Diputado Ricardo Mejía Berdeja

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Acuerdo para exhortar al TSJDF a dar las garantías para que el caso del documental “Presunto Culpable” se resuelva de manera objetiva.

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A DAR LAS GARANTÍAS PARA QUE EL CASO DEL DOCUMENTAL “PRESUNTO CULPABLE”  SE RESUELVA DE MANERA OBJETIVA, IMPARCIAL Y CON APEGO AL DERECHO. 

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, cada vez es más común exponer o denunciar un caso de injusticia, impunidad o arbitrariedad por medio de la realización de documentales que, al provocar la indignación y despertar el morbo entre la sociedad, llegan a un gran número de personas generando así una forma de denuncia efectiva.

Tal es el caso del documental Presunto Culpable el cual fue exhibido a nivel nacional en 2011 y que vislumbraba la falla estructural que el sistema de justicia mexicano presenta, al dar a conocer el caso del joven José Antonio Zúñiga, quien fuera acusado de un homicidio que no cometió, siendo víctima de la red de corrupción y opacidad con la que las instituciones encargadas de aplicar la justicia operan en el país.

Ante tal situación, los abogados y cineastas Roberto Hernández, Layda Negrete y un grupo de colaboradores, se hicieron cargo del caso y documentaron en Presunto Culpable todo el proceso plagado de irregularidades que, finalmente, desembocó en la liberación de Zúñiga.

Sin embargo, a dos semanas del estreno del largometraje, comenzaría el largo proceso de censura, que el grupo de realizadores ha enfrentado por más de dos años, debido a que Blanca Lobo Domínguez, jueza decimosegunda de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, ordenó la suspensión provisional de exhibición, distribución y promoción, porque Víctor Reyes Bravo, uno de los testigos que había participado en el caso presentó un juicio de amparo, alegando que se utilizó su imagen sin consentimiento; de manera oportuna se dio un revés a este fallo, por lo que Presunto Culpable siguió exhibiéndose.

A estos hechos, en mayo de este año, se dio a conocer, a raíz de un nuevo demandante, que el documental cuenta con casi veinte demandas las cuales suman tres mil millones de pesos; la última de ellas presentada por Manuel Ortega Saavedra, ex comandante de la Policía Judicial, quien exige 600 millones de pesos porque utilizaron su imagen sin autorización.

Paradójicamente, Presunto Culpable ha sido merecedor de varios premios importantes a nivel internacional, como el Premio de Amnistía Internacional en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2009, o el Premio del Público en el Festival de Cine de Derechos Humanos de Varsovia 2010; pero en México se ha buscado a toda costa evitar su exhibición y reproducción por todas las vías posibles.

De esta manera, en días pasados, se llevó a cabo en el juzgado civil del Distrito Federal, una audiencia para desahogo de pruebas, en la que María del Rosario Mancera Pérez, jueza civil a cargo, quien con anterioridad ya había realizado comentarios negativos frente al caso y con base en lo estipulado en el artículo 59 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito, negó el acceso a los medios de comunicación e incluso rechazó la solicitud de grabar la audiencia por parte de Roberto Hernández y Layda Negrete, bajo el argumento que “el TSJDF manifiesta su rechazo a las acciones de ejercer presiones o amenazas contra el ejercicio de las responsabilidades de este Tribunal”; asimismo, Mancera Pérez, solicitó a los productores dePresunto Culpable, no realizar declaración alguna sobre el proceso demostrando el ambiente de secretismo y censura con la que se ha manejado el proceso; por lo que resulta evidente que no se tienen las condiciones para contar con un juicio justo e imparcial acorde a los estándares en la materia, exhibiendo –de nueva cuenta- la forma en la que el sistema de justicia penal en México realiza su labor; y en lugar de demostrar que lo exhibido en el documental se está tratando de cambiar, se confirma, de manera lamentable, la forma en que el sistema mexicano opera.

Resulta necesario que quienes, en su valiente búsqueda por exhibir casos como éste, no sean perseguidos y sufran de falsos señalamientos, situaciones de acoso, censura e incluso pongan en riesgo su integridad física y la de sus familiares; y tampoco se puede permitir que este tipo de actos sean violentados por el propio sistema como un acto de censura y represión en contra de las personas involucradas.

