y acorde a la ley, dejando de ser una justicia selectiva.

Además, dada la naturaleza del caso, consideramos pertinente solicitar al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se vigile la actuación de la jueza encargada del mismo, pues ello resulta de suma importancia en relación al Sistema de Justicia en el Distrito Federal, lo que abonará en generar mayor confianza a la ciudadanía en el sistema de justicia, dados los antecedentes en esta materia. Es por lo expuesto y fundado que presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

 ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónexhorta al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a que de seguimiento al desarrollo del caso sobre el documental “Presunto Culpable” en el juzgado civil número 17, del Distrito Federal a fin de respetar el derecho humano y constitucional a la libertad de expresión y dar las garantías para que el caso se resuelva de manera objetiva, imparcial y con apego a la ley.

Dado en el Senado de la República a los 17 días del mes de julio de 2013.

 

Acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado de Querétaro a que garantice a líderes de oposición el DDHH a la libre expresión.

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUERETARO A QUE GARANTICE Y RESPETE A LIDERES DE OPOSICIÓN EL DERECHO HUMANO Y CONSTITUCIONAL A LA LIBERTAD DE REUNIÓN, ASÍ COMO A LA LIBRE EXPRESIÓN Y MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS A LA CIUDADANIA, EN ESA ENTIDAD FEDERATIVA.

Ricardo Mejia Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59, del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desafortunadamente para la vida democrática de nuestro país, la mayoría de los gobernadores en México se han vuelto una especie de caciques o señores feudales que buscan, por cualquier medio, mantener el control de lo que sucede bajo sus dominios. Mediante el ejercicio autoritario del poder buscan lo mismo controlar las decisiones del congreso, que tener autoridades a modo en los ayuntamientos, con tal de tener la última palabra en las decisiones, particularmente en todo aquello que afecte sus intereses, no así los de la ciudadanía, que por lo general no son los mismos.

Arbitrariedades por parte de este tipo de gobernadores se documentan a diario, pero suele ser que también han ejercido control sobre la línea editorial de algunos medios de comunicación, con lo que también lo que se dice está bajo su control.

Uno de estos hechos arbitrarios, que buscan limitar las libertades de reunión y de expresión, de la oposición y de un grupo de ciudadanos, es la ejercida recientemente en el estado de  Querétaro, cuando un grupo de choferes y checadores de transporte  público, realizaron una manifestación el pasado 9 de julio, en la Avenida Zaragoza de la Ciudad Capital, en reclamo a un dialogo con representantes del Gobierno del Estado para tratar temas relacionados con el transporte público en la entidad. Esto a raíz de que el Gobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa está implementando un nuevo sistema de prepago  con el que se pretende modernizar el transporte en esta ciudad.

La manifestación de ese grupo de choferes y checadores inició a las 9:30 horas, eran unas trescientas personas, e incluyó el cierre de la vialidades que conducen al centro de la ciudad, por un lapso de aproximadamente de 15 minutos. A la manifestación llegaron los de la policía estatal anti-motines para retirar a la gente que se manifestaba. Aproximadamente a las 10:15 horas terminó la manifestación, el lugarquedo despejado y un grupo de los manifestantes acudieron a dialogar con personal del gobierno del estado.

Horas más tarde después de la manifestación, que podría haber transcurrido como cualquier otra, en una estación de radio del grupoMultimundo, se comenzó a difundir la nota de que el responsable de orquestar la manifestación había sido el regidor del Ayuntamiento de Querétaro por Movimiento Ciudadano, José Luis Aguilera Rico, y anunciaban un video en el que supuestamente se probaba que el regidor tuvo que ver con la manifestación de choferes. Más tarde todos los medios, como si se tratara de una nota nacional, daban a conocer la misma información. En ese momento todas las estaciones de radio, comenzaron a decir lo mismo, hasta Televisa Querétaro comenzó hacer cortes informativos diciendo que tenían el video en sus manos y que en la noche del martes estarían pasándolo.

El propio Serafín Sánchez, coordinador de comunicación social de la Secretaria de Gobierno, difundía por redes sociales la nota, relacionando al regidor de oposición como autor intelectual de la manifestación de los choferes en el centro de la ciudad de Querétaro. A todas luces, un plan orquestado desde la propia área de comunicación social del Gobierno del Estado.

