Diputado Ricardo Mejía Berdeja

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No dilatar más el nombramiento del Fiscal de Desapariciones Forzadas insiste Ricardo Mejía Berdeja

*Desaparición forzada en México en niveles similares a Siria y Paquistán

Chilpancingo, Guerrero a 6 de diciembre de 2015.- Insistiremos en el nombramiento del o la nueva titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas dijo Ricardo Mejía Berdeja y pidió que el Fiscal General del Estado haga una consulta con los familiares de las víctimas y con organismos de derechos humanos para que envíe al Congreso su terna para encabezar la Fiscalía Especializada.

Ricardo Mejía Berdeja, como Coordinador del Grupo Parlamentario presentó un exhorto al Lic. Xavier Olea Peláez, Fiscal General del Estado para que también implemente a la brevedad el “Protocolo para la investigación y búsqueda de personas no localizadas”, con el objeto de atender la búsqueda, investigación y localización con vida de personas que hubieren sido denunciadas como desaparecidas o no localizadas.

Durante el punto de acuerdo parlamentario expuesto, el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública se refirió al caso de la desaparición involuntaria de Juan Mendoza Tapia, su esposa Carolina Francisca Santos Delgado, Ramiro Galindo Salomen y César Suarez Cisneros ocurrido en Chilpancingo y dijo que a pensar de las reuniones con el Fiscal y otros funcionarios los familiares argumentan que no hay avances sustantivos y dijo que “nadie tiene el derecho de privar de su libertad a ninguna persona en México ni el en el Estado”.

La desaparición trae consigo una bruma de inseguridad que no se limita a solo a los parientes sino que afecta a la sociedad y agregó que la presencia del miedo y la esperanza al mismo tiempo es una angustia permanente. A este crimen se suma la extorsión moral a manos de aquellos que prometen avances en las averiguaciones a cambio del silencio de las víctimas o que abandonen la búsqueda de sus familiares.

El también presidente de la Comisión Especial para el Caso Iguala concluyó diciendo que lejos de bajar las cifras de desaparecidos, se ha ido incrementando y denunció hay casi 27 mil casos de personas no localizadas y agregó que según estudios, la desaparición forzada en el país tiene niveles similares a Siria o Paquistán de acuerdo al Grupo de trabajo de la ONU en materia de desaparición forzada.

Propuesta de acuerdo: Salario mínimo

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,  en uso de las facultades que nos confieren el artículo 127 párrafo cuarto, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 286, sometemos a consideración de esta Soberanía Popular, la presente propuesta de Acuerdo Parlamentario, al tenor de los siguientes:

 

CONSIDERANDOS

 

La figura jurídica del salario mínimo o remuneración mínima, fue empleada por primera vez en Australia y Nueva Zelanda en el siglo XIX[1], concebida para solventar la problemática padecida por los trabajadores, especialmente mujeres y jóvenes, cuya remuneración era tan baja que no les permitía lograr la autosuficiencia para ellos y sus familias.

 

A partir de entonces, varios Estados acogen esta figura, entre ellos, México, que en la Constitución de 1917, en su artículo 123, fracción VI, establece el salario mínimo, por primera vez con amplitud nacional, como una de las bases para las leyes sobre el trabajo que habrían de expedir el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados.

 

Esta base constitucional sentó fue el parte aguas, para que en el 6 de septiembre de 1929, se publicara en el Diario Oficial de la Federación la reforma de la fracción X del artículo 73 de la Constitución, que le dió facultad al Congreso para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 de la propia Constitución; y también se modificó el prefacio de ese mismo precepto  para dejar de incluir a las legislaturas de los Estados entre los órganos que habrían de expedir tales leyes; dos años más tarde, en agosto de 1931, se promulgó la Ley Federal del Trabajo.

 

No fue sino hasta el 1 de enero de 1934, que se fijó el primer salario mínimo de alcance nacional.

 

Los instrumentos internacionales han señalado que por salario mínimo puede entenderse la suma mínima que deberá pagarse al trabajador por el trabajo o servicios prestados, dentro de un lapso determinado, bajo cualquier forma que sea calculado, por hora o por rendimiento, que no puede ser disminuida, ni por acuerdo individual ni colectivo, que está garantizada por la ley y puede fijarse para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y de su familia, teniendo en consideración las condiciones económicas y sociales de los países.[2]

 

El Estado mexicano, por su parte, en el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción VI, estableció que el salario mínimo comprende un referente del monto económico irreductible que debe, por mandato jurídico, percibir diariamente toda persona que realiza un trabajo personal y subordinado, a efecto de satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de sus dependientes económicos.

 

Sin embargo, la realidad que se vive en México es distinta, lastimosamente para muchos mexicanos, los ideales del Constituyente de 1917, no se han podido materializar.

 

Al efecto, cabe señalar que durante el primer trimestre del 2016, en el país había 32 millones 730 mil 599 trabajadoras y trabajadores asalariados, mismos que representaban casi el 27% de la población total, según los indicadores estratégicos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los cuales, poco más de 3 millones 875 mil tuvieron ingresos remunerados de hasta un solo salario mínimo general o menos.[3]

 

Si comparamos estos datos, con los establecidos en la línea de bienestar mínimo, de marzo de 2016, en la que se estableció que el valor de la canasta básica por persona al mes es de $2,714.66, resulta inconcuso que los $70.10 pesos diarios, que constituyen el salario mínimo[4], nos damos cuenta de que el salario mínimo general vigente resulta insuficiente para atender las necesidades básicas de una persona, cuanto y más de un jefe o jefa de familia.

 

Lo anterior, es motivo suficiente para sostener que el salario mínimo general vigente, es inconstitucional, por contravenir las disposiciones establecidas en el artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

No obstante lo anterior, nuestro país sigue inmerso en una política que lastimosamente ha cedido ante el concepto ortodoxo de la economía neoclásica, que considera que el incremento del precio (salarios) habrá de resultar en una disminución de la demanda.

 

Sin embargo, existen cuestiones teóricas y prácticas de peso que cuestionan esta premisa.