Es por ello que, atendiendo a la necesidad de garantizar el respeto irrestricto de derechos humanos como el de la libertad de expresión y el ejercicio que ésta conlleva, a la par de contar con las condiciones para que la justicia en este país se lleve a cabo de manera transparente y acorde a la ley, dejando de ser una justicia selectiva.

Además, dada la naturaleza del caso, consideramos pertinente solicitar al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se vigile la actuación de la jueza encargada del mismo, pues ello resulta de suma importancia en relación al Sistema de Justicia en el Distrito Federal, lo que abonará en generar mayor confianza a la ciudadanía en el sistema de justicia, dados los antecedentes en esta materia. Es por lo expuesto y fundado que presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

 ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónexhorta al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a que de seguimiento al desarrollo del caso sobre el documental “Presunto Culpable” en el juzgado civil número 17, del Distrito Federal a fin de respetar el derecho humano y constitucional a la libertad de expresión y dar las garantías para que el caso se resuelva de manera objetiva, imparcial y con apego a la ley.

Dado en el Senado de la República a los 17 días del mes de julio de 2013.

 

Acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado de Querétaro a que garantice a líderes de oposición el DDHH a la libre expresión.

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUERETARO A QUE GARANTICE Y RESPETE A LIDERES DE OPOSICIÓN EL DERECHO HUMANO Y CONSTITUCIONAL A LA LIBERTAD DE REUNIÓN, ASÍ COMO A LA LIBRE EXPRESIÓN Y MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS A LA CIUDADANIA, EN ESA ENTIDAD FEDERATIVA.

Ricardo Mejia Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59, del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desafortunadamente para la vida democrática de nuestro país, la mayoría de los gobernadores en México se han vuelto una especie de caciques o señores feudales que buscan, por cualquier medio, mantener el control de lo que sucede bajo sus dominios. Mediante el ejercicio autoritario del poder buscan lo mismo controlar las decisiones del congreso, que tener autoridades a modo en los ayuntamientos, con tal de tener la última palabra en las decisiones, particularmente en todo aquello que afecte sus intereses, no así los de la ciudadanía, que por lo general no son los mismos.

Arbitrariedades por parte de este tipo de gobernadores se documentan a diario, pero suele ser que también han ejercido control sobre la línea editorial de algunos medios de comunicación, con lo que también lo que se dice está bajo su control.

Uno de estos hechos arbitrarios, que buscan limitar las libertades de reunión y de expresión, de la oposición y de un grupo de ciudadanos, es la ejercida recientemente en el estado de  Querétaro, cuando un grupo de choferes y checadores de transporte  público, realizaron una manifestación el pasado 9 de julio, en la Avenida Zaragoza de la Ciudad Capital, en reclamo a un dialogo con representantes del Gobierno del Estado para tratar temas relacionados con el transporte público en la entidad. Esto a raíz de que el Gobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa está implementando un nuevo sistema de prepago  con el que se pretende modernizar el transporte en esta ciudad.

La manifestación de ese grupo de choferes y checadores inició a las 9:30 horas, eran unas trescientas personas, e incluyó el cierre de la vialidades que conducen al centro de la ciudad, por un lapso de aproximadamente de 15 minutos. A la manifestación llegaron los de la policía estatal anti-motines para retirar a la gente que se manifestaba. Aproximadamente a las 10:15 horas terminó la manifestación, el lugarquedo despejado y un grupo de los manifestantes acudieron a dialogar con personal del gobierno del estado.

Horas más tarde después de la manifestación, que podría haber transcurrido como cualquier otra, en una estación de radio del grupoMultimundo, se comenzó a difundir la nota de que el responsable de orquestar la manifestación había sido el regidor del Ayuntamiento de Querétaro por Movimiento Ciudadano, José Luis Aguilera Rico, y anunciaban un video en el que supuestamente se probaba que el regidor tuvo que ver con la manifestación de choferes. Más tarde todos los medios, como si se tratara de una nota nacional, daban a conocer la misma información. En ese momento todas las estaciones de radio, comenzaron a decir lo mismo, hasta Televisa Querétaro comenzó hacer cortes informativos diciendo que tenían el video en sus manos y que en la noche del martes estarían pasándolo.