El video que se comenzó a difundir con una duración de dos minutos con 35 segundos, es una versión editada del video de una reunión que duró más de dos horas, que sostuvo el regidor José Luis Aguilera Rico en sus oficinas de enlace como regidor con representantes del transporte público, el 27 de junio del 2013, que lo buscaron a raíz de su posición contra las reformas a la Ley de Transporte en el estado, cuando el fue diputado local.

A esa reunión privada, llegaron unas 30 personas, las que le explicaron al regidor que estarían realizando diferentes manifestaciones para defender su fuente de trabajo y las condiciones del mismo, manifestaron su desacuerdo con el sistema que el gobernador está implementando en el estado en materia de transporte público a través del “sistema RED Q”

El regidor explicó a los asistentes a la reunión en su oficina, durante más de cuarenta minutos, su punto de vista acerca del tema del transporte público en la ciudad de Querétaro, la Ley de Transporte Público en el estado y sobre el sistema que el Gobernador estaba implementando, así como los motivos de las diferencias con ese proyecto. Les instó a ejercer su derecho a manifestar su inconformidad, haciéndolo siempre por la vía de la paz, y sin alterar el orden.

Lo lamentable de la situación, es que la reacción de las autoridades a través del Secretario de Gobierno de Querétaro, Jorge López Portillo, fue advertir que aplicarían la ley contra el autor intelectual de la manifestación. Cuando tanto la manifestación como la  reunión que sostuvieron con José Luis Aguilera Rico, regidor del Ayuntamiento, son acciones dentro del marco de la ley que deben contar con todas las garantías por parte del estado.

Con declaraciones como la del Secretario de Gobierno de Querétaro, se pretende reproducir en la entidad, la estrategia de criminalizar la protesta y a quienes, como en este caso, en el libre ejercicio de sus derechos buscan mejores condiciones de trabajo y para ello acuden ante las autoridades a buscar una solución, como lo fue la reunión que sostuvieron con José Luis Aguilera Rico, regidor por Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, tanto el regidor está en su derecho de mantener este tipo de reuniones, pues para ello está el artículo 9 de la Constitución General, como los choferes de transporte público están también en su derecho a la libre manifestación, sobre todo, si la manifestación transcurrió en paz, sin alterar el orden, ni generar daños en propiedad ajena.

Lo que no es correcto, es usar a los medios de comunicación para iniciar una ofensiva para tratar de desacreditar públicamente la labor de un regidor, que en el ejercicio de sus funciones atendió a un grupo de personas que le plantearon un problema que estaban enfrentando. Lo que tampoco se puede permitir, es que se espíe o vigilen las reuniones que líderes de oposición sostienen, pues con ello se vulnera un derecho fundamental como lo es el de la libertad de reunión o asociación.

Esta situación debe encontrar en el Estado de Derecho un límite y hacer valer los derechos fundamentales de la ciudadanía, y particularmente de aquellos que representan una oposición. La oposición política se requiere además de para ser una opción diferente para la ciudadanía, también se necesita para ser un contrapeso al ejercicio del poder. El poder requiere de equilibrios, de otra forma se vuelve un autoritarismo cada vez más alejado de los principios democráticos a los que aspira nuestra sociedad.

Por lo expuesto y fundado presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta  al gobernador del estado de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa, a que garantice y respete a líderes de oposición el derecho humano y constitucional a la libertad de reunión, así como a la libre expresión y manifestación de las ideas a la ciudadanía, en esa entidad federativa.

Dado en el Senado de la República a los 17 días del mes de julio de 2013.

No habrá Consejero Electoral en el periodo extraordinario, salvo que el PAN o el PRD cedan ante el PRI: Ricardo Mejía Berdeja

No habrá Consejero Electoral en el periodo extraordinario, salvo que el PAN o el PRD cedan ante el PRI: Ricardo Mejía Berdeja

       La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solo obliga a terminar el procedimiento, no a elegir entre los 5 finalistas.