 

Desde la óptica teórica, resulta ampliamente conocida la idea expuesta por Keynes en su Teoría General, que postula que los salarios como tales no ejercen impacto tangible sobre el nivel general de empleo, que está determinado en cambio por el nivel de la demanda total. Según sus propias palabras, “…la lucha en torno a los salarios nominales afecta primordialmente a la distribución del monto total de salarios reales entre los diferentes grupos de trabajadores…”[5]

 

En el mundo real se confirma este concepto. A manera de ejemplo, podemos decir que, en el actual contexto económico, resulta esencial preservar el salario mínimo para no incrementar aún más la deflación destructiva ni aumentar la tensión social. Además, al momento de combatir la desigualdad, un salario mínimo fuerte puede contribuir significativamente en los resultados.

 

Al respecto, basta comparar el desempeño de Alemania con Francia para apreciar la diferencia.

 

Con el salario mínimo nacional probablemente más alto de Europa, este último país se erige como uno de los pocos donde en los últimos veinte años no se ha incrementado la desigualdad. Entretanto, en Alemania, sin salario mínimo, se ha observado una explosión de trabajadores con bajos salarios y un aumento de las desigualdades, en gran parte debido al derrumbe de la línea inferior de la distribución de ingresos.[6]

 

Otro claro ejemplo es el de Brasil, en donde los sindicatos ejercieron presión sobre el Gobierno entrante de Luiz Inácio Lula da Silva, a comienzos de la primera década de este siglo, para renovar el compromiso de un salario mínimo, que se tradujo en un gradual avance y recuperación del valor de dicho salario. Estos incrementos del valor real del salario mínimo no sólo no provocaron la desaceleración económica, sino que puede decirse que la redistribución del ingreso que se produjo desde entonces contribuyó al dinamismo de la economía brasileña.

 

Por otra parte, cabe decir que el 27 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, con lo cual se elimina una de las principales barreras para no otorgar a los salarios mínimos incrementos mayores.[7]

 

Previo a la reforma constitucional, se argumentaba que el aumento al salario mínimo impactaría en el cumplimiento de diversas obligaciones, créditos, derechos contribuciones, sanciones administrativas o penales, por lo que se pensaba que mantener el salario mínimo bajo era conveniente para la economía nacional, para evitar repercusiones en muchos ámbitos de la vida en México.

 

Tomando en consideración lo anterior en la reforma constitucional el Estado mexicano consideró apremiante desindexar el salario mínimo de cualquier unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones o como unidad de referencia en la economía, de tal forma que el concepto de salario mínimo se refiere ahora única y exclusivamente a la remuneración mínima que debe percibir un trabajador, siendo suficiente para la atención de sus necesidades básicas.

 

Con esta modificación a nuestro ordenamiento supremo, se abre la posibilidad de incrementar los salarios mínimos, para que sean superiores a los que se han otorgado, sin el temor de que ello repercuta en la economía nacional.

 

Finalmente, se destaca el hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el pasado 13 de julio de 2016, remitiera a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un documento denominado “SALARIO MÍNIMO Y DERECHOS HUMANOS”, en el que concluyó lo siguiente:

 

1. El salario mínimo, como figura que refleja el monto económico irreductible que debe percibir diariamente toda persona que realiza un trabajo personal y subordinado, conjuntamente con las medidas de protección social, constituyen el medio fundamental para asegurar una vida digna; pues de ello depende el acceso a servicios y satisfactores que contribuyan al disfrute de los derechos humanos consustanciales al bienestar de las personas, tales como la alimentación, la vivienda adecuada con servicios indispensables, la salud, el agua y el saneamiento, por mencionar solo algunos.

 

  1. Las cifras de pobreza en México, incluyendo la pobreza extrema, así como el número trabajadoras y trabajadores, sean o no formales, cuyos ingresos no alcanzan a cubrir para sí ni para su familia las necesidades normales en el orden material, social, cultural y educativo, reflejan problemáticas que hacen necesario enfatizar que la suficiencia del salario mínimo general es un tema de derechos humanos, toda vez que un monto que no asegure la cobertura de los satisfactores más elementales para vivir dignamente impide la realización de diversos derechos básicos.

 

  1. Desde el punto de vista jurídico, nuestra Constitución Política, las normas en materia de derechos humanos previstas en los instrumentos internacionales; los criterios del Poder Judicial de la Federación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los órganos de vigilancia de los tratados y mecanismos especiales, destacan la importancia de proveer a las trabajadoras y a los trabajadores en activo, así como a aquellos jubilados, pensionados y beneficiarios de haberes de retiro derivados de la seguridad social que perciben el equivalente a un salario mínimo, las condiciones materiales necesarias para alcanzar un nivel de vida adecuado, entre ellas un salario mínimo suficiente.

 

A mayor abundamiento, dado que contar con un salario mínimo suficiente, aunado al beneficio de contar con medidas eficaces de protección social, permitirían a las trabajadoras, los trabajadores y sus familias, satisfacer sus necesidades básicas, resulta positiva y de gran relevancia la incorporación del sector ocupado a esquemas laborales formales.

 

  1. La suficiencia del salario mínimo y el acceso a prestaciones laborales complementarias son elementos que contribuyen al ejercicio de la igualdad entre trabajadoras y trabajadores; a la protección de la niñez, de las personas con discapacidad y personas adultas mayores, dicho enfoque debe tomarse en cuenta en los procedimientos que se lleven a cabo para determinar el monto de dicha remuneración.

 

  1. La suficiencia del salario mínimo no se ciñe a elementos estáticos, sino que involucra todos aquellos aspectos conducentes al mejoramiento continuo y progresivo del nivel de vida de las trabajadoras y los trabajadores, así como de sus familias. Por ende, la fracción VI del inciso A del artículo 123 Constitucional, relativo a “… [l]as necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos” no debe ser entendido de manera restrictiva, sino a la luz del artículo 1º constitucional, más aún cuando su contenido normativo posee un ineludible vínculo con el goce de diversos derechos humanos, por lo que su interpretación debe ser conforme a aquellas normas que favorezcan la protección más amplia de las personas.