El propio Serafín Sánchez, coordinador de comunicación social de la Secretaria de Gobierno, difundía por redes sociales la nota, relacionando al regidor de oposición como autor intelectual de la manifestación de los choferes en el centro de la ciudad de Querétaro. A todas luces, un plan orquestado desde la propia área de comunicación social del Gobierno del Estado.

El video que se comenzó a difundir con una duración de dos minutos con 35 segundos, es una versión editada del video de una reunión que duró más de dos horas, que sostuvo el regidor José Luis Aguilera Rico en sus oficinas de enlace como regidor con representantes del transporte público, el 27 de junio del 2013, que lo buscaron a raíz de su posición contra las reformas a la Ley de Transporte en el estado, cuando el fue diputado local.

A esa reunión privada, llegaron unas 30 personas, las que le explicaron al regidor que estarían realizando diferentes manifestaciones para defender su fuente de trabajo y las condiciones del mismo, manifestaron su desacuerdo con el sistema que el gobernador está implementando en el estado en materia de transporte público a través del “sistema RED Q”

El regidor explicó a los asistentes a la reunión en su oficina, durante más de cuarenta minutos, su punto de vista acerca del tema del transporte público en la ciudad de Querétaro, la Ley de Transporte Público en el estado y sobre el sistema que el Gobernador estaba implementando, así como los motivos de las diferencias con ese proyecto. Les instó a ejercer su derecho a manifestar su inconformidad, haciéndolo siempre por la vía de la paz, y sin alterar el orden.

Lo lamentable de la situación, es que la reacción de las autoridades a través del Secretario de Gobierno de Querétaro, Jorge López Portillo, fue advertir que aplicarían la ley contra el autor intelectual de la manifestación. Cuando tanto la manifestación como la  reunión que sostuvieron con José Luis Aguilera Rico, regidor del Ayuntamiento, son acciones dentro del marco de la ley que deben contar con todas las garantías por parte del estado.

Con declaraciones como la del Secretario de Gobierno de Querétaro, se pretende reproducir en la entidad, la estrategia de criminalizar la protesta y a quienes, como en este caso, en el libre ejercicio de sus derechos buscan mejores condiciones de trabajo y para ello acuden ante las autoridades a buscar una solución, como lo fue la reunión que sostuvieron con José Luis Aguilera Rico, regidor por Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, tanto el regidor está en su derecho de mantener este tipo de reuniones, pues para ello está el artículo 9 de la Constitución General, como los choferes de transporte público están también en su derecho a la libre manifestación, sobre todo, si la manifestación transcurrió en paz, sin alterar el orden, ni generar daños en propiedad ajena.

Lo que no es correcto, es usar a los medios de comunicación para iniciar una ofensiva para tratar de desacreditar públicamente la labor de un regidor, que en el ejercicio de sus funciones atendió a un grupo de personas que le plantearon un problema que estaban enfrentando. Lo que tampoco se puede permitir, es que se espíe o vigilen las reuniones que líderes de oposición sostienen, pues con ello se vulnera un derecho fundamental como lo es el de la libertad de reunión o asociación.

Esta situación debe encontrar en el Estado de Derecho un límite y hacer valer los derechos fundamentales de la ciudadanía, y particularmente de aquellos que representan una oposición. La oposición política se requiere además de para ser una opción diferente para la ciudadanía, también se necesita para ser un contrapeso al ejercicio del poder. El poder requiere de equilibrios, de otra forma se vuelve un autoritarismo cada vez más alejado de los principios democráticos a los que aspira nuestra sociedad.

Por lo expuesto y fundado presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta  al gobernador del estado de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa, a que garantice y respete a líderes de oposición el derecho humano y constitucional a la libertad de reunión, así como a la libre expresión y manifestación de las ideas a la ciudadanía, en esa entidad federativa.

Dado en el Senado de la República a los 17 días del mes de julio de 2013.