       De la agenda propuesta para este período extraordinario, la reforma para frenar el endeudamiento en estados es la que tendrá mayor impacto a corto plazo.

       Es lamentable que el dictamen sobre transparencia y acceso a la información pública se haya excluido de la agenda.

 De cara al periodo extraordinario de sesiones a realizarse a partir del 16 de julio en la Cámara de Diputados, el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Diputado Ricardo Mejía Berdeja, señaló que “al no concretarse un acuerdo para que también el Senado sesionara, es una muestra de  la premura y la arbitrariedad con la que los integrantes del Pacto por México toman las decisiones, se están viendo sus fracturas y disputas internas; resulta grave que los dos órganos que conforman el Poder Legislativo Federal se encuentren distanciados, cuando es urgente que se dé solvencia a las problemáticas por las que actualmente atraviesa el país”.

 El diputado Mejía Berdeja señaló que la agenda del periodo extraordinario contiene en su mayoría reformas constitucionales, por lo que al no sesionar al mismo tiempo el Senado, tendrán que esperar hasta que haya acuerdo para un nuevo período extraordinario. Cabe destacar que serán cinco los temas que serán discutidos en San Lázaro, entre ellos los dictámenes sobre la deuda en estados; la facultad para legislar sobre un Código de Procedimientos Penales Único; la toma de protesta de diputados suplentes y por último, el dictamen aprobado apenas el pasado jueves relacionado con la homologación de los registros públicos y el catastro. 

 El también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales señalóde la agenda propuesta para este período extraordinario, la reforma para frenar el endeudamiento en estados y municipios es la que tendrá mayor impacto a corto plazo, ya que los estados están actualmente quebrados y es la ciudadanía quien vía impuestos o servicios deficientes están pagando facturas ajenas”.

 Agregó “tan sólo basta con ver las cifras, por ejemplo, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 2008 a 2012, las deudas estatales pasaron de 203 mil millones a 434 mil millones de pesos, es una situación que se debe atender, pues la contratación de deudas por parte de estados y municipios sin control sigue creciendo; por ello, si bien el endeudamiento es transparente y planeado puede ayudar al progreso y desarrollo de los estados, no ocurre así cuando se lleva a cabo de manera escandalosa y criminal; esta reforma no debe verse como un asunto de colores, sino de personas, es necesario establecer los candados legislativos pertinentes.

 Por otro lado, el legislador explicó, “es lamentable que dentro de este periodo extraordinario se hayan excluido temas trascendentales como la discusión del dictamen proveniente del Senado relativo a la reforma en transparencia y acceso a la información pública, por la intención de diputados del PRI de incorporar restricciones en esa minuta y retroceder en el dictamen; no se debe olvidar que quienes se oponen a tal iniciativa buscan asegurar los mecanismos para que siga prevaleciendo la opacidad y la ciudadanía no ejerza plenamente el derecho de acceso a la información pública, negando así un derecho humano fundamental y enterrando el avance que se ha dado a nivel federal en la materia”.

 Asimismo, y en relación con el quinto tema que está contemplado para discutir esta semana, Mejía Berdeja comentó “respecto a la elección del consejero del IFE, sabemos las razones por las cuales les urge que la vacante del Consejo General sea ocupada lo antes posible. El PRI busca recuperar la mayoría en el Consejo General del IFE en temas delicados, misma que perdieron cuando renunció Sergio García Ramírez, a raíz del escándalo de MONEX.  La elección del Consejero Electoral que falta no puede estar supeditada a intereses partidistas, es necesario garantizar la imparcialidad y objetividad de quienes lo integran y con ello evitar que se siga replicando el modelo hasta ahora imperante en la mayoría de las instituciones, las cuales otorgan dádivas y condiciones de permisividad a ciertos actores”.

 “Sólo que el PAN o el PRD cedieran ante el PRI, podría elegirse como Consejero Electoral a alguno de los cinco aspirantes, de otra manera no habrá Consejero del IFE en el periodo extraordinario. Espero que no cedan estos partidos producto del Pacto por México. Se debe emitir otra convocatoria y limpiar el procedimiento para que quien resulte Consejero sea una persona que no este subordinada a las cuotas partidistas. La sentencia del Tribunal Electoral solo obliga a terminar el procedimiento, no necesariamente a elegir en el periodo extraordinario”, subrayó Ricardo Mejía.