 

En ese sentido, la labor de las instituciones de estadística y de evaluación social ofrece una aproximación que puede ser tomada en cuenta por las instancias encargadas de la suficiencia salarial, en aquello que resulten coincidentes con los aspectos a considerar, para que el salario satisfaga, como base, un mínimo de bienestar para una vida digna.

 

  1. Es necesario que la política de recuperación gradual y sostenida del poder adquisitivo de los salarios mínimos generales y profesionales, asegure que el monto del salario mínimo, aunado a las medidas de protección social, sea adecuado para que las trabajadoras y los trabajadores que perciben el equivalente a uno solo y sus familias, vivan dignamente, con pleno goce y disfrute de los derechos humanos.

 

  1. La naturaleza y alcance de las obligaciones del Estado Mexicano en materia de derechos humanos, que incluyen el fortalecimiento progresivo del salario mínimo, conllevan también a considerar el estudio de los esquemas, órganos y procedimientos a través de los cuales se hacen las estimaciones para fijar el monto mismo del salario, esto incluiría, por ejemplo, analizar la naturaleza y alcance del rol que corresponde al gobierno en la determinación del monto del salario mínimo; la representatividad de los actores que participan en los procedimientos correspondientes, en particular se analice si los intereses y necesidades de quienes perciben un salario mínimo tienen una manera efectiva para ser planteados y atendidos; y si el esquema mismo de la negociación es el adecuado para dar cuenta de los estándares de derechos humanos involucrados.
  2. No debe perderse de vista que el Estado tiene un deber primario de respeto hacia los derechos humanos, pero que en su misión de protección de tales derechos ha de realizar las acciones necesarias para que, en el esquema de su participación en la fijación del salario mínimo, otros sectores, como el empresarial o el sindical, otorguen la debida prioridad a la salvaguarda de la dignidad humana.”

 

Por consiguiente, ante la existencia de un salario mínimo general que resulta insuficiente para atender las necesidades normales de un jefe o jefa de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de sus dependientes económicos; y tomando en consideración el éxito de las economías que han implementado políticas tendientes a fortalecer el salario mínimo, los Diputados Ciudadanos, con fundamento en los artículos 127 párrafo cuarto, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 286, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, el siguiente:

 

ACUERDO PARLAMENTARIO

 

ÚNICO. El Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), para que lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos generales, asegurando que estos sean suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe o jefa de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de sus dependientes económicos.

 

TRANSITORIOS

 

PRIMERO. El presente Acuerdo Parlamentario surtirá efectos a partir de la fecha de su aprobación.

 

SEGUNDO. Remítase el presente Acuerdo a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

 

TERCERO. Publíquese íntegramente el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en la página WEB del Honorable Congreso del Estado y en dos diarios de mayor circulación en la entidad para su divulgación.

 

 

 

[1] The Cost of Living. Filadelfia: American Academy of Political and Social Science, 1913.

[2] Salarios mínimos: mecanismos de fijación, aplicación y control, Informe III (Parte 4 B), Conferencia Internacional del Trabajo, 79.ª reunión, Ginebra, 1992.

[3] La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) es la consolidación y fusión de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) y la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), que por más de 20 años estuvieron proporcionando información de la población ocupada y desocupada.

[4] Sin incluir prestaciones laborales u otras medidas de protección social

[5] J.M. Keynes. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, México, Fondo de Cultura Económica. 2003.

[6] Informe mundial sobre salarios 2008/2009 de la Oficina Internacional del Trabajo.

[7] La desvinculación o desindexación del salario mínimo como unidad de cálculo o referencia establecida por la legislación mexicana para cuestiones ajenas será calculado a partir de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

 

Punto de acuerdo para reforzar las medidas pertinentes respecto a la aprobación de solicitudes de reconocimiento de condición de refugiado

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob; de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; y del INM a reforzar las medidas pertinentes respecto a la aprobación de solicitudes de reconocimiento de condición de refugiado, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

En la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria publicada el 27 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se establece en su artículo 13 los supuestos por los cuales una persona puede llegar a considerarse como refugiado, los cuales son:

I. Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él;

II. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, y

III. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado de actividades realizadas, durante su estancia en territorio nacional, tenga fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o su vida, seguridad o libertad pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.

En dicho tenor, la ley en mención contempla el procedimiento que la o el solicitante de la condición de refugiado debe seguir en miras de que la Secretaría de Gobernación (Segob) por medio de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) le reconozca como tal.

A partir de marzo de 2002, el gobierno de México a través de la Comar como órgano especializado, asumió la responsabilidad de analizar cada solicitud de refugio presentada por un extranjero en nuestro país; labor que desde 1982, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) había desempeñado bajo su mandato. Actualmente, la Comar, analiza las solicitudes individuales de refugio mediante una investigación minuciosa y un análisis especializado. De igual forma atiende las necesidades prioritarias de los refugiados mediante esquemas de colaboración con otras dependencias, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, propiciando la no discriminación, la unidad familiar y la integración local.1

Cabe destacar que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) coadyuva en diversas actividades con la Segob, mismas que se encuentran plasmadas en el artículo 15 de dicha ley, así como en la manifestación de opiniones respecto a las solicitudes de reconocimiento de condición de refugiado con el objetivo de que la Segob emita “una resolución escrita, fundada y motivada” en cada uno de los casos.

Al respecto, en el Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria establece en su artículo tercero los criterios para la aplicación de la ley como del reglamento en cuestión por lo que el 7 de marzo de 2011 se publicó en el DOF el acuerdo por el que se delegan facultades para ejercer las atribuciones en materia de refugiados y protección complementaria previstas en la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria a favor del subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos; del titular de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y del titular del Instituto Nacional de Migración.