Confirmada para la próxima semana la reunión con la titular de Juegos y sorteos de Gobernación: Ricardo Mejía Berdeja.

Palacio Legislativo de San Lázaro

12 de mayo de 2013

Boletín de Prensa

 

Confirmada para la próxima semana la reunión con la titular  de Juegos y sorteos de Gobernación: Ricardo Mejía Berdeja.

 

  • Se llamará a exfuncionarios de gobernación para conocer los criterios con que se otorgaron permisos y descartar si hubo o no intención de beneficiar a determinadas empresas.
  • Se solicitará a la dependencia acceso a los expedientes de los permisos y al historial judicial.

El Diputado Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión Especial para indagar el funcionamiento de las instancias del Gobierno Federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para Juegos y Sorteos, confirmó que el martes de la próxima semana, se tiene programada la reunión de trabajo que se se había pospuesto con Marcela González Salas, Directora General de Juegos y Sorteos. La reunión tiene como objetivos intercambiar puntos de vista y profundizar en el análisis de la situación que guardan los permisos para la operación de casas de juegos y sorteos en el país; tener la claridad de los casinos que operan de manera irregular, o que carecen de condiciones de seguridad para que se tomen cartas en el asunto.

Se solicitará a la servidora pública federal,  se otorguen todas las facilidades para conocer los expedientes de los 32 permisos vigentes, según la lista que se les hizo llegar por parte de esa dependencia; así como, para revisar el historial de los juicios que se llevaron a cabo y por virtud de los cuales se otorgaron los mismos mediante resoluciones judiciales, en especial en el sexenio pasado, indicó el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

“La Comisión Especial también revisará la situación que guardan las licenciadas de funcionamiento que a nivel local se están dando por parte de gobiernos estatales y municipales, porque la problemática de los establecimientos dedicados a juegos y sorteos no sólo atraviesa por el orden federal, sino también en las entidades federativas existen problemas que hay que atender con relación a esta industria”, confirmó Mejía Berdeja.

Por otra parte, el presidente de la Comisión Especial, Ricardo Mejía, insistió en que se invitará a exfuncionarios de gobernación relacionados con el tema, ya que es importante conocer los criterios que se aplicaron en el sexenio anterior, para otorgar o revocar permisos en medio de procesos judiciales, pues es necesario tener claridad del modo como se operó y descartar si hubo o no intervención de los funcionarios para beneficiar a determinadas empresas.

Los ex funcionarios públicos relacionados con el otorgamiento de licencias y permisos a casas de juegos y sorteos, que se propondrá sean convocados en un primer momento son Obdulio Ávila Mayo, quien fuera Subsecretario de Gobernación en el sexenio anterior, Araceli Barroso, ex titular de la Dirección de Juegos y Sorteos; Carlos Armando Reinoso Nuño, ex titular de la Unidad de Gobierno de SEGOB, y José Epigmenio Zermeño, ex funcionario de la misma dependencia; quienes participaron en el caso del otorgamiento de permisos en el último tramo de la administración de Felipe Calderón.

Esto con motivo de las investigaciones que la Comisión ha realizado sobre el tema, las cuales han evidenciado que la mayoría de los permisos otorgados en el sexenio anterior derivaron de resoluciones judiciales; por el otro lado está el caso de Exciting Games y Producciones Móviles quienes originariamente tenían el carácter de operadores y no de permisionarios, comentó el legislador federal.

Mejía Berdeja añadió que “es necesario avanzar en la revisión de la legislación que regula a la industria de juegos y sorteos en México, vigente desde 1947, pues se debe actualizar para generar certeza jurídica para desarrollar el sector en condiciones de seguridad para usuarios, responsabilidades fiscales y financieras para hacer de ésta, una industria que realmente contribuya al desarrollo económico de los lugares en que se instalan. Para lo cual, adelantó que la Comisión prevé avanzar en la revisión del marco jurídico que regula la industria de juegos y sorteos y hacer propuestas para las mejores prácticas en el sector”.

Por último, afirmó “no estamos en contra de esta industria, lo que no queremos es que se preste a la corrupción, es necesario que haya transparencia y un buen ejercicio de la función pública.”