Por último, el legislador indicó “Movimiento Ciudadano a pesar de haber sido omitido en la mesa donde se pactó el periodo extraordinario de sesiones, mantendrá su postura crítica sobre los cinco temas a tratar, tal y como lo hemos venido haciendo para abrir las discusiones de los dictámenes en la Comisión de Puntos Constitucionales”.

La permanencia del arraigo es otro de los frutos podridos del Pacto por México: Ricardo Mejía Berdeja

Palacio Legislativo de San Lázaro

28 de abril de 2013 Boletín de prensa

La permanencia del arraigo es otro de los frutos podridos del Pacto por México: Ricardo Mejía Berdeja

• Voté en contra de mantener el arraigo porque viola los Derechos Humanos.

• Las vidas y la integridad de las personas no es un asunto de negociaciones.

• Seguiremos agotando las vías legales para que la eliminación del arraigo se concrete lo antes posible.

 

La permanencia del arraigo en nuestra Constitución es otro de los frutos podridos del Pacto por México, manifestó el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, Vice Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, tras la aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales del dictamen que mantiene esta figura en la Constitución de la República.

Ante la aprobación del dictamen en la citada Comisión,con 24 votos a favor, dos abstenciones y uno en contra, el suyo, Mejía Berdeja, señaló: “vote en contra de mantener el arraigo porque viola los Derechos Humanos. Las vidas y la integridad de las personas no es un asunto de negociaciones.

Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales desoyeron las voces autorizadas de los organismos más reconocidos en materia de derechos humanos. Nadie argumentó a favor de esa figura cruenta, pero todos, salvo dos abstenciones y mi voto en contra, respaldaron el dictamen que lo mantiene”.

El también Secretario de Puntos Constitucionales, retomó varias de las recomendaciones que organismos internacionales han hecho sobre la eliminación del arraigo en México “sabemos lo que ocurre con esta figura, ya lo han dicho organizaciones como Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos y otros prestigiados organismos nacionales e internacionales en la materia, que el arraigo está vinculado con otras violaciones de derechos humanos como la tortura, las detenciones arbitrarias y la desaparición forzada.”

Ante ello, Mejía Berdeja indicó que en el primer período de sesiones, Movimiento Ciudadano propuso un paquete de iniciativas -las cuales aún no son dictaminadas a diferencia de otras provenientes del Pacto por México- en las cuales se contempla tipificar el delito de tortura, adecuar el delito de desapariciones forzadas a los estándares internacionales; que militares que violen Derechos Humanos sean juzgados en Tribunales Civiles, y la relativa a la eliminación total y absoluta del arraigo, “un día es suficiente para violar los Derechos Humanos, por lo que no hay arraigos buenos ni arraigos malos, en esto no hay medias tintas, ni posiciones tibias, se está a favor de los Derechos Humanos o en contra de ellos”, indicó.

Mejía Berdeja denunció que “se ha caído en las presiones de un ministerio público incapaz y corrupto y se ha mantenido una figura que atenta contra el debido proceso y la presunción de inocencia. Una figura que viola los derechos humanos y que ha provocado torturas, tratos vejatorios e inhumanos, además de lastimar no solo a quien la sufre sino a sus familiares y seres queridos”.

El propio Ejecutivo Enrique Peña Nieto planteó en la estrategia nacional de seguridad el tema de la protección de los derechos humanos como prioridad y esto no ha quedado mas que en una postura demagógica, en tanto que el Procurador Jesús Murillo Karam en un principio estaba a favor de su desaparición ante su pobre eficacia y las implicaciones en la violación de derechos humanos y  ahora cambió su postura, indicó Mejía Berdeja.

Por último, el legislador reiteró el compromiso que Movimiento Ciudadano tiene con el respeto irrestricto con los Derechos Humanos, por lo que seguirán agotando las vías legales para que la eliminación del arraigo se concrete lo antes posible. “Es parte de nuestra agenda legislativa y este tema tan sensible no está sujeto a negociación”, concluyó.

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