En este contexto se dio a conocer que según cifras de la Comar, de 2009 a 2013 se recibió la solicitud de refugio de 4 mil 589 personas de diferentes nacionalidades (representando un aumento de 90.5 por ciento) pero de éstas sólo se aceptó 24.7 por ciento (es decir mil 334).2 Asimismo, se informó que casi cuatro de cada diez solicitudes provienen de Honduras (mil 289) y El Salvador (967), países que dominan la lista de peticiones de refugio seguidos de otros de América Latina como Cuba (312), Guatemala (285), Colombia (269) y Nicaragua (110).3

A la par, es necesario destacar el porcentaje de solicitudes aceptadas por año en el último lustro, ya que para 2009 los refugiados aceptados (123) representaron sólo un 18.09 por ciento del total de solicitudes (680); para 2010, 23.14 por ciento, es decir 243 de mil 50; en 2011 se aceptaron 259 de un total de 752 solicitudes, lo cual significó 34.44 por ciento; en el mismo sentido, se aceptaron 243 de 811 solicitudes (29.96 por ciento) en 2012, mientras que el año pasado 20.52 por ciento de las solicitudes recibidas, es decir 266 de mil 296 fueron aceptadas.

Por último, resulta indispensable visibilizar la imagen que nuestro país tiene a nivel internacional respecto al apoyo a refugiados, por ejemplo a raíz del proceso histórico del siglo XX, el cual provocó que se abrieran las puertas a miles de españoles durante la Guerra Civil, quienes a su vez propiciarían un importante movimiento de aportaciones culturales, sociales y políticas en México.

Por tales razones y entendiendo la deuda histórica con las personas migrantes –independientemente de su estado jurídico– y en este caso, con quienes en la búsqueda de protección y una mejor calidad de vida solicitan refugio en nuestro país, consideramos urgente y necesario revisar las políticas que se han establecido en la materia a nivel federal en miras de garantizar más y mejores oportunidades así como el pleno respeto a sus derechos humanos. Es por ello que atendiendo a esta demanda que debe atenderse tanto a nivel nacional como internacional, presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a Mercedes del Carmen Guillén Vicente, titular de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación; a Sandra Velasco Ludlow, titular de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y a Ardelio Vargas Fosado, comisionado del Instituto Nacional de Migración a, en el marco de sus atribuciones, reforzar las medidas pertinentes respecto a la aprobación de solicitudes de reconocimiento de condición de refugiado.

Notas

1. Comar, ¿Quiénes Somos? / La nueva tendencia, [en línea], México, Dirección URL: http://www.comar.gob.mx/es/COMAR/La_nueva_tendencia

2. Animal Político, “Se duplican solicitudes de refugio en México; 75% son rechazadas”, [en línea], México, Dirección URL: http://bit.ly/1gkThte

3. Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2014.

(Rúbrica)

Punto de acuerdo que exhorta al gobernador de Baja California Sur, para promulgar el decreto 2122 que establece el delito de feminicidio

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Baja California Sur a promulgar el decreto 2122, expedido el 28 de noviembre de 2013 por el congreso local, mediante el cual se adicionó el artículo 265 Bis al Código Penal vigente, con el establecimiento en dicho numeral del delito de feminicidio, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El 2 de febrero del año en curso el portal de noticas Sin Embargo dio a conocer que el gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor, vetó el decreto 2122, expedido el 28 de noviembre de 2013 por el Congreso local, mediante el que se adiciona el artículo 265 Bis al Código Penal vigente, estableciendo en dicho numeral el delito de feminicidio.

Cabe recalcar el clima en que los actos de violencia contra la mujer han incrementado en dicha entidad. Datos del Observatorio de Violencia Social y de Género de Baja California Sur revelan que desde 2009 se contaron 29 feminicidios, sin tomar en cuenta aquellos que fueron mal clasificados como muertes accidentales.

En una nota publicada el 22 de enero, el Colectivo Pericú señala que en los últimos meses de 2013 se presentaron 12 casos de feminicidios en La Paz y Los Cabos, principalmente, lo que mostraba la necesidad de tipificar este tipo de delitos.

El gobernador determinó no publicar las reformas en el Diario Oficial de la Federación y las regresó al Congreso para su revisión, al considerar que existían “deficiencias” en el rubro de las penalidades.

Se debe precisar que el feminicidio se caracteriza por el tipo de violencia ejercida por los hombres hacia las mujeres. De la misma manera en que se mata a una persona por raza, nacionalidad, religión u orientación sexual, se asesina por razón de género; esto es feminicidio. El sustento ideológico que justifica tal acción lo constituye el sexismo, productor de desigualdades en que las diferencias biológicas, entre las mujeres y los hombres se usan políticamente para avalar la superioridad de los hombres frente a las mujeres.

Un elemento importante son los actos violentos que pueden estar presentes en el feminicidio, es el uso excesivo de la fuerza física, es decir a causa de golpes, quemaduras, traumatismos, asfixia, mutilaciones, torturas, incineración, heridas punzo cortantes, lo que refleja la extrema violencia utilizada por parte de los victimarios para terminar con la vida de las mujeres. Otro tipo de agresiones que no se reflejan en la necropsia pero que están presentes en la violencia generada hacia las mujeres son los insultos, intimidación, acoso sexual, entre otras manifestaciones.

Este tipo de agresiones misóginas son importantes para establecer en la violencia que se encuentra en la exposición de los cuerpos de las mujeres asesinadas.

El tema de la tipificación del feminicidio cobró auge en BCS casi al finalizar 2013, cuando se hallaron muertas dos adolescentes, de 15 y 14 años, en sus domicilios, en Los Cabos.

Aunado a ello, ante el contexto de feminicidio y violencia sistemática contra las mujeres, diversos mecanismos internacionales de derechos humanos han recomendado al Estado mexicano, considerar al feminicidio como un delito, dentro del código penal federal y los códigos penales estatales, atendiendo a esta recomendación y debido al contexto político no se deben vetar o frenar diversas iniciativas para tipificar el feminicidio.

Justamente este tipo de acciones son un reflejo de cómo el país se debate entre un México que lucha por construir una cultura de equidad e igualdad y que por otro lado vive una práctica cotidiana de impunidad, altos índices de corrupción e inoperancia del Estado en la investigación de los asesinatos de mujeres, elevan el número de feminicidios.