Denunciará Movimiento Ciudadano a Rubén Moreira por manejo clientelar de programas sociales

Saltillo, Coahuila

7 de mayo de 2013

Boletín de Prensa

Denunciará Movimiento Ciudadano a Rubén Moreira por manejo clientelar de programas sociales

En Coahuila el gobernador es también jefe de campaña: Dip. Ricardo Mejía

En conferencia de prensa en Saltillo, Coahuila, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, refrendó que presentará denuncia penal en contra del gobernador del estado, Rubén Moreira por el uso indebido de atribuciones, peculado, coalición de servidores públicos, y delitos electorales y demás que resulten por el manejo electorero, clientelar y partidista de programas sociales.

Lo que sucedió en Veracruz es un juego de niños comparado a lo que sucede aquí en Coahuila pues el gobernador dio directamente el banderazo para dedicarse al proselitismo electoral, aquí el gobernador actúa como jefe de campaña, aseguró.

Durante la conferencia de prensa, el legislador de Movimiento Ciudadano explicó que a través de los Comités de Política Popular y Acción Social (COMPPAS), se están bajando los programas sociales municipales, estatales y federales con el voto condicionado de la ciudadanía.

“Están desatados bajando los programas sociales a través de los Comppas, de hecho existen más de 3 mil de ellos. A esto debemos considerar que en ninguna normatividad de programas sociales viene la constitución de esos Comités. Estamos frente a la nueva ola roja del PRI”, indicó.

Mejía Berdeja recordó que Movimiento Ciudadano es la única oposición en el estado pues considero una farsa que por un lado el gobierno utilice los programas sociales y por otro lado, los dirigentes estatales de los partidos políticos sean sus paleros en actos públicos.

“El Pacto por México desdibuja la oposición, el PAN ya negoció y dejaron de hacer ruido, pero nosotros no claudicaremos, denunciaremos al gobernador pues él está detrás de todo, es el jefe de campaña”, dijo.

Anunció que mañana en la Comisión Permanente, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, presentará un punto de acuerdo, el cual es suscrito por él, para que se exhorte a la FEPADE y abra una investigación para el caso de los COMPPAS, así como pedir a la Comisión Especial de Programas Sociales para que tome cartas en el asunto.

Finalmente, el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados anunció que la campaña electoral de este instituto político consistirá en explicarle a la gente lo que representa el PRI, pues los cinco meses de gobierno han traído seis  gasolinazos, alza en tarifas eléctricas, precios en la canasta básica, además de la pretensión de gravar con IVA alimentos y medicinas.

 

Los cinco meses de Enrique Peña Nieto han afectado economía familiar: Ricardo Mejía Berdeja

Palacio Legislativo de San Lázaro

5 de mayo de 2013

Boletín de Prensa 

Los cinco meses de Enrique Peña Nieto han afectado economía familiar: Ricardo Mejía Berdeja

  • Gasolinazos, aumento a las tarifas eléctricas y la amenaza del IVA en alimentos y medicinas, reflejan insensibilidad y desprecio a la ciudadanía.

A cinco meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, el balance hasta ahora es de mayores golpes a la economía familiar y popular, en cuanto aumentos puras malas noticias recibe la población, afirmó el Vicecoordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ricardo Mejía Berdeja.

El nuevo gasolinazo, el sexto en lo que va del sexenio, sumado al aumento a las tarifas de energía eléctrica de 8.4 por ciento repercutirán en la economía familiar, ya que los aumentos que la Comisión Federal de Electricidad plantea únicamente para los “usuarios domésticos de alto consumo” afectarán a una gran parte de la población por la gran discrecionalidad con que la paraestatal aplica sus cobros.

Mejía Berdeja,  Secretario de la Comisión de Energía, expresó que en la Estrategia Nacional de Energía aprobada hace unas semanas en el Congreso ya se establecían dichos aumentos a las tarifas, por esa razón Movimiento Ciudadano votó en contra de la citada estrategia. “El tiempo desafortunadamente nos está dando la razón. Esta estrategia no sólo es la avanzada privatizadora en el sector, sino la vía para los aumentos a las tarifas que ya se están aplicando”.

El Vicecoordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro indicó que la economía y la inseguridad son dos asignaturas donde la Administración Federal ha fallado hasta el momento, y donde la población no ha visto ningún cambio, sino retrocesos, “el gobierno federal ha utilizado el Pacto por México como mecanismo de distracción para realizar estos aumentos y medidas que dañan la economía de millones de familias, nosotros lo tenemos claro y por eso no hemos avalado estas acciones y las seguiremos denunciando”, señaló Mejía Berdeja.

Las reformas como la laboral y la educativa, no representan una mejora para la población, sino medidas efectistas, mientras que a la población se le sigue dañando con los aumentos, expresó el legislador federal.

Por último Ricardo Mejía Berdeja recordó que en la Comisión de Energía se creó un grupo de trabajo para revisar las tarifas de electricidad debido a que en diferentes regiones del país tanto en el norte como en el sur, especialmente donde hay climas extremosos, la ciudadanía está planteando que las tarifas se ajusten a la baja porque afectan gravemente la economía regional, pero frente a la insensibilidad del gobierno, ve difícil que prosperen estas disminuciones, “no sólo no hay voluntad, sino que se están aumentando estas tarifas, el gobierno de Peña Nieto cree que el pueblo resiste todos estos golpes a la economía, pero la paciencia del pueblo no es infinita”, concluyó.

Pacto por México una relación sado-masoquista

Ricardo-Mejia-Berdeja-Pacto-Por-Mexico

 

El Pacto por México se ha convertido en un lastre para la democratización del país y en una muralla de contención del diálogo social. Es un cónclave cerrado en el que se definen temas y leyes por encima del Congreso de la Unión y de la interacción con los sectores sociales involucrados en las reformas que se construyen.

Es mentira que en el Pacto por México se construyen acuerdos en beneficio de la población: es un instrumento para imponer un proyecto entreguista y excluyente; es un supremo poder conservador que ha servido para edificar el culto a la personalidad del Ejecutivo y es, sin duda, la palanca de la restauración autoritaria del PRI de hoy.

El Pacto por México se ha convertido en un aparato de legitimación para dar la imagen de que se avanza en el país cuando sus primeros productos, como la reforma educativa, han generado más problemas que soluciones.

De manera centralista desde el Pacto por México se imponen leyes, se pisotean los procedimientos parlamentarios en la Cámara de Diputados y se dicta línea para reprimir movimientos sociales. Es un instrumento del fascismo y de la anti política, es el “ni los veo, ni los oigo” de este nuevo salinismo autoritario e inconsulto.

En ese contexto, la Cruzada Contra el Hambre es la versión moderna de aquel programa “Solidaridad” que se implementó durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Por eso, los partidos que han acompañado al gobierno federal (PRD y PAN) en la construcción de este supra poder no pueden llamarse a engaño cuando su aliado, el PRI, manipula los programas sociales desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para comprar votos, como en el caso Veracruz, pero lo mismo sucede en todas las entidades con elecciones. Se alían con el diablo y se quejan de sus pecados.
Ante ello, hemos señalado que por congruencia ante lo que han llamado un atropello electoral y la utilización perversa de la Cruzada Contra el Hambre bajo el mando de Rosario Robles Berlanga, el PAN y el PRD deben romper el Pacto por México, de lo contrario todo será nada más que una desavenencia coyuntural.

Se enojan en el día y como buen matrimonio se contentan en la noche, pero peor sería que estemos hablando de una relación sadomasoquista en la que uno (el PRI gobierno) golpea y se ensaña, y el otro (PAN – PRD) disfruta de estas agresiones.

Es momento de la congruencia y de tomar decisiones políticas. Por eso en Movimiento Ciudadano decidimos no sumarnos al Pacto con México y con la autoridad moral de no avalar sus decisiones pedimos a Enrique Peña Nieto el cese inmediato de su cargo a Rosario Robles Berlanga, así como del coordinador de delegaciones de la Sedesol (o mejor dicho PRIdesol) Pedro de León Mojarro, y de los delegados estatales con antecedentes de ser operadores políticos del PRI.

Twitter: @RicardoMeb
Columna escrita para ADN Político.

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