Empero, en algunos estados la tipificación del feminicidio es considerada una forma para que los estados se eximan de sus responsabilidades en materia de protección a los derechos humanos de las mujeres, al tipificar con elementos subjetivos y de difícil acreditación, que no permiten investigar este tipo de asesinatos y volviendo invisible la problemática, y en específico el caso de Baja California Sur simplemente vetan una iniciativa que ayudaría sin duda alguna a erradicar un delito que ha cobrado auge en dicha entidad; de tal forma con base en lo antes expuesto presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor, a promulgar el decreto 2122, expedido el 28 de noviembre de 2013 por el Congreso del estado, mediante el cual se adicionó el artículo 265 Bis al Código Penal vigente, estableciendo en dicho numeral el delito de feminicidio.

Dado en la Cámara de Diputados, a 4 de febrero de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila.

Punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, asi como a la PGR a investigar la desaparición del Regidor Cleto Mendoza Vargas

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, ASI COMO LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A INVESTIGAR LA DESAPARICIÓN DEL REGIDOR CLETO MENDOZA VARGAS DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, ASI COMO LA DETENCIÓN DE LOS PRESUNTOS CULPABLES DE SU DESAPARICIÓN.

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 30 de Diciembre, “sujetos armados” levantaron al Regidor del Partido del Trabajo de Chilapa de Álvarez, Guerrero, Cleto Mendoza Vargas quien fue sustraído de su domicilio en la comunidad de Ayahualulco, y que hasta la fecha sigue desaparecido.

Antes de la desaparición del Regidor, la Procuraduría General de la República realizó el pasado 7 de octubre la detención del ex oficial mayor del ayuntamiento de Chilapa de Álvarez, Vicente Jiménez Aranda, quien fue trasladado al Centro Nacional de Arraigo en la Ciudad de México, donde enfrenta cargos por su probable participación y operación en el delito de secuestro agravado, además de presuntos nexos con el narcotráfico.

La Revista Proceso en su artículo de fecha 7 de enero en su edición electrónica revela que Jiménez Aranda es considerado como el brazo derecho del alcalde priista Francisco García González, “El Tepache”, quien constantemente ha sido vinculado con la banda delincuencial que opera impunemente en Chilapa, de Álvarez.

Al mismo tiempo se evidencia que en dicho municipio se vive una ola de violencia “donde la confrontación entre bandas delincuenciales no sólo está enfocada en dominar las rutas de trasiego de drogas, sino también hacerse del control político de la estratégica zona que conecta la región Centro y Montaña”.

La pugna, refieren los reportes, ha exhibido la relación entre delincuencia y políticos de esta emblemática zona del narcotráfico en la entidad; donde la violencia se ha recrudecido en la región rural de Chilapa, y donde los grupos delincuenciales han protagonizado enfrentamientos en los poblados de San Ángel, Ayahualulco y Samancingo, que han dejado un número indeterminado de muertos.

Cabe recalcar que en el reportaje de la Revista Proceso intitulado: “Guerrero: muchas armas listas para disparar”, se da a conocer la evidente red de complicidades entre autoridades locales y delincuenciales que provocó que la PGR haya integrado una averiguación previa en contra de al menos 15 alcaldes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la izquierda así como del Partido Acción Nacional (PAN) por presuntos nexos con la delincuencia organizada.

En el citado reportaje se hace mención que la desaparición del Regidor Cleto Mendoza se considera la respuesta del grupo delincuencial protegido por el PRI ante la detención del oficial mayor Jiménez Aranda.

La indiferencia gubernamental en el estado de Guerrero, mas los nexos que tienen las autoridades con la delincuencia organizada, han provocado que el Ejército tome el control de la seguridad, hecho por el cual los militares mantienen retenes en accesos y salidas de la cabecera municipal, la Montaña, Chilpancingo, Zitlala y Atzacoaloya, por la ola de violencia que azota en dichos municipios.

Es impostergable que las autoridades federales, estatales y municipales no se deslinden y tomen cartas en el asunto sobre el crecimiento importante de violencia relacionada con el crimen organizado, donde el narcotráfico se ha convertido en el principal motor de éste clima y criminalidad, que se vive en Chilapa de Álvarez.

Además el Estado debe garantizar la seguridad de las personas que habitan en las comunidades y regiones del estado de Guerrero, ya que sufren una violencia sistemática por parte de grupos criminales.

Derivado de lo anterior requerimos se dé la búsqueda exhaustiva del regidor Cleto Mendoza para que sea devuelto con vida, así mismo exigimos la detención de los presuntos responsables de tal hecho. Es por lo antes expuesto que presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, así como la Procuraduría General de la República a investigar la desaparición del Regidor Cleto Mendoza Vargas, y la detención de los presuntos culpables, de manera pronta.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 15 días del mes de diciembre de 2014.

Punto de Acuerdo para exhortar a la SEP a generar mayores alternativas para quienes no obtuvieron un lugar en Universidades Públicas

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL A GENERAR MAYORES ALTERNATIVAS PARA LAS PERSONAS QUE NO OBTUVIERON UN LUGAR EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS, TAL Y COMO PRETENDE SER EL PROGRAMA EMERGENTE DE MATRÍCULA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, EN COORDINACIÓN CON LAS MEJORES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL PAÍS.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila,  integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México la relación oferta-demanda de los espacios en las universidades públicas resulta una problemática que el gobierno mexicano ha sido incapaz de solventar de manera satisfactoria.

Tan sólo por citar un ejemplo, para el ciclo escolar 2013-2014, el noventa por ciento de quienes aplicaron el examen para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México fue rechazado, es decir de las 184 mil 152 personas, tan sólo 17 mil 616 obtuvieron un lugar en dicha institución de educación superior.

Este hecho constata el colapso educativo que se vive a nivel nacional, el cual no fue ni mínimamente contemplado por la contrarreforma aprobada el año pasado en la materia, lo cual refleja que la llamada reforma educativa es mediocre, incompleta y se circunscribe básicamente a lo laboral; no abordó, entre muchas otras cosas, la falta de opciones para miles de jóvenes que no encuentran alternativas de educación superior ni ataca la proliferación de las llamadas “escuelas patito” que sin contar con calidad y, a veces, sin el debido reconocimiento oficial, engañan a jóvenes y a sus familias que pagan por esos falsos estudios.

Por otro lado, el Estado mexicano ha faltado a lo estipulado en el artículo tercero constitucional, entre otras cosas en expresado en su fracción V:

Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la educación inicial y a la educación superior necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

De esta forma, cientos de jóvenes con grandes ánimos por continuar sus estudios, conformaron desde hace varios años, el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, mejor conocido como MAES, el cual ante su organización y eventual movilización consiguió un acuerdo con varias instituciones de educación superior para que se otorgarán más lugares para el ciclo escolar 2014-2015, lo cual es un primer paso para revertir la deuda en materia educativa a nivel superior; sin embargo debemos reconocer que con esto no se solucionará de raíz el problema educativo en México.

Si bien, se puso en marcha el Programa Emergente de Matrícula en la Educación Superior 2013-2014 (PROEMES), promovido por la Secretaría de Educación Pública para ofrecer una alternativa a quienes no pudieron ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México o a instituciones como el Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Autónoma de México; el cual busca “ofrecer alternativas de estudios universitarios a los aspirantes que participaron en los recientes procesos de admisión del área metropolitana del Distrito Federal y algunas instituciones del Estado de México, y que aún no se matriculan en alguna institución de educación superior”, éste necesita garantizar que los 36 mil 376 lugares disponibles (en ocho áreas del conocimiento) brinden una preparación acorde a la realidad que enfrenta el país y a las exigencias del contexto internacional, permitiendo que quienes egresen de dichas carreras tengan los elementos necesarios para hacer frente al mercado laboral tan competitivo.

Por otra parte, es necesario destinar más recursos a las universidades públicas, ya que en 2013 el presupuesto asignado fue de 103 mil 30 millones de pesos, el cual según el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Enrique Fernández Fassnacht, en una entrevista para el Periódico La Jornada, comentó que: “la disminución de recursos en términos reales se ha reflejado en el déficit de dos mil 200 millones de pesos para las universidades de los estados, lo cual ha impactado en los incrementos salariales de los trabajadores”.

En este sentido, cabe rescatar la información relativa a las y los jóvenes que no asisten a la escuela ni tienen empleo, ya que según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) México ocupa el tercer lugar a nivel mundial de los 34 países que conforman la organización; sólo tras Turquía e Israel.

Es así que en el informe Panorama de la educación 2013, realizado por la OCDE, se revela que en México el 24.7 por ciento de población de 15 a 29 años, conforman este sector y del número de mujeres jóvenes en este rango de edad el 37.8 por ciento se encuentra en tal situación, mientras que del número de hombres jóvenes sólo es el 11 por ciento.

De esta forma, reconocemos la importancia que tiene la educación sobre todo para las generaciones más jóvenes, es por ello que lo contemplado en el artículo tercero no puede ser letra muerta, seguiremos dando batalla ante los intereses excluyentes del Pacto por México, los cuales no benefician al país. La juventud es el sector más golpeado por el modelo económico y los mal llamados NINIS, jóvenes que ni estudian ni trabajan, son una terrible expresión del fracaso del gobierno mexicano en la materia y que en fechas recientes ha sido aprovechado por el crimen organizado al ser reclutados; es por ello que  presentamos a esta asamblea la siguiente proposición, con

 

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal a generar mayores alternativas para las personas que no obtuvieron un lugar en universidades públicas, tal y como pretende ser el Programa Emergente de Matrícula en la Educación Superior, en coordinación con las mejores Instituciones de Educación Superior del país.

Dado en el Senado de la República a los 28 días del mes de agosto de 2013.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

Punto de acuerdo para exhortar a la PGR a que investigue la desaparición de Linda Karent y David González

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE EN COORDINACIÓN CON LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO,  INVESTIGUEN Y ESCLAREZCAN CON PRONTITUD LA DESAPARICIÓN DE LINDA KARENT LÓPEZ ARIAS Y  DAVID GONZÁLEZ ARROYO.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila,  integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como función intrínseca del Estado y como mandato de origen constitucional, el gobierno mexicano está obligado a respetar, proteger, garantizar y promover el derecho a la integridad, a la libertad y a la seguridad de las personas.

Lo cierto es que desde 2006 el Estado mexicano no sólo ha sido incapaz de controlar a las poderosas organizaciones delictivas que operan en el país, sino que en el fallido combate contra el crimen organizado, miembros de las fuerzas de seguridad pública han incurrido en  graves violaciones de derechos humanos.

En febrero de 2013, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Lía Limón publicó extractos de una base de datos de personas registradas como desaparecidas en las procuradurías generales de justicia de los 32 estados y del Distrito Federal, así como en la Procuraduría General de la República entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012[1].

La información publicada, contiene el registro de 26 mil 121 personas desaparecidas, sin embargo, hay que señalar que dicho registro no sólo incluye personas a las que se presume se llevaron a la fuerza, sino también personas extraviadas o no localizadas, es decir, personas que quizá se hayan ausentado voluntariamente de sus hogares o que no recuerdan su identidad ni domicilio.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas tampoco contempla los casos de desapariciones forzadas documentados por organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, por ejemplo, Human Rights Watch ha documentado más de 140 casos desde 2007,  en las cuales participaron actores estatales en forma directa, o indirectamente mediante su colaboración o anuencia.[2]

Sin embargo, aunque el registro del Gobierno Federal  no ofrece un panorama terminado de los casos, sí confirma una constante sistemática de desapariciones forzadas, que las autoridades en distintos órdenes han pasado por alto y en donde no se adoptaron medidas pertinentes ni exhaustivas para buscar  el paradero de las víctimas o los hechos que condujeron a su desaparición.

El registro demuestra la lastimera metodología y la falta de  procedimientos claros para recabar datos fiables en la materia; estas deficiencias por parte de las autoridades encargadas de la política de seguridad pública, han socavado la naturaleza y dimensión de las desapariciones en el país, así como han velado la posibilidad de localizar e identificar a las víctimas. Ante dicho contexto, Human Rights Watch afirma:

“Durante los años en que el gobierno de Calderón ignoró el creciente problema de las desapariciones, el país no adoptó medidas serias para abordarlo. Esto dio lugar a la crisis más profunda en materia de desapariciones que se haya producido en América Latina en las últimas décadas. Si el gobierno de Peña Nieto repite esta estrategia fallida y no establece un plan integral y efectivo para investigar desapariciones ocurridas en el pasado y ayudar a prevenirlas en el futuro, los casos de desapariciones muy probablemente continuarán en ascenso. Y miles de familias de víctimas seguirán sumidas en la desesperación de no saber qué les sucedió a sus seres queridos.”[3]

Cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia el 1° de diciembre de 2012, prometió resolver la crisis de seguridad que ha desangrado al país y que hasta el momento,  ha costado la vida a cerca de 100,000 mexicanos a lo largo de los últimos años[4].

Sin embargo, ha iniciado el segundo semestre de su primer año de gobierno, y la estrategia de seguridad pública permanece desdibujada y no sólo eso, hasta el momento, no hay visos claros que indiquen un compromiso verdadero con la obligación irrenunciable de asegurar que se resuelvan y reparen las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas  tanto por funcionarios como por miembros del crimen organizado.

Y para muestra un botón de los miles de casos,  que no dejan duda sobre la magnitud sin precedentes de la actual ola de desapariciones.

El pasado 10 de agosto Linda Karent López Arias, trabajadora de la Secretaría de Educación Pública (SEP)  de 27 años y David González Arroyo, comerciante de 32 años de edad, presuntamente desaparecieron  en el trayecto de municipio de Arcelia, Guerrero hacia  el Distrito Federal.[5]

El lunes 12 de agosto Karent y David no se presentaron  a sus respectivos lugares de trabajo, por tanto los familiares de ambos procedieron de  inmediato a su búsqueda.

El martes 13 de agosto,  los familiares de Karent, levantaron la denuncia AYO/2606/2013 ante el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes de la  Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.

Posteriormente los familiares de González Arroyo notificaron  que éste tenía planeado dirigirse a Arcelia para luego trasladarse a Iguala, ambos municipios de Tierra Caliente en Guerrero, una de las regiones de alta incidencia delictiva en el país. Tras esta información, la familia de Karent se trasladó a Iguala, donde no había rastros de ninguno de los dos jóvenes.

El martes 20 de agosto, Nallely López Arias, hermana de la víctima,  levantó el reporte con número 8616 en la  Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos; no obstante aún no hay rastros que indiquen el paradero de la joven.

De acuerdo con el informe “Enfrentarse a una pesadilla: la desaparición de personas en México” de Amnistía Internacional,  los familiares que buscan a sus seres queridos hacen “recorridos dependencia tras dependencia”, donde se enfrentan a un “sinfín de organismos e instituciones –tales como: las corporaciones policíacas en  los tres ámbitos de gobierno; las Procuradurías especializadas en delincuencia organizada, ejército, fuerza naval, militares, tanto estatales y federales; Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos”[6] para intentar que las autoridades intervengan, y donde con frecuencia “no está claro quién tiene responsabilidad y autoridad,  los casos pasan de unas manos a otras, sin que haya un reconocimiento explícito de asegurar investigaciones oportunas y eficaces”[7]

Los esfuerzos infructuosos o inexistentes realizados por algunas autoridades para encontrar a las personas que fueron sustraídas, ahondan el sufrimiento de los familiares, por ello, nos unimos  a las exigencias de los familiares de las víctimas, para quienes no saber qué les sucedió a sus seres queridos les provoca una desesperación latente; por ello y por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos a esta asamblea la siguiente proposición, con

PUNTO DE ACUERDO

Primero.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero,  agilicen las investigaciones en torno a la desaparición de Linda Karent López Arias y  David González Arroyo.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a fin de ejercer la facultad de atracción referida en la fracción XXI del artículo 73 constitucional y el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales y atraiga la averiguación previa penal iniciada con motivo del caso de Linda Karent López Arias y  David González Arroyo, desaparecidos en días recientes.

Dado en el Senado de la República a los 28  días del mes de agosto de 2013.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA



[1], ‘Segob reporta 26 mil 121 personas “no localizadas” en México’, [en línea], Animal Político, 27 de Febrero de 2013, Dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2013/02/segob-reporta-26-mil-121-desaparecidos-en-mexico/

[2] Human Rights Watch, “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada”, [en línea], Febrero 2013, p. 1, Dirección URL: http://www.hrw.org/es

[3] Ibíd., p. 3.

[4] Amnesty International: “Enfrentarse a una pesadilla: la desaparición de personas en México” de Amnistía Internacional”, Amnesty International , junio de 2013, p. 2.

[5] La Jornada, “Desaparecen empleada de la SEP y acompañante en viaje a Guerrero”, [en línea], México, 18 de Agosto de 2013, Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/08/18/151816609-desaparecen-empleada-de-la-sep-y-acompanante-en-viaje-a-guerrero

[6] Amnesty International, Op. Cit.,  p. 13.

[7] Idem.

Iniciativa con proyecto de decreto que busca prevenir y erradicar la violencia en los estadios.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONALA FRACCIÓN IX RECORRIENDO LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 140 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONALA FRACCIÓN IX RECORRIENDO LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 140 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, al tenor del siguiente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En México, el deporte en sus múltiples y muy variadas manifestaciones en una de las actividades sociales con mayor arraigo y capacidad de movilización y convocatoria.

El deporte comoactividad física y mental, se ha convertido en una forma de entretenimiento para aquéllos que lo practican, siendo interesante y divertido para sus espectadores. Fomenta la incorporación masiva de la población a actividades recreativas que fortalecen el desarrollo social y humano fortalece la identidad regional y la cohesión social con los equipos deportivos que representan a una ciudad, región o institución.

En el ámbito escolar constituye un elemento fundamental dentro del sistema educativo al propiciar el desarrollo y fortaleza de ciertas capacidades y su práctica es importante en el mantenimiento y conservación  de la salud y disciplina.

En México sin lugar a dudas el deporte genera cierta identidad y pasión que puede desbordarsey que puede llegar a actos de violencia que se apoderan de los estadios, caso específico es el futbol soccer, donde el grado de pasión y choques de afición pueden resultar situaciones de agresividad manifiesta.

Hoy en día es posible sostener que el futbol, al igual que otros deportes de masas, despierta emocionesal confrontar equipos y aficiones de diversos países o regiones.

El problema de la violencia en los espectáculos deportivos en  México es un tema recurrente y un problema de alta complejidad, fuera y dentro de los estadios, que se traduce en actos violentos tales como golpes, riñas, apuñalamientos y actos de vandalismo.

Una medida preventiva extrema no deseable sería contar con una infraestructura que no permita la interacción entre equipos rivales a fin de evitar contingencias en los eventos deportivos que garanticen un sano entretenimiento y convivencia social, lo anterior significa un reto que sin duda países de primer mundo han abordado en sus agendas, tratando con ello de erradicar manifestaciones de violencia que ponen en riesgo la integridad de las personas que acuden a ellos.

El caso más sobresaliente es el de Inglaterra, donde aparece por primera vez la palabra Hooligan, haciendo referencia a Edward Hooligan protagonista de peleas en la capital inglesa caracterizado por su exagerada forma de consumir alcohol. Pero este tipo de violencia no es solo un fenómeno inglés sino que se ha extendido a otros países, como los ultras de Italia, las Torcidas Organizadas en Brasil y las Barras Bravas en Argentina.

A nivel Internacional el Consejo de Europa ha sido promotor de la firma y ratificación de un Convenio Internacional sobre violencia, seguridad e irrupción de espectadores con motivo de manifestaciones deportivas en especial el futbol soccer.

A nivel nacional, la tragedia emblemática fue la del estadio México 68, en un partido entre el equipo América y el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México que  desencadenó una serie de muertes trágicas en los túneles.  

ARGUMENTACIÓN

El argumento que define al futbol como un espejo de la sociedad tiene su raíz en sentimientos de identidad, pasión y euforia que en combinación con el alcohol pueden llegar a ser detonantes de la violencia.

Los mecanismos propuestos para disminuir los índices de violencia en espectáculos deportivos, especialmente en el futbol, se orientan a reducir el consumo del alcohol.

Cabe recalcar que no se trata de medidas represivas o arbitrarias, sino acciones encaminadas a que en los estadios de futbol, realmente se viva un espectáculo sin que ningún tipo de sustancia alcohólica incite a los espectadores,  a las porras o “barras bravas”.

También consideramos que unos de los factores que se deben atender es la disponibilidad de cerveza al interior de los estadios. Se propone la suspensión de la venta de la misma 30 minutos antes de finalizar los partidos, con esto se pretendedisminuir el porcentaje de personas en estado etílico durantey después de un evento deportivo que impactaran de manera considerable en la disminución de actos violentos.

Lo importancia de la presente iniciativa es visibilizar al futbol como  una de las principales actividades deportivas en México, y la que tiene un mayor número de seguidores, de ahí la importancia de implementar todas las medidas de seguridad y al mismo tiempo garantizarun ambiente familiar dentro de los estadios,a fin de incrementar la asistencia de niñas y niños.

Cabe recalcar que este deporte atrae a grandes masas,  al seguidor o aficionado no lo invita al autocontrol, destacando que no son ni el futbol o quienes lo practican los que incidenen el fanático para llevar a cabo actos violentos, la combinación del alcohol y del espectáculo en sí son los elementos que hacen más susceptible el cambio radical de estado de ánimo en función al desarrollo del partido y su resultado.  La intolerancia como conducta que incide de manera determinante en actos violentos, aunado al sentimiento de frustración, tristeza, impotencia, coraje hasta la ira, son un cúmulo de emociones que combinadas con alcohol,generan reacciones adversas e incluso negativas que estallan en violencia.

Por lo anterior es menester centrar la atención en medidas que permitan minimizar al máximo los riesgos, a través de un estudio multidisciplinario capaz de coordinar, integrar y hacer participes a todos los agentes que incurren en los eventos deportivos.

La ingesta de alcohol al interior de eventos deportivos ha dejado en los últimos años incidentes violentos,tal es el caso del encuentro disputado en la pasada temporada de la liga de futbol mexicana entre aficionados del equipo del Guadalajara contra el León, donde los aficionados del club de Guadalajara encendieron dos fogatas y lanzaron numerosas luces de bengala a la parte baja del lugar.

El portal electrónico sin embargo.mx ha documentado que la situación de violencia en los estadios de futbol ha provocado que la gente, poco a poco, se aleje de las canchas. Según datos de la Comisión del Deporte, en la década de los 70’s y los 80’s, el 90% de los asistentes a los eventos de futbol eran familias. Hoy, por el contrario, la violencia en aumento ha provocado que la asistencia familiar no llegue al 27 por ciento.

En este mismo sentido se debe fomentar la seguridad y prevenir situaciones de riesgo en los eventos deportivos así como contar con una cultura cívica que permita una mejor interacción y convivencia, permitirá una sociedad incluyente y tolerante.

Se propone fortalecer la regulación y los requisitos para la venta y consumo de alcohol en los estadios, así como establecer medidas para alcanzar este fin como es la disminución  de la  venta de  bebidas alcohólicas treinta minutos antes de que concluya el evento deportivo de que se trate.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto deDECRETO POR EL QUE SE REFORMAY ADICIONA LA FRACCIÓN LX RECORRIENDO LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 140 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE,al tenor de la siguiente.

Artículo Primero.Se reforma y adiciona lafracción lX recorriendo la subsecuente del artículo 140de la Ley General de Cultura Física y Deporte, al tenor de la siguiente.

Artículo 140. Lasatribuciones de dicha Comisión Especial además de las que se establezcan en el reglamento respectivo, serán:

l – Vlll

Xl. Suspender la venta de bebidas alcohólicas 30 minutos antes de finalizar los partidos del espectáculo deportivo, tratándose en específico de encuentros de futbolsoccer, a fin de  garantizar el orden y paz social durante y después de  dicho evento.

X. …

TRANSITORIO

PRIMERO.  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.De acuerdo a la entrada en vigor del presente decreto se homologarán las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos complementarios en la materia.

Dado en el Senado de la República, a los  10 días del mes de julio de 2013.

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